Sorteos de hoy, jueves 5 de noviembre: horarios y premios de Lotería Nacional, Bonoloto y La Primitiva

En España, no existe una autorización genérica para organizar cualquier sorteo de lotería: los requisitos cambian según sea una lotería estatal, una rifa de pago o una promoción comercial gratuita. También importa el territorio donde se ofrece la participación. La norma estatal básica es la Ley 13/2011 de regulación del juego.

1. Identificar la modalidad y el ámbito territorial

Antes de vender participaciones, hay que determinar qué actividad se pretende desarrollar:

• Lotería estatal: está sujeta a una reserva legal de actividad.
• Rifa de pago: requiere examinar su autorización como juego, aunque tenga finalidad solidaria.
• Sorteo promocional: tiene un régimen distinto cuando constituye una combinación aleatoria publicitaria sin un pago específico por participar.

La regulación estatal se aplica a las actividades de ámbito estatal. Si el sorteo queda circunscrito a una comunidad autónoma, deben comprobarse su normativa, autoridad competente y obligaciones tributarias: no basta con aplicar automáticamente las reglas estatales.

2. Loterías estatales: actividad reservada

La comercialización de loterías estatales está reservada a SELAE y la ONCE. Por tanto, una empresa, asociación o particular no puede crear libremente una lotería estatal mediante una licencia ordinaria de juego.

La disposición adicional primera de la Ley 13/2011 contempla una excepción: una autorización ministerial para entidades sin ánimo de lucro, con finalidad benéfica y carácter esporádico, que acrediten los requisitos exigibles. La finalidad benéfica, por sí sola, no sustituye esa autorización.

3. Rifas y juegos ocasionales: autorización previa

El artículo 12 exige autorización previa para las actividades de juego ocasionales o esporádicas sujetas a la ley estatal. El solicitante debe satisfacer las tasas correspondientes; además, pueden establecerse límites a los premios. Si transcurre un mes sin notificarse el otorgamiento, la solicitud se entiende desestimada, no autorizada.

El procedimiento se desarrolla en el Real Decreto 1614/2011. Deben acreditarse la capacidad del organizador y la solvencia exigible, y no concurrir prohibiciones legales, como determinados antecedentes sancionadores o incumplimientos tributarios y de Seguridad Social.

4. Sorteos promocionales y obligaciones fiscales

Las combinaciones aleatorias publicitarias o promocionales están excluidas del régimen general de juego en los términos legales, pero no quedan exentas de tributación. Es esencial que la mecánica encaje realmente en esa categoría: llamarla «promoción» no transforma una rifa de pago.

En el régimen estatal general, estas promociones tributan al 10 % del valor de mercado de los premios. Las rifas tributan al 20 % de los ingresos netos definidos legalmente; las declaradas de utilidad pública o benéfica, al 5 %. Existen particularidades territoriales. Esta tributación del organizador debe distinguirse de las obligaciones fiscales asociadas al premio del ganador.

5. Participantes, transparencia y canal digital

En los juegos sujetos a autorización o licencia deben respetarse las prohibiciones de participación, incluida la protección de menores, facilitar información sobre las condiciones y el título habilitante, atender reclamaciones y pagar los premios. Conviene concretar previamente las reglas de adjudicación y entrega.

Internet no elimina estos requisitos. Los juegos estatales no ocasionales requieren las licencias correspondientes y, cuando proceda, sistemas homologados, identificación de participantes y controles de seguridad conforme al Real Decreto 1613/2011.

Organizar un juego sin el título exigible es una infracción muy grave. Antes de lanzarlo, deben quedar definidos la modalidad, el territorio, el precio de participación, el premio y la autorización necesaria.

El funcionamiento de la ONCE y de su Cupón Diario se regula mediante varias normas complementarias, no por una única ley. Hay que distinguir entre el régimen institucional de la organización, las autorizaciones estatales para explotar loterías y el reglamento que establece las condiciones del cupón.

1. Organización y funcionamiento de la ONCE

• Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Es su norma institucional básica. Define a la ONCE como una corporación de Derecho público de carácter social, con personalidad jurídica propia, capacidad de autoorganización y sin ánimo de lucro. Regula sus fines, órganos de gobierno, recursos económicos y sometimiento al protectorado del Estado. Sus artículos 7 y 8 son especialmente relevantes para las actividades de juego y su control público. Debe consultarse en su redacción actualizada, no únicamente en la original (texto del BOE).
• Orden SCB/1240/2019, de 18 de diciembre, por la que se publica el texto refundido de los Estatutos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Desarrolla su organización interna, afiliación, fines sociales y funcionamiento. Los estatutos fueron aprobados por el Consejo de Protectorado y entraron en vigor el 21 de diciembre de 2019 (Estatutos de la ONCE).
• Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Su disposición adicional tercera reconoce a la ONCE como organización singular de economía social, regida por su normativa específica y con autorizaciones públicas de juego para financiar sus fines sociales.

2. Habilitación para comercializar loterías

La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, aporta el marco legal estatal. Su artículo 4 y su disposición adicional primera reservan las loterías estatales a los operadores designados legalmente, entre ellos la ONCE. La disposición adicional segunda preserva su régimen singular y el control público específico sobre sus juegos.

También resulta relevante la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, modificada por la Ley 55/1999: forma parte de la habilitación legal de sus actividades de juego.

Este marco se concreta en el Acuerdo General entre el Gobierno y la ONCE para 2022-2031, aprobado el 2 de noviembre de 2021. El Real Decreto 1127/2021, de 21 de diciembre, adaptó los artículos 7 y 8 del Real Decreto 358/1991 y las facultades de supervisión del Consejo de Protectorado a ese marco (reforma de 2021).

3. Normativa específica del Cupón Diario

La referencia directa es el Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE», publicado mediante Resolución de 4 de abril de 2023 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Dentro de esa modalidad se encuadra el Cupón Diario: para conocer sus condiciones deben leerse conjuntamente las reglas comunes y las particulares del producto (Reglamento del cupón).

El reglamento establece su entrada en vigor el 1 de abril de 2023 y sustituyó el anterior de 2018 y sus modificaciones. Debe consultarse junto con la Resolución de 23 de diciembre de 2025, publicada el 13 de enero de 2026, que modifica el reglamento de esta modalidad (modificación posterior).

4. Supervisión y publicidad

La ONCE debe comunicar las condiciones y modificaciones de sus productos al Consejo de Protectorado, que verifica su conformidad con las autorizaciones y dispone su publicación como garantía para los consumidores. Además, el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, regula las comunicaciones comerciales de sus loterías, con las particularidades de supervisión previstas para la organización.

No hay un trámite parlamentario único para modificar los premios de la Lotería Nacional. Primero hay que distinguir entre cambiar los importes o la distribución de premios de un sorteo y modificar las leyes que regulan su tratamiento económico o fiscal. El procedimiento legislativo explicado a continuación corresponde al segundo supuesto: no debe darse por hecho que cualquier cambio en los premios necesita una ley.

1. Determinar qué se quiere modificar

La pregunta decisiva es si se pretende cambiar cuánto recibe quien gana, cómo se reparte la dotación de un sorteo o qué impuestos paga el premiado. El material consultado permite explicar cómo se modifica una ley, pero no establece qué órgano puede alterar las condiciones concretas de cada sorteo. Por tanto, estos pasos no pueden atribuirse automáticamente a una modificación comercial u operativa de los premios.

Para una reforma legal, utilizar una ley general o una ley específica sobre loterías no determina por sí solo un procedimiento distinto: lo relevante es su contenido y su calificación parlamentaria.

2. Presentar la iniciativa

• Gobierno: presenta un proyecto de ley, acompañado de exposición de motivos y antecedentes. La Mesa del Congreso ordena su publicación, abre el plazo de enmiendas y lo remite a la comisión competente. No necesita una votación previa de toma en consideración.
• Grupos parlamentarios: pueden presentar una proposición de ley con la firma de su portavoz. También pueden hacerlo quince diputados. Tras su publicación y remisión al Gobierno, el Pleno debe aprobar su toma en consideración: decidir si comienza a tramitarla.

Si una proposición o determinadas enmiendas implican aumentar los créditos o reducir los ingresos presupuestarios, el Reglamento contempla la conformidad del Gobierno para su tramitación. Esta cuestión puede resultar relevante cuando se propone modificar la tributación de los premios.

3. Debatir y aprobar el texto en el Congreso

El procedimiento común incluye un plazo inicial de quince días hábiles para presentar enmiendas, susceptible de modificación conforme a las reglas parlamentarias. En los proyectos del Gobierno, solo hay debate de totalidad si se presentan enmiendas de ese tipo.

Después, una ponencia prepara un informe y la comisión debate el articulado y aprueba un dictamen. La aprobación final puede corresponder al Pleno o, cuando proceda, a una comisión con competencia legislativa plena. También existe la lectura única para textos cuya naturaleza o simplicidad lo permita; por ello, no todas las fases se desarrollan siempre de idéntica manera.

La regla general es la mayoría simple: más votos favorables que contrarios, con el cuórum exigido. Si el texto se califica como ley orgánica, requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto; esa exigencia no nace simplemente de que trate sobre loterías.

4. Intervención del Senado y decisión definitiva

El texto aprobado pasa al Senado. Si este introduce enmiendas o interpone un veto, vuelve al Congreso. Las enmiendas se aceptan por mayoría simple. Para levantar el veto, el Congreso necesita mayoría absoluta inicialmente o, transcurridos dos meses desde su interposición, mayoría simple en el procedimiento ordinario.

5. Posible vía urgente

El Reglamento también contempla el control de los reales decretos-leyes: el Congreso o la Diputación Permanente votan su convalidación o derogación dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. Tras convalidarlo, puede acordarse su tramitación como proyecto de ley urgente. Esa vía no demuestra, por sí sola, que cualquier modificación de premios pueda aprobarse mediante decreto-ley.

Referencia: Reglamento del Congreso, especialmente artículos 109–126 y 148–151.