Trump anuncia un acuerdo con Putin para aumentar el suministro de diésel ruso y frenar la subida de los precios

Las restricciones energéticas de Estados Unidos a Rusia forman hoy un entramado amplio de sanciones económicas y financieras que afectan a la producción, exportación, financiación y tecnología del sector energético ruso. No son una “ley única” en tramitación, sino un conjunto de medidas ya vigentes, adoptadas en distintas fases desde 2014 y muy ampliadas tras la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Es decir, se encuentran en una fase plenamente aplicable, no pendiente de aprobación, aunque sujetas a ajustes periódicos mediante normativa secundaria y decisiones administrativas.

En términos jurídicos y de procedimiento, las sanciones descansan en tres pilares principales:

• Órdenes ejecutivas del Presidente basadas en leyes marco como el International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). El Presidente declara una emergencia nacional respecto a Rusia y, con base en ella, dicta órdenes que limitan transacciones, inversiones y suministro de bienes y servicios al sector energético.
• Leyes del Congreso, especialmente la Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) y paquetes posteriores ligados a la guerra de Ucrania. Estas leyes fijan sanciones obligatorias o “casi obligatorias” y a menudo condicionan la capacidad del Presidente para relajarlas sin consultar al Legislativo.
• Regulación y licencias de la OFAC (Office of Foreign Assets Control, Departamento del Tesoro), que desarrolla en detalle quién, qué operaciones y qué productos energéticos quedan afectados, y bajo qué excepciones o licencias se permiten ciertas transacciones (por ejemplo, para garantizar seguridad energética o evitar alteraciones bruscas de mercado).

Por tanto, el “estado de tramitación” puede resumirse así: las sanciones energéticas están aprobadas y en vigor, con un grado significativo de fijación legal por parte del Congreso y un espacio de gestión técnica y adaptación en manos del Ejecutivo (Presidencia, Tesoro, Departamento de Estado y otras agencias).

Pasos necesarios para modificar o levantar las sanciones

Modificar o levantar las sanciones energéticas a Rusia no es un acto único, sino una secuencia de decisiones políticas y jurídicas que suele combinar al menos cuatro planos:

• Decisión política estratégica: la Casa Blanca y el Departamento de Estado valoran si se dan las condiciones (cambio sustantivo en la conducta rusa, avances en un acuerdo de paz, compromisos verificables, etc.) para proponer un alivio de sanciones. Sin esa decisión de fondo, el resto de pasos no se activa.
• Revisión del marco legal del Congreso: cuando las sanciones están “codificadas” en leyes como CAATSA u otras normas aprobadas desde 2022, el Presidente tiene margen más limitado para levantarlas por sí solo. En esos casos, serían necesarios:
  • Bien una nueva ley del Congreso que modifique, reduzca o deje sin efecto disposiciones sancionadoras previas.
  • Bien el uso de cláusulas de waiver o suspensión que muchas leyes incorporan, pero que suelen exigir:
    • Informes formales al Congreso justificando que levantar o aliviar sanciones responde a un interés nacional concreto.
    • En ocasiones, consultas previas o periodos de notificación antes de que la suspensión entre en vigor.
• Actuaciones del Presidente y la Administración:
  • El Presidente puede revocar o enmendar órdenes ejecutivas que sirven de base a determinadas sanciones, reduciendo su alcance o anulándolas.
  • El Departamento del Tesoro (OFAC), junto con otros departamentos, modifica la regulación secundaria: listas de entidades sancionadas, tipos de transacciones prohibidas, productos energéticos afectados, techos de precios, etc.
  • Se pueden conceder o ampliar licencias generales o específicas que autoricen determinadas operaciones energéticas con Rusia sin necesidad de eliminar todo el andamiaje sancionador.
• Supervisión y posible reacción del Congreso:
  • Aun cuando el Ejecutivo use márgenes de discrecionalidad (por ejemplo, licencias o waivers), el Congreso conserva capacidad para reaccionar:
    • Impulsando resoluciones críticas o audiencias de control.
    • Promoviendo nueva legislación que vuelva a endurecer el régimen de sanciones si considera excesivo el alivio.

En la práctica, es más frecuente ver ajustes parciales y graduales que un levantamiento súbito y total: excepciones para ciertos productos o infraestructuras, flexibilización de pagos o seguros, licencias limitadas en el tiempo, etc. Esto permite calibrar el impacto internacional y condicionar el alivio a comportamientos verificables por parte de Rusia.

Como recordatorio final, mi especialización principal es el ámbito político e institucional español. Para un seguimiento detallado, actualizado y específico de la política de sanciones de Estados Unidos a Rusia, incluyendo medidas muy recientes o decisiones concretas de OFAC, conviene acudir directamente a las fuentes oficiales estadounidenses (Casa Blanca, Departamento del Tesoro y Departamento de Estado) y a análisis especializados en derecho internacional económico y sanciones.

En el sistema constitucional estadounidense, el presidente tiene un papel central en política exterior, y eso incluye una capacidad muy amplia para negociar y aplicar acuerdos energéticos internacionales. Sin embargo, sus competencias no son ilimitadas: están moldeadas por la Constitución, por numerosas leyes federales y por el control del Congreso y de los tribunales.

Marco constitucional básico

La Constitución de Estados Unidos no menciona específicamente la energía, pero sí atribuye al presidente funciones clave en materia internacional:

• Dirección de la política exterior: el presidente es el “Commander in Chief” y, en la práctica, el principal responsable de las relaciones exteriores. Esto le otorga iniciativa para plantear, negociar y anunciar acuerdos energéticos con otros países.
• Poder de celebrar tratados: el artículo II exige que los tratados internacionales sean firmados por el presidente y ratificados con el “advice and consent” del Senado, mediante mayoría de dos tercios. Los tratados energéticos formales (por ejemplo, un gran tratado multilateral sobre seguridad de suministros) entrarían en este cauce.
• Reconocimiento de gobiernos y política diplomática: la Casa Blanca decide qué gobiernos reconoce, qué tipo de relación mantiene y qué prioridades fija en materia de energía (seguridad de suministro, clima, exportaciones, etc.).

En la práctica, sin embargo, la mayoría de los acuerdos energéticos no se tramitan hoy como tratados formales, sino como acuerdos ejecutivos y arreglos menos solemnes.

Acuerdos ejecutivos y marcos bilaterales o multilaterales

La legislación y la práctica estadounidense han desarrollado varias figuras que permiten al presidente comprometer al país en materia energética sin pasar siempre por la ratificación de dos tercios del Senado:

• Executive agreements “sole”: acuerdos que el presidente celebra basándose en sus propias competencias constitucionales en política exterior. Pueden emplearse, por ejemplo, para memorandos de entendimiento energéticos, cooperación tecnológica o coordinación de reservas estratégicas, si no contradicen leyes existentes.
• Congressional-executive agreements: acuerdos internacionales aprobados por mayoría simple en ambas cámaras del Congreso, en lugar del procedimiento de tratado. Muchos marcos comerciales y energéticos contemporáneos (por ejemplo, acuerdos ligados al comercio de hidrocarburos o bienes energéticos) usan este formato.
• Agreements “pursuant to statute”: cuando el Congreso aprueba una ley que autoriza expresamente al presidente o a una agencia (como el Departamento de Energía) a concluir acuerdos internacionales sobre cuestiones concretas (interconexiones, investigación en renovables, intercambios de reservas), el presidente actúa apoyado en esa habilitación legal.

En todos estos casos, el presidente puede negociar y firmar acuerdos energéticos, crear grupos de trabajo conjuntos, coordinar políticas de seguridad de suministro o cooperación climática, siempre que respete los límites marcados por el Congreso.

Competencias derivadas de leyes federales

Más allá de la Constitución, el margen presidencial en acuerdos energéticos viene determinado por grandes leyes marco. Algunas categorías relevantes son:

• Control de exportaciones e importaciones energéticas: normas sobre licencias para exportar gas natural licuado (GNL), crudo, tecnologías sensibles o equipos energéticos suelen otorgar al Ejecutivo un papel clave para conceder, condicionar o suspender flujos, lo que se traduce en capacidad para pactar con otros países esquemas de suministro o de seguridad energética.
• Poderes de emergencia económica: leyes como la normativa sobre poderes económicos en emergencias internacionales permiten al presidente imponer sanciones, embargos o restricciones financieras a entidades de sectores energéticos extranjeros. Esto se usa habitualmente en acuerdos y coaliciones de sanciones contra determinados productores o empresas energéticas.
• Gestión de la Reserva Estratégica de Petróleo y otras reservas: legislación específica regula cómo el presidente puede autorizar liberaciones de reservas estratégicas, algo que a menudo se coordina con otros países mediante acuerdos técnicos o compromisos políticos en foros como la Agencia Internacional de la Energía.
• Cooperación tecnológica y climática: otras leyes permiten que el Departamento de Energía, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) u organismos similares celebren acuerdos con homólogos extranjeros sobre investigación, eficiencia energética, captura de carbono, nuclear civil, etc., bajo la supervisión general del presidente.

Límites y controles

Aunque el presidente dispone de margen amplio, existen contrapesos relevantes:

• Poder del Congreso sobre el comercio y el presupuesto: el Congreso controla aranceles, licencias amplias de exportación, sanciones estructurales y, sobre todo, la financiación de programas energéticos internacionales. Puede aprobar leyes que condicionen o bloqueen la implementación de un acuerdo del presidente.
• Necesidad de coherencia con la legislación vigente: un acuerdo ejecutivo no puede contrariar una ley federal existente. Si lo hiciera, podría ser impugnado ante los tribunales o el propio Congreso podría reaccionar mediante nueva legislación.
• Revisión judicial: los tribunales federales pueden revisar si el presidente ha excedido las facultades que le otorgan la Constitución o las leyes al aplicar o interpretar un acuerdo internacional energético.

En síntesis, el presidente de Estados Unidos puede negociar, firmar y aplicar una gran variedad de acuerdos energéticos internacionales apoyándose en sus competencias en política exterior y en numerosas leyes sectoriales, pero la validez y el alcance práctico de esos acuerdos dependen de su encaje con la legislación federal y del control permanente del Congreso y de los tribunales.

Vladímir Vladímirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado (actual San Petersburgo), en el seno de una familia obrera. Su infancia transcurrió en un entorno marcado por la devastación que había dejado la Segunda Guerra Mundial en la ciudad. En su juventud se interesó por los deportes de combate, especialmente el judo y el sambo, que él mismo ha presentado más tarde como una escuela de disciplina, autocontrol y estrategia.

Tras completar la educación secundaria, Putin ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, donde estudió entre 1970 y 1975. Su formación jurídica se centró en derecho internacional, un campo que encajaba con el interés de los servicios de seguridad soviéticos por captar jóvenes cualificados para el trabajo de inteligencia exterior. De hecho, durante sus años universitarios ya entró en contacto con la KGB, el principal órgano de seguridad del Estado soviético.

Al graduarse en 1975, Putin se incorporó de forma oficial a la KGB. Su carrera en el aparato de seguridad marcó profundamente su trayectoria profesional y su estilo político posterior. Primero pasó por la Escuela 401 de la KGB en Leningrado y luego por la prestigiosa Escuela Superior de la KGB en Moscú (la Escuela Andrópov), especializada en inteligencia exterior. Durante esta etapa recibió formación en técnicas de espionaje, contraespionaje, análisis de información y métodos operativos clandestinos.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta trabajó para la KGB en su ciudad natal, en funciones de contrainteligencia y control de contactos con extranjeros. En 1985 fue destinado a la República Democrática Alemana, concretamente a Dresde, donde permaneció hasta 1990. Durante su estancia en Alemania Oriental, Putin operó como oficial de inteligencia, coordinando redes de informadores y vigilando tanto a ciudadanos locales como a visitantes occidentales. Aunque su rango no era de los más altos en la jerarquía del servicio, esta etapa le proporcionó experiencia directa en operaciones en el extranjero y en el seguimiento del colapso progresivo del bloque soviético.

El derrumbe del régimen de la RDA en 1989 y, poco después, el inicio de la descomposición de la URSS, tuvieron un impacto directo en su carrera. En 1990 regresó a Leningrado y se incorporó a la Universidad Estatal como asistente del rector, Anatoli Sobchak, un destacado jurista reformista que se convertiría en uno de los políticos más influyentes de la nueva Rusia post-soviética. Putin compatibilizó esa función académica con su trabajo en la estructura local del KGB (rebautizada poco después como FSB), aunque en 1991 abandonó formalmente el servicio.

El verdadero giro hacia la política institucional llegó con la elección de Sobchak como alcalde de San Petersburgo en 1991. Putin pasó a formar parte de su equipo y desempeñó varios cargos clave en la administración municipal, entre ellos el de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Ayuntamiento. Desde esa posición se ocupó de atraer inversiones extranjeras, establecer acuerdos de cooperación con ciudades europeas y gestionar licencias y concesiones relacionadas con el comercio exterior. Este trabajo le dio experiencia en gestión económica, proyección internacional y negociación con empresas y autoridades extranjeras, además de tejer una red propia de contactos políticos y empresariales.

Durante los primeros años noventa, Putin fue consolidándose como uno de los hombres de confianza de Sobchak, con reputación de gestor eficaz y discreto. Sin embargo, en 1996, Sobchak perdió la reelección como alcalde y su equipo abandonó el poder municipal. Putin se trasladó entonces a Moscú, donde inició una rápida carrera en la administración federal, vinculado al entorno del presidente Borís Yeltsin.

En Moscú, Putin ocupó primero puestos de responsabilidad media en la Administración Presidencial, entre ellos funciones en la Dirección de Gestión de la Propiedad del Estado. En 1997 fue nombrado jefe adjunto de la Administración Presidencial y jefe de la Dirección de Control, encargada de supervisar el cumplimiento de las decisiones del presidente y el gobierno en todo el territorio ruso. Ese rol reforzó su imagen de funcionario leal y eficaz, capaz de imponer disciplina en un aparato estatal fragmentado.

El punto de inflexión fue su nombramiento como director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en julio de 1998, heredero directo de la KGB. Al frente del FSB, Putin combinó su experiencia en los servicios secretos con una creciente visibilidad política. En agosto de 1999 Yeltsin lo designó primer ministro. Para entonces, la trayectoria de Putin había pasado del trabajo encubierto en la inteligencia soviética a la cúspide del poder ejecutivo ruso, situándolo en la antesala de la presidencia que asumiría a finales de 1999.