El Gobierno del estado nigeriano de Níger ha impuesto este viernes un toque de queda de 24 horas en la capital, Minna, después de la muerte de 37 mineros que se encontraban bajo custodia. El suceso ha desencadenado protestas de sus familiares y ha llevado a la suspensión del jefe del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria (NSCDC) en el estado, Suberu Siyaka Aniviye.
El anuncio lo ha realizado el gobernador, Mohamed Umaro Bago, en una rueda de prensa difundida por el portal de noticias The Premium Times, en la que también ha ordenado paralizar toda actividad minera en el estado “hasta nuevo aviso”.
Según ha explicado, estas decisiones pretenden garantizar el orden público en el estado y responder a las tensiones generadas por la muerte de los 37 mineros, a la que se ha referido como “trágicas e inaceptables”. A raíz de la situación, el gobernador se ha visto obligado a cancelar un mitin que tenía previsto celebrar este sábado.
Las protestas arrancaron el jueves en Minna, cuando los familiares de los fallecidos reclamaron explicaciones sobre lo ocurrido. La Policía intervino utilizando gases lacrimógenos con el objetivo de dispersar a los concentrados.
Paralelamente, las autoridades han apartado temporalmente de su cargo al responsable del NSCDC en el estado y han ordenado la apertura de una investigación oficial para esclarecer las circunstancias y depurar responsabilidades por los hechos, sucedidos en la madrugada del jueves.
Por el momento no se han determinado las causas exactas de la muerte de los detenidos, arrestados por supuesta minería ilegal durante operativos realizados los días 15 y 16 de septiembre. No obstante, el gobernador ha señalado que se estudian como posibles factores la asfixia por hacinamiento en las instalaciones de detención y la exposición a sustancias tóxicas vinculadas a la actividad minera.
El presidente del país, Bola Tinubu, también se ha pronunciado sobre lo ocurrido y ha subrayado que su Gobierno “no tolerará muertes masivas derivadas de negligencia oficial, incumplimiento del deber o fallo de los funcionarios públicos a la hora de proteger las vidas puestas bajo su cuidado”.