El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente reclamó este martes ante la comunidad internacional que asuma como una “responsabilidad compartida” la protección del estrecho de Bab el Mandeb y que evite que este enclave estratégico para el comercio mundial se transforme en una “carta de chantaje de un grupo terrorista”, en referencia directa a los rebeldes hutíes.
El embajador yemení ante Naciones Unidas, Abdulá Alí Fadhel al Saadi, lanzó este mensaje durante una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad, convocada tras la reciente toma por parte de la insurgencia hutí de la costa yemení del mar Rojo, fruto de una ofensiva iniciada a comienzos de septiembre.
Al Saadi subrayó que Bab el Mandeb “es territorio y aguas de Yemen, pero los intereses que protege trascienden sus fronteras y afectan a todos los países del planeta”. Añadió que “cada barco que cruza este estrecho, cada envío --incluidos los de energía-- y cada cadena de suministro que depende de él hacen que su seguridad forme parte de la seguridad económica de países situados a miles de kilómetros de Yemen”.
El representante yemení incidió en que las fuerzas que hoy combaten a los hutíes no solo cumplen con su “deber nacional”, sino que se encuentran “en la primera línea de defensa de un corredor internacional del que dependen los intereses de todo el mundo”.
En su intervención, alertó al Consejo de Seguridad de las consecuencias de dejar en solitario a Yemen frente a la protección de Bab el Mandeb. Planteó “la cuestión” de si la comunidad internacional “reconocerá que proteger este interés es una responsabilidad compartida o si dejará a los yemeníes solos para asumir el coste de proteger un corredor que todos necesitan (...) Si aceptará que una de las vías de paso más importantes del mundo para el comercio y la energía se convierta en una herramienta de chantaje en manos de un grupo terrorista transnacional”.
Al Saadi reclamó al Consejo “más que una simple condena” a la ofensiva hutí, que deja ya más de medio millar de muertos y 100.000 desplazados, según las cifras difundidas este mismo martes por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En su lugar, propuso “construir un sistema de disuasión que impida que las milicias conviertan el territorio yemení en una plataforma abierta de amenazas que ponga en peligro a la región y al mundo”.
El diplomático detalló que este enfoque debe articularse “mediante la aplicación efectiva del embargo de armas, poniendo fin a las redes de financiación y contrabando, impidiendo el flujo de personal militar, tecnología y conocimientos especializados, y fortaleciendo las capacidades del Estado yemení y sus socios para proteger las costas, los puertos, las aguas territoriales y los corredores marítimos”.
En el terreno, los hutíes han lanzado una ofensiva en áreas de las provincias de Taiz y Hodeida y, desde entonces, han logrado avances significativos, entre ellos la captura de la ciudad de Moca y de zonas próximas al estrecho de Bab el Mandeb. Este giro supone un duro revés para las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, apoyadas por Arabia Saudí.
Estos progresos han ampliado la capacidad de los rebeldes para influir en el tráfico marítimo a través de Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, un corredor cuya relevancia se ha incrementado tras las alteraciones al tránsito en el estrecho de Ormuz a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El deterioro de la situación sobre el terreno amenaza con hacer saltar por los aires la tregua pactada en 2022, después de años de conflicto y pese a los esfuerzos de mediación de Naciones Unidas para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra iniciada en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis más graves a escala internacional.