La caída de los dos decretos de vivienda ha colocado el posible adelanto electoral en el centro de la legislatura de Pedro Sánchez. El 29 de noviembre aparece como una fecha posible para unas elecciones generales, pero la derrota en el Congreso no equivale a una convocatoria: el presidente debe decidir si intenta reconstruir una mayoría parlamentaria o devuelve la palabra a los ciudadanos.
La discusión atraviesa al Gobierno, al PSOE y a sus socios. Las informaciones recogidas por Demócrata durante la jornada muestran posiciones distintas: fuentes gubernamentales que contemplaban un adelanto ante el fracaso de los decretos, voces socialistas que consideran agotado el margen para seguir y una fuente de Moncloa que, antes de la votación, rebajaba las expectativas de un anuncio inmediato.
El resultado parlamentario convierte esas hipótesis en la siguiente pregunta política. Qué hará Sánchez y, sobre todo, cuándo.
Por qué se habla del 29 de noviembre
El domingo 29 de noviembre encaja en el calendario legal si el decreto de disolución y convocatoria se expide el lunes 5 de octubre y se publica en el BOE el martes 6. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que las elecciones se celebran el quincuagésimo cuarto día posterior a la convocatoria.
Como ha explicado Demócrata en su información sobre cuándo tendría que convocar Sánchez para votar el 29 de noviembre, la clave es completar los pasos formales en ese calendario. Una declaración política sobre el adelanto no sustituye al decreto ni a su publicación.
Qué trasladaba Moncloa antes de la votación
Durante la mañana, una fuente de Presidencia trasladó a Demócrata que no preveía un anuncio electoral este viernes ni durante el fin de semana. Situaba la atención inmediata en la vivienda, en lo que sucediera en el Congreso y en las movilizaciones.
El lunes figura además una cita institucional: la inauguración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar. La existencia de un acto en la agenda no impide adoptar otra decisión política durante la jornada, pero tampoco aporta una señal de que vaya a producirse un anuncio.
La presión para convocar también alcanza al PSOE
En el ámbito socialista, una fuente consultada por Demócrata considera que la dificultad para reunir apoyos, aprobar Presupuestos y sacar adelante las principales iniciativas reduce cada vez más el margen para prolongar la legislatura.
La discusión ya cuenta también con pronunciamientos públicos. El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, había defendido acudir a las urnas si los decretos no prosperaban. Emiliano García-Page ha advertido del riesgo para la credibilidad de pedir a los afectados que esperen sin una respuesta, según recoge la Cadena SER.
Por lado, otros medios como El País ha informado de posiciones favorables a las elecciones entre dirigentes socialistas y ministros, pero también de que Sánchez quiere tomarse tiempo para decidir. La existencia de presión interna no acredita que el presidente haya asumido esa salida ni que haya fijado una fecha.
Díaz guarda discreción; Podemos pide soluciones
Yolanda Díaz ha reconocido en la SER haber hablado con Sánchez sobre el posible adelanto, sin revelar el contenido de la conversación. «He hablado con el presidente y voy a mantener mi absoluta discreción», ha señalado. La vicepresidenta ha recordado que la decisión corresponde al jefe del Ejecutivo.
Pablo Bustinduy, por su parte, ha anticipado que las próximas elecciones serán «un referéndum sobre la vivienda» y ha defendido que la izquierda debe estar preparada para cualquier escenario. Esa disposición no supone anunciar una convocatoria.
Podemos ha marcado una distancia más clara. Ione Belarra ha reclamado «soluciones y no elecciones», cuestionando que una convocatoria sea la respuesta que esperan quienes se movilizan por su vivienda.
El PP y Coalición Canaria reclaman las urnas
Desde el PP, Borja Sémper y Ester Muñoz han pedido elecciones. La portavoz parlamentaria había presentado la votación como una «cuestión de confianza encubierta», una interpretación política con la que los populares cuestionan la capacidad del Gobierno para continuar.
Cristina Valido, de Coalición Canaria, también había reclamado disolver las Cortes si caía el primer decreto, al que su formación daba apoyo. Su argumento era que no tiene sentido prolongar una legislatura incapaz de alcanzar acuerdos mínimos sobre los problemas cotidianos.
Junts ha defendido otra respuesta al desacuerdo: presentar una propuesta propia y negociar un nuevo texto. Esa alternativa no garantiza un pacto, pero muestra que su rechazo a los decretos y la convocatoria de elecciones son decisiones diferentes.
Cómo llegan los partidos en las encuestas
El promedio de encuestas dibuja un escenario difícil para Sánchez ante un posible adelanto electoral. La media ponderada actualizada el 2 de octubre, sitúa al PP en el 32,4% de los votos, al PSOE en el 26,2% y a Vox en el 18,2%.
Los populares aventajan a los socialistas en 6,2 puntos y, junto a la formación de Santiago Abascal, reúnen el 50,6% del voto estimado. Esa suma refuerza las expectativas de una alternativa de derechas, aunque no se traduce automáticamente en un número concreto de escaños. La incógnita es cuánto podría alterar esa fotografía una campaña centrada en la vivienda: el promedio todavía no permite medir la reacción electoral a la votación de los decretos.