La Fiscalía pide juzgar a Koldo, Aldama y Pardo de Vera por otra rama del caso Koldo

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado solicitan llevar a juicio a varios investigados por el presunto fraude fiscal vinculado a los contratos de mascarillas y la contratación de la expareja de Ábalos en empresas pública

El exasesor ministerial Koldo García durante su turno de última palabra en el juicio del Tribunal Supremo sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). EUROPA PRESS

El exasesor ministerial Koldo García durante su turno de última palabra en el juicio del Tribunal Supremo sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). EUROPA PRESS

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La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado este viernes sentar en el banquillo a Koldo García, Víctor de Aldama y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, entre otros investigados, por una nueva rama del caso Koldo que reúne presuntas irregularidades relacionadas con los contratos de mascarillas, el pago de impuestos y la contratación de la expareja del exministro José Luis Ábalos en empresas públicas.

La petición también afecta a Joseba García, hermano del exasesor ministerial, y a Jessica García, expareja de Ábalos. Las acusaciones buscan que se juzguen hechos que quedaron fuera del procedimiento seguido ante el Tribunal Supremo, al no afectar directamente al exministro y corresponder su investigación a la Audiencia Nacional.

Esta pieza reúne tres asuntos diferentes: el presunto fraude fiscal cometido por Aldama y las sociedades utilizadas para cobrar las ganancias de los contratos de mascarillas, las adjudicaciones investigadas que no fueron examinadas por el Supremo y las posibles irregularidades en la contratación de Jessica García en Ineco y Tragsatec.

El presunto fraude fiscal de Aldama y los contratos de mascarillas

Una de las líneas de investigación afecta a Víctor de Aldama y a las empresas que habría utilizado para percibir los beneficios obtenidos con la intermediación en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado pretenden que se juzgue el supuesto fraude tributario relacionado con esas operaciones, que no formó parte del procedimiento desarrollado ante el Tribunal Supremo.

La causa también incluye adjudicaciones de material sanitario que quedaron fuera de aquel juicio por razones de competencia judicial. Entre ellas figuran los contratos investigados en el Gobierno de Baleares, cuya revisión corresponde a la Audiencia Nacional.

De este modo, las acusaciones buscan que se examinen las posibles responsabilidades penales derivadas de operaciones que forman parte de la investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia, pero que no fueron resueltas en el procedimiento anterior.

La contratación de la expareja de Ábalos en Ineco y Tragsatec

Otra parte de la causa se centra en la contratación de Jessica García en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, vinculadas al sector público estatal.

Los hechos relacionados con esos empleos ya fueron examinados por el Tribunal Supremo respecto de José Luis Ábalos y Koldo García. Sin embargo, quedaron pendientes las posibles responsabilidades de otras personas que habrían intervenido en las contrataciones.

Entre los investigados figuran Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Joseba García, hermano de Koldo. Este último habría colaborado, según la investigación, para que Jessica García eludiera determinados controles laborales.

La petición de las acusaciones busca que se examinen las actuaciones de quienes presuntamente facilitaron su incorporación y permanencia en las empresas públicas, al margen de las responsabilidades ya analizadas en el procedimiento del Supremo.

Una nueva petición de juicio dentro del caso Koldo

La solicitud de la Fiscalía y la Abogacía del Estado supone un nuevo avance procesal en una investigación que se ha dividido en diferentes procedimientos judiciales por la naturaleza de los hechos y la condición de los investigados.

La petición de las acusaciones no implica que se haya acordado todavía la apertura de juicio oral. Corresponde al órgano judicial competente resolver los siguientes pasos del procedimiento.

La nueva rama mantiene abiertas las posibles responsabilidades de antiguos cargos públicos, intermediarios y personas relacionadas con el entorno de Ábalos por hechos que no fueron juzgados en el Tribunal Supremo.