QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En octubre de 2024, el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una iniciativa que, a juicio de Ejecutivo, «actualiza y mejora el ecosistema legislativo del sector». La norma se encuentra ahora en fase de ponencia en la Comisión de Trabajo del Congreso. Sin embargo, voces del sector alertan que la actual redacción puede resultar perjudicial para la labor que desempeñan.
La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) denuncia que si no hay cambios durante la tramitación, la nueva Ley de Economía Social discriminará a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa privada, cuando cumplen la misma función que los de iniciativa social.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este miércoles, Demócrata conversa con el presidente de CONACEE, Albert Campabadal, que insta a los grupos parlamentarios a que atiendan su demanda.
Pregunta – ¿Cuál es la misión de CONACEE?
Respuesta – CONACEE es una confederación que este año celebra su 25 aniversario y que defiende los derechos de las personas con discapacidad. Hay un grave problema de empleabilidad de las personas con discapacidad y desde CONACE intentamos ayudar a los Centros Especiales de Empleo (CEE) a crear el máximo empleo posible para el colectivo. También para que se haga toda de la manera adecuada, con todos los ajustes personales y sociales, adaptaciones al puesto trabajo, información… Y ayudar para que en la mayor medida posible, estas personas acaben transitando a la empresa ordinaria.
P- ¿Cuál es la importancia de que existan estos Centros de Empleo Especiales (CEE)?
R- Son fundamentales. A fecha de hoy, solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral está trabajando. Teniendo en cuenta estos datos que son tremendos, entendemos que los CEE están haciendo una labor muy importante. En torno al 60-70% de las nuevas contrataciones de personas con discapacidad se hacen a través de ellos.
A pesar de ser absolutamente minúsculos dentro del tejido empresarial del país, donde representamos un 0,5% del total, estamos siendo capaces de contratar a la mayoría de las personas con discapacidad y hacer que se incorporen al mercado laboral.
Somos una herramienta que a fecha de hoy se ha demostrado funciona bien. Lo idílico sería que las personas con discapacidad se incorporaran directamente a la empresa ordinaria. Sería lo que nos gustaría a todos, pero como aún queda mucho recorrido en la empresa ordinaria para incorporar talento con discapacidad, los CEE desarrollamos un papel muy importante.
P- La semana pasada denunciasteis en Demócrata que el Proyecto de Ley de Economía Social podía acabar excluyendo a cientos de CEE del acceso a los apoyos públicos necesarios para su sostenibilidad, ¿dónde está el problema?
R- Con la Ley de Economía Social lo que se quiere hacer es excluir a los CEE de iniciativa empresarial del concepto de economía social. Es decir, en la actual ley todos los CEE forman parte de la economía social, pero en el proyecto de ley que tenemos en la mesa, cuando se hace la definición de las entidades que la integran, en lugar de decir CEE a secas, se especifica «de iniciativa social». Deja fuera a los de iniciativa empresarial y esto es lo que nos preocupa. Es un cambio que entendemos que no tiene ningún sentido.
Antes hablábamos de la dificultad que tienen las personas con discapacidad para incorporar a las empresas laborales y la regulación de los CEE es fundamental para conseguir esto. Los centros de iniciativa empresarial incorporan el 57% de las personas con discapacidad que están trabajando a fecha de hoy en los CEE.
Además, todos están ofendiendo un empleo remunerado, estable, adaptado a las personas con discapacidad, y todos merecen, evidentemente sin excepción, estar dentro de la economía social. Nos da miedo que esto pueda ser un primer paso, sacar a los CEE de iniciativa empresarial de la economía social, y que en un futuro, pueda haber discriminaciones en cuanto a ayudas, o en cuanto a indicaciones a la Seguridad Social, a los CEE que no forman parte de la economía social.
P-¿Y esta preocupación que tenéis, se la habéis trasladado a los grupos parlamentarios? ¿Estáis en contacto con ellos?
R- Sí. Estamos visitando a todos los partidos políticos en el Congreso y les hemos trasladado nuestra preocupación. Hay grupos que lo entienden y así lo ven, incluso que han presentado enmiendas a la Ley de Economía Social. Entendemos que es bueno que haya una Ley Integral de Impulso a la Economía Social, pero que no nos excluya, evidentemente.
P- Entonces, ¿habéis encontrado partidos que se ha mostrado sensibles a vuestra demanda?
R- Sí, a fecha de hoy, tanto el Partido Popular como Vox han registrado enmiendas al respecto. Algunas tal cual lo estamos diciendo y otras con modificaciones, pero han recogido el guante. Incluso estos últimos días, hemos hablado con algún partido que no había hecho enmiendas y que nos ha manifestado que intentarían en las reuniones de la ponencia incorporar alguna en este sentido.
Veremos cómo va evolucionando, vamos haciendo seguimiento y esperemos que evolucione como entendemos que tiene que ser.
P – ¿Estáis confiados?
R- Somos optimistas en el sentido de que hemos visto que varios partidos políticos entienden lo que estamos diciendo, nuestros motivos y los comparten. Aunque entendemos que de aquí a que se materialice hay un largo camino, complicado y que pueden pasar muchas cosas.
