El fallo está fechado el 19 de agosto, por lo que el plazo podría haber vencido ya; sin embargo, la fecha exacta en que Defensa recibió formalmente la resolución no figura en la documentación pública consultada y no permite hablar todavía de incumplimiento.
El Español adelantó este sábado la existencia y contenido del expediente.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó una reclamación contra Defensa y le ordenó facilitar información sobre los denominados Fenómenos Anómalos No Identificados, FANI, la denominación que ha sustituido en la documentación oficial al tradicional término OVNI.
La resolución R CTBG 0867/2026 aparece oficialmente entre las resoluciones estimadas por el Consejo durante agosto y tiene como destinatario al Ministerio de Defensa. El propio organismo resume el asunto con tres palabras clave: defensa, FANI e información, y deja constancia de que el origen de la reclamación estuvo en el silencio de la Administración.
La resolución establece que Defensa debe proporcionar la información en un plazo máximo de diez días hábiles.
Han pasado más de tres semanas desde entonces.
Si Defensa recibió la notificación ese mismo día o en fechas inmediatamente posteriores, los diez días hábiles habrían terminado ya a comienzos de septiembre.
Por ejemplo, si la notificación se hubiera producido el 19 de agosto, el plazo habría concluido aproximadamente el 2 de septiembre, descontando sábados y domingos.
Pero jurídicamente el reloj no comienza a correr necesariamente el día en que se firma una resolución.
Comienza cuando se notifica al organismo obligado.
Y la fecha exacta en que el Ministerio recibió formalmente la R CTBG 0867/2026 no aparece en la información pública que ha podido consultar Demócrata.
Ese detalle impide afirmar, a día de hoy, que Defensa haya incumplido.
Sí permite señalar que, salvo una notificación considerablemente posterior a la firma, el plazo debería estar ya vencido.
Tampoco consta públicamente que Defensa haya entregado la documentación
Qué quiere saber exactamente Transparencia sobre los OVNIs
La petición que originó el expediente va bastante más allá de consultar viejos avistamientos.
El ciudadano pidió saber qué documentación, informes técnicos, expedientes administrativos e investigaciones conserva actualmente el Estado sobre los denominados Fenómenos Anómalos No Identificados.
La solicitud apunta especialmente al Ministerio de Defensa y al Ejército del Aire y del Espacio.
También pretende conocer si existen otros organismos de la Administración General del Estado que custodien documentación semejante.
Y plantea una tercera cuestión especialmente sensible: cuál es el estado de clasificación de esos documentos.
Es decir, qué material sigue siendo secreto o reservado.
La pregunta más interesante: si España conserva nuevos expedientes
España ya hizo pública una parte considerable de sus archivos históricos.
El llamado Expediente OVNI comenzó a desclasificarse en 1991 y actualmente puede consultarse a través de la Biblioteca Virtual de Defensa.
La colección reúne 80 expedientes y alrededor de 1.900 páginas de documentación relacionada con avistamientos registrados en el espacio aéreo español.
Los archivos públicos abarcan fenómenos comprendidos entre 1962 y 1995.
La nueva reclamación apunta precisamente al vacío que queda después.
Han pasado más de treinta años.
La pregunta es si Defensa ha seguido registrando, investigando o documentando fenómenos aéreos que no pudo identificar inicialmente.
La resolución no dice que esos archivos existan.
Obliga al Ministerio a decir si existen.
De San Javier a Morón: lo que España sí hizo público
Los expedientes históricos comienzan con un caso ocurrido en San Javier, Murcia, en 1962.
La serie pública termina en 1995 con documentación relativa a Morón, Sevilla.
Entre ambos extremos aparecen informes militares, testimonios de pilotos y ciudadanos, croquis, investigaciones y comunicaciones internas.
La desclasificación no significó que Defensa considerara extraterrestres esos fenómenos.
Un OVNI era, literalmente, un objeto volante que no había podido identificarse inicialmente.
Muchos expedientes acabaron teniendo explicaciones convencionales.
Otros simplemente conservaron la descripción del fenómeno observado con la información disponible en aquel momento.
Transparencia quiere saber también qué sigue clasificado
La petición contiene otra capa.
No basta con identificar los expedientes.
El ciudadano pide conocer el estado administrativo de cada documento y, en aquellos casos sometidos a clasificación, el grado de protección aplicado.
También solicita conocer cuándo se clasificaron y qué organismo tomó la decisión.
Y añade otra pregunta especialmente actual: si Defensa tiene previsto revisar ese material para estudiar una futura desclasificación.
Por eso la eventual respuesta del Ministerio puede ser más interesante que una simple lista de avistamientos.
Puede ofrecer una primera fotografía de qué parte del archivo español sobre FANI continúa cerrada al público.
Defensa no respondió inicialmente al ciudadano
El expediente nació precisamente porque el Ministerio no contestó a la solicitud de acceso.
La petición fue presentada en marzo.
Ante la ausencia de respuesta, el ciudadano acudió al Consejo de Transparencia.
El Consejo abrió entonces el procedimiento y acabó estimando su reclamación.
En su listado oficial, el CTBG sigue identificando la resolución 0867/2026 con la palabra “silencio”, referencia al comportamiento administrativo que dio origen al procedimiento.
Eso no debe confundirse con el estado actual de cumplimiento.
Que la resolución aparezca etiquetada como “silencio” significa que Defensa no contestó en la fase inicial.
Defensa puede invocar límites relacionados con la seguridad nacional, la defensa o la protección de información clasificada.
Eso no significa que pueda guardar silencio.
Si considera que determinados documentos no deben hacerse públicos, tendrá que justificarlo conforme a la legislación de transparencia y secretos oficiales.
También puede existir una solución intermedia.
Un documento puede contener partes cuya divulgación sea sensible y otras que sí puedan entregarse.
El principio general en materia de transparencia permite valorar el acceso parcial cuando no sea necesario proteger la totalidad del contenido.os porque pueden afectar a la seguridad del espacio aéreo.
Estados Unidos ha vuelto a abrir el debate
La cuestión coincide con una nueva etapa internacional de interés por los UAP, la denominación utilizada en Estados Unidos.
El Pentágono y el Congreso estadounidense han desarrollado durante los últimos años mecanismos específicos para recopilar informes de pilotos y personal militar y revisar documentación histórica.
España no dispone públicamente de una estructura equivalente con la misma visibilidad.
La resolución del Consejo puede ofrecer por primera vez una imagen actualizada de qué ocurre aquí.