La Fiscalía de Bolivia ha pedido este viernes la prisión preventiva, por un periodo de seis meses, para el fiscal general, Roger Mariaca, así como para los magistrados Alberto Zeballos y Martín Irusta, arrestados esta semana en el marco de una investigación por narcotráfico.
El Ministerio Público ha presentado cargos formales contra los tres fiscales y contra el agente de Policía Rubén Aparicio por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, reclamando que sean enviados a los centros penitenciarios de San Pedro y Patacamaya, ambos situados en La Paz, capital administrativa del país.
El viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha informado de estas actuaciones durante una sesión en el Parlamento, después de que las fuerzas de seguridad hayan detenido a los cuatro señalados y a otras diez personas vinculadas a la misma causa.
También este viernes, el fiscal del departamento de La Paz, Luis Carlos Torrez, ha presentado su dimisión, tras el registro policial de las dependencias de la Fiscalía, que continúan acordonadas por los agentes.
Estos hechos se producen mientras Estados Unidos ha intensificado la presión sobre el fiscal general y otros altos y ex altos cargos bolivianos, a quienes ha vetado la entrada en su territorio y ha impuesto diversas sanciones.
En su comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos apunta directamente a Mariaca por “abusar de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.