El Tribunal Constitucional ha fijado en su sentencia 52/2026 algunos de los límites entre la libertad de expresión y la de información en redes sociales. El Pleno ha avalado la condena por un delito de calumnia con publicidad a un hombre que publicó en Facebook acusaciones contra dos agentes de Policía Nacional sin haber comprobado previamente varias de las afirmaciones que difundió.
La sentencia, dictada el 8 de julio de 2026 y publicada en el BOE el 3 de agosto, desestima el recurso de amparo presentado por Gabriel de la Mora González y mantiene las resoluciones de los tribunales ordinarios que habían confirmado su condena.
Qué publicó el condenado
El caso se remonta a septiembre de 2015, cuando el entonces abogado y concejal del Ayuntamiento de Salamanca publicó en su perfil de Facebook un comentario sobre un altercado ocurrido durante una intervención policial.
En la publicación atribuyó a dos agentes identificables, entre otras conductas, haber cometido torturas, detenciones ilegales y falsedades, además de acusarles de manipular pruebas y de obtener un parte médico falso. El comentario fue compartido al menos 16 veces.
Los tribunales consideraron que aquellas afirmaciones constituían imputaciones de hechos delictivos y que no habían sido contrastadas con la diligencia exigible.
Opinión no es lo mismo que afirmar hechos
La resolución diferencia entre opiniones o juicios de valor, protegidos por la libertad de expresión, y afirmaciones sobre hechos que pueden ser comprobados y que afectan al honor de terceros.
En este segundo caso, el Tribunal Constitucional recuerda que la libertad de información exige un mínimo de diligencia en la comprobación de lo publicado. En este asunto, el recurrente no verificó varias de las acusaciones más graves antes de difundirlas y posteriormente reconoció incluso haber identificado por error a los policías a los que atribuía algunos de esos hechos.
La clave, por tanto, no está en que una publicación se haga en una red social, sino en qué se afirma, con qué grado de certeza y qué comprobaciones se han realizado antes de presentarlo como un hecho.
Facebook no queda fuera de las reglas
El Tribunal también tiene en cuenta el carácter público de la publicación. Los tribunales anteriores consideraron que Facebook era un medio capaz de multiplicar la difusión de una acusación y que la publicación en una red social abierta podía alcanzar una amplia audiencia.
La sentencia mantiene así la condena por calumnias con publicidad. El afectado había sido condenado inicialmente a 15 meses de multa, además de indemnizar con 6.000 euros a cada uno de los dos policías y asumir otros costes derivados del procedimiento.
Una sentencia con voto particular
La decisión no fue unánime. El magistrado Ramón Sáez Valcárcel, al que se adhirió Juan Carlos Campo, formuló un voto particular en el que defendió que el recurso debía haberse estimado.
A su juicio, la condena penal vulneraba la libertad de expresión y constituía una respuesta desproporcionada ante la conducta analizada.
La doctrina de la mayoría deja, en cualquier caso, una idea clara para las redes sociales: opinar sobre una actuación pública está protegido por la libertad de expresión, pero presentar como ciertos hechos graves y delictivos exige haber actuado con la diligencia necesaria para comprobarlos.