Finalmente, el 11 de noviembre, los sindicatos UGT y CCOO han convocado una huelga general. Una huelga que se produce en un contexto peculiar, señalado este martes por la jefa de campaña del presidente en funciones y líder del PSOE, María Jesús Montero, afirmando que esta manifestación irá en contra de la oposición y no del Gobierno de Pedro Sánchez.
Con todo, España afronta una situación para la que resulta difícil encontrar un precedente equivalente en la Unión Europea.
Y es que, los sindicatos CCOO y UGT preparan una huelga general de ámbito nacional mientras las Cortes Generales ya están disueltas, el país se encuentra inmerso en el proceso electoral para las elecciones del 29 de noviembre y el Gobierno trata de llevar a la Diputación Permanente -aún no se sabe qué día, aunque ya están publicados en el BOE- unos decretos de vivienda que fueron rechazados por el Congreso.
En cualquier caso, el análisis comparado de las huelgas generales en Europa muestra que las grandes movilizaciones sindicales de las últimas décadas se han producido, por regla general, en un escenario institucional diferente: con los Parlamentos abiertos, los Gobiernos tomando decisiones y las reformas contra las que protestaban los sindicatos todavía en proceso de negociación, debate o aprobación.
No aparece, entre los precedentes europeos localizados por DEMÓCRATA, otro caso reciente que reúna simultáneamente las circunstancias que concurren ahora en España: una huelga general nacional convocada después de la disolución del Parlamento y con una campaña electoral ya en marcha.
La singularidad no está, por tanto, en que una huelga pueda coincidir con un periodo electoral. Tampoco en que los sindicatos hayan utilizado históricamente la movilización para influir sobre decisiones políticas. Lo excepcional es el momento institucional en el que se plantea la protesta, sin Presupuestos durante casi cuatro años y con unas Cortes que han dejado de funcionar como legislatura ordinaria, y donde los ciudadanos están llamados a decidir la composición del próximo Parlamento, mientras la protesta se desarrolla en medio de esa disputa electoral.
Las grandes huelgas europeas se hicieron con el Parlamento abierto
El estudio del Parlamento Europeo Towards an EU-wide right to politically strike: A constitutional perspective, publicado en 2024, permite situar el fenómeno en perspectiva. El informe analiza las huelgas políticas y distingue entre aquellas que tienen una relación directa con las condiciones laborales y las denominadas huelgas puramente políticas, dirigidas esencialmente contra una decisión del Gobierno o del legislador.
El periodo de mayor intensidad se produjo durante la crisis económica y de deuda europea.
Grecia llegó a registrar 17 huelgas generales entre 2010 y 2011 y otras 12 durante 2012. España, por su parte, protagonizó huelgas generales en 2010, 2012 y 2013. Portugal también vivió varias movilizaciones nacionales durante esos años.
El patrón se repite: las centrales sindicales utilizaban la huelga como instrumento de presión mientras los Gobiernos y los Parlamentos estaban tomando decisiones que afectaban a salarios, empleo, pensiones, impuestos o gasto público.
El caso griego es especialmente significativo. El 26 de septiembre de 2012 se produjo una huelga general contra el nuevo paquete de austeridad que el Gobierno negociaba en plena crisis de deuda.
El objetivo de la movilización era presionar sobre unas medidas que estaban siendo discutidas y que debían pasar por las instituciones legislativas. Grecia vivió aquel año una sucesión extraordinaria de huelgas generales, pero todas ellas se desarrollaron con el Parlamento en funcionamiento.
Portugal ofrece un escenario parecido. La huelga general del 24 de noviembre de 2011 estuvo dirigida contra las medidas de austeridad y el presupuesto para 2012. El Parlamento portugués estaba entonces inmerso en la tramitación de las cuentas públicas. La movilización se produjo, por tanto, como mecanismo de presión sobre una decisión que todavía estaba en manos de las instituciones políticas.
Y España forma parte del mismo patrón histórico. Las huelgas generales de 2010, 2012 y 2013 tuvieron lugar durante legislaturas ordinarias, con el Gobierno y el Parlamento en funcionamiento. En noviembre de 2012, además, España, Portugal, Italia, Chipre y Malta participaron en una movilización coordinada de dimensión europea, con acciones de solidaridad en otros países, entre ellos Francia.
La diferencia con el escenario actual es sustancial. Aquellas huelgas pretendían alterar, frenar o modificar decisiones que estaban siendo adoptadas por Gobiernos y Parlamentos. La que ahora preparan CCOO y UGT se plantea después de que el Congreso haya rechazado los decretos de vivienda y una vez disueltas las Cortes.
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Grecia: 25 huelgas generales en seis años
La dimensión del precedente griego permite entender hasta qué punto la huelga general ha sido una herramienta habitual de presión política en Europa. Entre 2010 y 2015, Grecia acumuló 25 huelgas generales, según la literatura comparada recogida por el European Trade Union Institute. El fenómeno fue particularmente intenso durante los años de la austeridad, cuando los sindicatos respondieron con movilizaciones sucesivas a las reformas exigidas al país.
Pero incluso en el caso europeo más extremo, las huelgas se desarrollaron en un contexto de actividad legislativa. El Parlamento era el lugar donde se discutían los recortes y donde finalmente se aprobaban las medidas. La huelga buscaba condicionar ese proceso.
Es una diferencia importante respecto a España: la presión sindical se ejercía entonces sobre un poder legislativo plenamente operativo, no sobre unas Cortes ya disueltas.
Portugal: una huelga durante la tramitación de los Presupuestos
La huelga portuguesa de noviembre de 2011 ofrece quizá una comparación todavía más clara. Las centrales sindicales convocaron el paro contra las medidas incluidas en los Presupuestos de 2012 y contra las políticas de austeridad del Gobierno. El calendario parlamentario y el calendario sindical estaban directamente conectados.
El Parlamento tenía que pronunciarse sobre las cuentas públicas. La huelga pretendía precisamente ejercer presión sobre quienes tenían que tomar esa decisión.
No existía, por tanto, la ruptura temporal que se produce en España en 2026: primero el rechazo parlamentario de los decretos; después, la disolución de las Cortes; y, finalmente, la convocatoria de una huelga general durante el proceso electoral.
Francia: el precedente más cercano, pero sin huelga general
El caso francés de 2024 es el que más se aproxima al actual escenario español por una razón concreta: hubo disolución parlamentaria y campaña electoral inmediatamente después.
Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional el 9 de junio de 2024 y convocó elecciones legislativas para el 30 de junio y el 7 de julio. Durante las semanas posteriores se produjeron grandes movilizaciones contra la posibilidad de una victoria de la Agrupación Nacional. Decenas de miles de personas salieron a las calles y diferentes organizaciones sociales y políticas llamaron a movilizarse durante la campaña.
Pero Francia no ofrece el mismo precedente sindical. Aquellas movilizaciones fueron fundamentalmente protestas políticas y sociales. No hubo una huelga general nacional comparable a la que preparan ahora CCOO y UGT en España.
La comparación francesa permite, precisamente, delimitar la singularidad española: sí existe un precedente reciente de Parlamento disuelto, elecciones en marcha y movilización política en las calles; no existe el mismo precedente de una huelga general nacional convocada en ese escenario.
Eslovenia: una huelga el día de las elecciones, pero de carácter sectorial
La comparación europea ofrece incluso un caso en el que una huelga coincidió con unas elecciones. En Eslovenia, en 2004, una organización sindical de periodistas convocó un paro que comenzó el mismo día de las elecciones generales.
Sin embargo, tampoco puede considerarse un equivalente al caso español. No era una huelga general nacional contra una política del Gobierno, sino un conflicto sectorial relacionado con las condiciones laborales y la negociación colectiva.
Es otro ejemplo de la diferencia entre huelga y elecciones y el supuesto que se plantea ahora en España: la primera tiene precedentes; la combinación de huelga general nacional, Parlamento disuelto y conflicto político durante la campaña resulta mucho más excepcional.
Italia y otros países: huelgas políticas con instituciones en funcionamiento
La misma pauta aparece en otros países. Italia ha protagonizado huelgas generales contra reformas fiscales, presupuestarias o laborales. Una de las referencias recogidas en la documentación comparada es la huelga general del 30 de noviembre de 2004 contra el proyecto presupuestario y las medidas fiscales del Gobierno.
De nuevo, el elemento común es el mismo: la movilización se produjo mientras las instituciones estaban funcionando y las decisiones permanecían abiertas a la negociación política.
El Parlamento no era un actor ausente. Al contrario: era uno de los principales destinatarios de la presión sindical.
La primera huelga europea también nació con los Parlamentos abiertos
El 14 de noviembre de 2012 se produjo uno de los episodios más relevantes de movilización sindical transnacional durante la crisis. España, Portugal, Italia, Chipre y Malta participaron en la primera huelga de dimensión europea, mientras hubo movilizaciones de solidaridad en Francia.
Aquel episodio resulta especialmente útil para la comparación porque se produjo en el momento de máxima presión de las políticas de austeridad. Los sindicatos europeos utilizaron la huelga para responder a decisiones concretas de los Gobiernos nacionales y a las políticas económicas que estaban siendo debatidas y aplicadas.
Tampoco entonces se planteó el escenario que ahora aparece en España: un país con las Cortes disueltas y una huelga general convocada en plena carrera electoral.
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La literatura académica: una huelga puede tener efecto electoral
La singularidad institucional no significa que una huelga durante una campaña no pueda tener precedentes en términos de impacto político. La literatura académica ha estudiado precisamente la relación entre huelgas generales y comportamiento electoral.
Un estudio sobre 16 países de Europa occidental entre 1980 y 2012 concluyó que las huelgas generales pueden tener consecuencias electorales y que ese efecto puede resultar especialmente relevante cuando la movilización se produce cerca de unas elecciones.
Las huelgas pueden modificar la percepción de los votantes sobre la responsabilidad de los Gobiernos y aumentar el coste electoral de determinadas políticas.
Es decir, la huelga no sólo puede ser un instrumento para intentar modificar una decisión gubernamental. Cuando las elecciones están próximas, puede convertirse también en un elemento de la competición electoral.
La diferencia es que, en el escenario habitual, la huelga se produce mientras el Gobierno todavía está sometido al control ordinario del Parlamento. En España, la movilización se plantea cuando los ciudadanos ya están llamados a decidir quién ocupará ese Parlamento después del 29 de noviembre.
Las Cortes están disueltas, pero no ha desaparecido toda actividad parlamentaria
Hay una precisión constitucional que resulta imprescindible para entender el escenario. La disolución de las Cortes no significa que desaparezca cualquier forma de actividad parlamentaria.
La Constitución mantiene las Diputaciones Permanentes del Congreso y del Senado durante el periodo entre legislaturas. El artículo 78 les atribuye determinadas funciones, entre ellas las relacionadas con los supuestos previstos constitucionalmente durante los periodos en los que las Cámaras no están reunidas.
Precisamente a través de este mecanismo el Gobierno pretende intentar llevar adelante los decretos de vivienda que el Pleno del Congreso ha rechazado.
Por eso, hablar de una España «sin Parlamento» sería impreciso. Lo que existe es algo distinto: las Cortes están disueltas, la actividad ordinaria de las Cámaras ha terminado, las Diputaciones Permanentes mantienen las competencias que les atribuye la Constitución y el país se encuentra ya en un proceso electoral.
Es en ese marco, y no en el de una legislatura ordinaria, donde se plantea la huelga general.
Un escenario que no encuentra equivalente claro en Europa
La comparación permite establecer una conclusión: las huelgas generales son una herramienta conocida en las democracias europeas y han sido utilizadas en numerosas ocasiones para presionar a Gobiernos y Parlamentos. También existen antecedentes de protestas durante campañas electorales y de huelgas coincidentes con elecciones.
Pero el patrón cambia cuando se cruzan todas las variables.
Grecia tuvo decenas de huelgas generales durante la crisis, pero con su Parlamento funcionando. Portugal convocó huelgas contra sus presupuestos mientras estos se tramitaban. España hizo lo mismo durante las reformas de 2010, 2012 y 2013. Francia vivió en 2024 una campaña electoral después de la disolución de su Asamblea y grandes movilizaciones en las calles, pero no una huelga general nacional comparable. Eslovenia tuvo una huelga coincidente con unas elecciones, pero fue sectorial y vinculada a un conflicto laboral.
Ninguno de estos casos reproduce el escenario que se abre ahora en España.
Por eso, en términos de comparación europea, España se sitúa ante un supuesto singular: una huelga general nacional que se prepara con las Cortes ya disueltas, el proceso electoral en marcha y después de que el Congreso haya rechazado las medidas que están en el centro de la protesta.
La excepcionalid, por tanto -explican a DEMÓCRATA fuentes de la UE expertas en esta materia-, no reside en la existencia de una huelga general ni en que los sindicatos intervengan en un conflicto político. Ambas cosas tienen una larga tradición europea. Lo diferencial es el momento: la presión sindical llega cuando la legislatura ha terminado y la próxima decisión política está ya en manos de los electores.