Moncloa reivindica como un éxito el traslado de migrantes en Ceuta pese a las cargas y acusa al PP de una crítica “irresponsable”

En España, la regulación de las devoluciones de migrantes irregulares en frontera se apoya hoy en un “bloque” de normas ya vigentes —especialmente la Ley de Extranjería— y en varias reformas en marcha, pero todavía no se ha aprobado una nueva ley específica que cambie de raíz el régimen de las llamadas “devoluciones en caliente”.

1. Marco legal vigente: Ley de Extranjería y “rechazo en frontera”

La categoría coloquial “devoluciones en caliente” no existe en el derecho español. El núcleo jurídico es:

• Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros (Ley de Extranjería), con sucesivas reformas.
• Su disposición adicional décima, introducida en 2015, que regula el “rechazo en frontera” exclusivamente en Ceuta y Melilla.

Según la síntesis recogida por Demócrata y la propia sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2026, este régimen especial permite rechazar a una persona solo si concurren simultáneamente tres condiciones en Ceuta/Melilla:

• Que sea detectada en la línea fronteriza.
• Que esté intentando entrar irregularmente.
• Que trate de superar elementos físicos de contención fronterizos (las vallas u otras barreras materiales).

Fuera de ese supuesto, operan las figuras generales de la Ley de Extranjería:

• Devolución (art. 58 LOEx), para quien entra o intenta entrar ilegalmente, con resolución administrativa, derecho a abogado e intérprete, posibilidad de pedir asilo y, si es necesario, internamiento autorizado judicialmente.
• Expulsión, como sanción tras procedimiento administrativo por infracciones graves o muy graves.

2. Jurisprudencia clave: Tribunal Constitucional, Supremo y tribunales ordinarios

• El Tribunal Constitucional, en su sentencia 172/2020 y la 13/2021, declaró conforme a la Constitución el “rechazo en frontera”, pero solo si:
  • Se atienden las circunstancias individuales (posible minoría de edad, vulnerabilidad, indicios de asilo).
  • La actuación es controlable por un juez.
  • Se respetan las obligaciones internacionales (no devolución, protección internacional).
• El Tribunal Supremo (julio de 2026), según resume Demócrata, ha fijado que:
  • El rechazo en frontera no puede aplicarse a quienes son interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla a nado, porque no están superando una barrera física.
  • En esos casos debe seguirse el procedimiento ordinario de devolución con todas las garantías.
  • Abre, sin embargo, la puerta a que en el futuro puedan considerarse “elementos de contención” barreras físicas instaladas en el mar, si existen.
• El TSJ de Andalucía (marzo de 2025), en un caso de Ceuta, confirmó la sentencia de un juzgado que declaraba ilegales las devoluciones inmediatas de personas que llegaban a nado sin trámite administrativo, asistencia letrada ni intérprete, subrayando que la disposición especial de Ceuta/Melilla se diseñó para intentos de salto de la valla, no para entradas por mar.

3. Reformas en tramitación sobre extranjería, asilo y retornos

El Gobierno y la mayoría parlamentaria están reordenando el marco, en parte para adaptarlo al nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo:

• El Consejo de Ministros aprobó el 25 de agosto de 2026 un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, que:
  • Introduce un procedimiento fronterizo de retorno inspirado en el nuevo reglamento europeo, con plazo máximo de 12 semanas para ejecutar el retorno de quienes lleguen irregularmente y no tengan derecho a protección.
  • Regula el derecho de permanencia del solicitante de asilo durante la tramitación, sin que ello implique automáticamente una autorización de residencia si concurren motivos de denegación o de devolución.
• En paralelo, se ha aprobado en Consejo de Ministros un anteproyecto de nueva Ley de Asilo, que incorpora el procedimiento de frontera previsto en el Reglamento (UE) 2024/1348, también con un máximo de 12 semanas y con obligación de permanecer en instalaciones fronterizas mientras se resuelve.
• El marco reglamentario de la Ley de Extranjería se ha actualizado con:
  • El Real Decreto 1155/2024, que aprueba un nuevo Reglamento de Extranjería.
  • Su modificación por el Real Decreto 316/2026, que ajusta procedimientos de autorizaciones y residencia, sobre todo en la parte de regularizaciones y gestión de expedientes, no directamente sobre devoluciones en frontera.

Además, el Real Decreto-ley 2/2025 (y su tramitación como proyecto de ley 121/000055, aún enmiendas abiertas) ha introducido un régimen específico de reparto de menores extranjeros no acompañados en situaciones de contingencia migratoria, reformando también la Ley de Extranjería, aunque centrado en tutela y traslado, no en devoluciones sumarias.

4. Iniciativas parlamentarias y propuestas sobre “rechazo en frontera”

En el plano estrictamente parlamentario, hay varios movimientos relevantes:

• El PP ha anunciado y registrado una proposición de ley para modificar la Ley de Extranjería y extender el rechazo en frontera a las entradas por mar en Ceuta y Melilla, apoyándose en la doctrina del Supremo y proponiendo que el mar pueda considerarse “línea fronteriza” cuando haya elementos de contención (barreras marítimas). Estas iniciativas estaban, a septiembre de 2026, en fase inicial de tramitación, sin aprobación definitiva.
• Gobierno central e Interior están, en paralelo, instalando barreras marítimas y dictando instrucciones para intentar encajar el uso del rechazo en frontera en esos nuevos dispositivos físicos, siempre dentro de los límites marcados por el Supremo y el Constitucional, según diversas crónicas parlamentarias y notas recogidas por Demócrata.

5. Balance del estado parlamentario

En resumen, a día de hoy:

• El régimen vigente de devoluciones se basa en la LO 4/2000 (rechazo en frontera limitado a Ceuta y Melilla y solo ante barreras físicas), su desarrollo reglamentario y la jurisprudencia del TC y del TS, que ha restringido el uso de rechazos inmediatos sin garantías, especialmente por mar.
• No se ha aprobado todavía una gran reforma parlamentaria cerrada sobre devoluciones de migrantes irregulares, pero:
  • El Gobierno tramita reformas orgánicas de la Ley de Extranjería y una nueva Ley de Asilo, alineadas con el Pacto europeo y que ordenan el procedimiento fronterizo de asilo y retorno.
  • La oposición, sobre todo el PP, impulsa proposiciones para ampliar el rechazo en frontera a entradas por mar, hoy aún en fase de proposición y debate.

El resultado es un marco en transformación: la normativa básica está en vigor y acotada por la jurisprudencia, mientras las Cortes discuten cómo ajustar legalmente las devoluciones en frontera —especialmente en Ceuta y Melilla y en el ámbito marítimo— al nuevo contexto europeo y a las recientes sentencias.

Según el Estatuto de Autonomía de Ceuta (Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo), el presidente de la Ciudad —cargo que ostenta actualmente Juan Jesús Vivas— es el máximo representante institucional de la ciudad autónoma y el jefe del poder ejecutivo local. Sus competencias y funciones derivan de varios preceptos del Estatuto, en particular del que regula la Presidencia (citado como artículo 14 en distintos convenios oficiales) y de los artículos dedicados a la organización y funcionamiento de la Asamblea y del Consejo de Gobierno.

Órgano y posición institucional

El Estatuto establece que los órganos institucionales de Ceuta son la Asamblea de Ceuta, el Presidente y el Consejo de Gobierno. En ese marco, el presidente ocupa una posición central:

• Preside la Asamblea de Ceuta y el Consejo de Gobierno. El propio Estatuto señala que “el Presidente de la ciudad de Ceuta preside la Asamblea, el Consejo de Gobierno, cuya actividad dirige y coordina, y ostenta la suprema representación de la Ciudad”.
• Ejerce la suprema representación de la Ciudad, tanto frente al Estado como frente a otras comunidades autónomas, ciudades autónomas, organismos públicos y entidades privadas. Esta función representativa se refleja, por ejemplo, en numerosos convenios publicados en el BOE en los que Juan Jesús Vivas comparece “en representación de la Ciudad de Ceuta, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta”.
• Además, el Estatuto precisa que el Presidente “ostenta también la condición de Alcalde”, de modo que integra en una sola figura la jefatura del gobierno autonómico y la alcaldía del municipio de Ceuta.

Funciones ejecutivas y de dirección del Gobierno

Como jefe del Consejo de Gobierno, el presidente es el responsable político principal de la acción ejecutiva de la Ciudad:

• Dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, órgano que “ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de la ciudad de Ceuta”. Le corresponde fijar las grandes orientaciones de la política de la Ciudad y asegurar la coherencia de la actuación de las distintas consejerías.
• Nombra y separa libremente a los consejeros, dando cuenta a la Asamblea. El Estatuto indica expresamente que “el Presidente nombra y separa a los Consejeros y podrá delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en algunos de los miembros del Consejo”.
• Puede delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en consejeros concretos, lo que le permite adaptar la estructura política y administrativa a las necesidades del momento.
• Como máxima autoridad ejecutiva, es quien, en la práctica, firma los convenios y acuerdos en nombre de la Ciudad, asumiendo la representación jurídica y política de Ceuta en la ejecución de sus competencias estatutarias (por ejemplo, en materia de medio ambiente, asistencia social, desarrollo económico, etc.).

Relación con la Asamblea y responsabilidad política

El presidente es elegido por la Asamblea de Ceuta de entre sus miembros y nombrado posteriormente por el Rey. El Estatuto dispone que la elección debe realizarse entre quienes encabecen listas electorales que hayan obtenido escaño y que se efectúe por mayoría absoluta; si ningún candidato la alcanza, queda designado el cabeza de la lista más votada.

Una vez investido, su posición está sometida a diversos mecanismos de responsabilidad política ante la Asamblea:

• Cuestión de confianza: “El Presidente, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante la Asamblea de Ceuta la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general”. La confianza se entiende otorgada por mayoría simple. Si la Asamblea la niega, el presidente debe presentar su dimisión y se abre un nuevo proceso de elección.
• Moción de censura: la Asamblea puede exigir su responsabilidad mediante una moción de censura aprobada por mayoría absoluta, que debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia. Si se aprueba, ese candidato “se entenderá investido de la confianza de la Asamblea y será nombrado Presidente de la Ciudad”.
• El Consejo de Gobierno, presidido por él, responde solidariamente ante la Asamblea, sin perjuicio de la responsabilidad individual de cada consejero por su gestión.

Convocatoria y funcionamiento de la Asamblea

En su condición de presidente de la Asamblea, al jefe del Ejecutivo ceutí le corresponden también funciones relevantes de organización parlamentaria:

• Preside la Mesa de la Asamblea, órgano rector de la Cámara, que se compone del Presidente de la Ciudad y dos vicepresidentes elegidos por la propia Asamblea.
• Ejerce la convocatoria de las sesiones en los términos previstos en el Reglamento: la Asamblea se reúne en sesiones ordinarias previa convocatoria de su Presidente y también en sesiones extraordinarias cuando lo decide el propio Presidente o lo solicita una cuarta parte de los miembros.
• Dirige los debates y vela por el correcto desarrollo de las sesiones, en un marco en el que el Estatuto establece que las sesiones de la Asamblea serán públicas, salvo los supuestos excepcionales que el propio Reglamento determine.

Integración de funciones autonómicas y municipales

Finalmente, al “ostentar también la condición de Alcalde”, el Presidente de Ceuta suma a sus funciones autonómicas las que la legislación básica de régimen local atribuye a los alcaldes en general. El Estatuto remite a esa normativa para completar el marco competencial, de forma que la misma persona concentra la jefatura política de la Ciudad Autónoma y la del municipio, reforzando la coherencia entre la acción autonómica y la gestión municipal en un territorio de dimensiones reducidas pero con un amplio catálogo de competencias estatutarias.

En las últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta (28 de mayo de 2023) el Partido Popular ganó con claridad pero se quedó lejos de la mayoría absoluta. Desde entonces gobierna en solitario, en minoría, con Juan Jesús Vivas (PP) como presidente de la Ciudad Autónoma, apoyándose en acuerdos institucionales con otras fuerzas —en particular PSOE y MDyC—, mientras Vox y Ceuta Ya! permanecen en la oposición.

Resultados de las últimas elecciones a la Asamblea de Ceuta

La Asamblea de Ceuta tiene 25 escaños y la mayoría absoluta se sitúa en 13. Según los datos electorales de 2023 citados por Demócrata (fuente RTVE/Sigma Dos), el reparto de votos y escaños fue el siguiente:

• Partido Popular (PP): 11.738 votos y el 34,37% de los sufragios. Obtuvo 9 escaños, situándose como primera fuerza pero a cuatro diputados de la mayoría absoluta.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 7.158 votos y el 20,96% de los votos. Consiguió 6 escaños, convirtiéndose en la principal fuerza de la oposición en términos de representación.
• Vox: 7.050 votos, con un 20,64% del apoyo. Logró 5 escaños, muy cerca del PSOE tanto en voto como en representación.
• Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC): 3.839 votos y el 11,24%. Obtuvo 3 escaños, manteniéndose como una de las principales formaciones localistas.
• Ceuta Ya!: 3.428 votos y el 10,03%. Alcanzó 2 escaños, consolidándose como otra fuerza local relevante en la Asamblea.

El resultado configuró un arco de cinco partidos, con un bloque de centro‑derecha fuerte (PP y Vox suman 14 diputados sobre 25) y dos formaciones localistas (MDyC y Ceuta Ya!) con capacidad de influencia en la gobernabilidad, junto al PSOE.

Composición y apoyos del gobierno regional

Tras esos comicios, Juan Jesús Vivas (PP) fue reelegido como presidente de la Ciudad Autónoma. La información recopilada por Demócrata sobre la situación política posterior a 2023 describe así el punto de partida:

• El PP gobierna con sus 9 escaños, es decir, con un gobierno monocolor en minoría, sin coalición formal con otros partidos.
• La mayoría alternativa que menciona Vox —9 diputados del PP más 4 de Vox— se plantea como una hipótesis de coalición, no como algo materializado: Vox reclama entrar en el Ejecutivo y subraya que “existe una mayoría absoluta alternativa para articular un gobierno conjunto que agrupe a los nueve diputados del PP y a los cuatro de Vox”, pero precisamente lo hace porque no forma parte del gobierno en la actualidad.
• En declaraciones recogidas por Demócrata, Vox exige a Vivas que “rompa inmediatamente” sus “acuerdos” con el PSOE y con el “partido islamista” MDyC, a los que se les habrían cedido vicepresidencias de la Asamblea y del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Es decir, hay acuerdos institucionales y de reparto de cargos con PSOE y MDyC, pero no un gobierno de coalición en sentido estricto.

Con este mosaico, la situación institucional puede resumirse así:

• Partido en el gobierno: Partido Popular (PP), con 9 de 25 diputados, encabezando el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma.
• Fuerzas con las que el PP mantiene acuerdos parciales: PSOE y MDyC, principalmente para la organización interna de la Asamblea y la ocupación de determinadas vicepresidencias y órganos (por ejemplo, en la Autoridad Portuaria).
• Oposición: Vox (que se reivindica como alternativa y presiona para entrar en el Ejecutivo) y Ceuta Ya!, además del propio PSOE y de MDyC cuando se desmarcan del PP en la arena político‑programática.

En la práctica, el gobierno de Ceuta funciona como un ejecutivo de un solo partido sostenido por una red de apoyos variables en la Asamblea. El PP recurre a acuerdos puntuales con distintas fuerzas según los asuntos en debate, con el añadido de que Vox presiona para convertir la mayoría numérica del bloque PP+Vox en un gobierno de coalición formal, algo que hasta la fecha las noticias consultadas describen solo como demanda política y no como un hecho consumado.