Esquerra Republicana ha aprovechado la tramitación en el Congreso de la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión promovida por Sumar para registrar una batería de enmiendas. Entre ellas, propone sancionar con falta grave a los agentes que retiren de forma injustificada banderas esteladas “u otros símbolos políticos protegidos” y plantea además la supresión de la Audiencia Nacional.
Según ha detallado el partido en una nota de prensa, ERC plantea retocar el régimen disciplinario de la Policía Nacional para que se considere falta grave “la retirada, ocultación, inutilización, destrucción o impedimento injustificado” de la exhibición de símbolos, enseñas, banderas, pancartas u otras manifestaciones de carácter político, ideológico, cultural o identitario amparadas por la libertad de expresión.
En la exposición de motivos de esta enmienda, los republicanos aluden de forma expresa a la estelada independentista y rememoran la retirada de estas banderas a seguidores del FC Barcelona antes del encuentro frente al Elche del pasado 23 de agosto. A su juicio, este símbolo político no tiene restringida su presencia en los estadios y, por ello, propone que estas actuaciones se incluyan de forma explícita en el listado de infracciones graves de la Policía Nacional.
El grupo de Gabriel Rufián retoma igualmente su histórica demanda de eliminar la Audiencia Nacional y repartir los asuntos que ahora lleva este órgano entre los juzgados y tribunales competentes según las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, insta al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a poner en marcha las medidas necesarias para hacer efectiva esa desaparición.
ERC plantea también retocar el artículo 510.1 del Código Penal para reforzar la protección frente a los discursos de odio, incluyendo de forma expresa a personas y colectivos vinculados con la Guerra Civil y la dictadura franquista y concretando mejor las conductas y supuestos de incitación.
Más independencia judicial
Las enmiendas incorporan igualmente la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, con sede en Barcelona y configurado como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ERC quiere otorgarle competencias sobre el gobierno judicial en el ámbito territorial, así como sobre nombramientos, formación, inspección, disciplina, organización y planta judicial.
Este órgano estaría compuesto por siete integrantes y podría, entre otras atribuciones, proponer una terna para elegir al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, participar en la selección y formación de jueces destinados en la comunidad y ejercer funciones disciplinarias e inspectoras. Sus resoluciones serían recurribles ante el CGPJ, salvo aquellas dictadas en el marco de competencias autonómicas.
En el terreno de la independencia judicial, Esquerra sugiere incorporar como causa de abstención o recusación que un juez o magistrado haya expresado públicamente, invocando su condición, su acuerdo o desacuerdo con actuaciones de autoridades, partidos, sindicatos u otras entidades que sean parte en un procedimiento, cuando ello pueda poner en cuestión su independencia o la apariencia de imparcialidad.
Más protección para alertadores de corrupción
Los republicanos también persiguen que se declaren nulos de pleno derecho los actos de represalia contra quienes denuncien casos de corrupción, garantizando que la persona afectada recupere su puesto de trabajo o uno equivalente, sin merma de salario ni antigüedad.
Asimismo, pretenden permitir que se suspendan las resoluciones dictadas contra alertadores con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva norma y, en los casos en que las sanciones hayan sido impuestas por vía judicial, que se promueva el correspondiente procedimiento de revisión.
Por último, ERC propone cambios en el Código Civil y en la normativa del Registro Civil para ampliar el elenco de autoridades facultadas para intervenir en la tramitación y celebración de matrimonios civiles, incorporando a jueces de paz, letrados de la Administración de Justicia, notarios y personal funcionario.