Ferrer y Vinces presentan el programa de su jornada sobre compra pública de medicamentos: ponentes y mesas de debate

Modificar la compra pública sanitaria no exige siempre aprobar una nueva ley. Los trámites dependen de si se quiere aprovechar las posibilidades existentes, desarrollar su regulación o cambiar las reglas legales. La referencia principal es la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), junto con las competencias autonómicas y las exigencias europeas.

1. Cambios mediante pliegos y decisiones administrativas

Si el objetivo es incorporar calidad, innovación o aspectos ambientales vinculados al objeto del contrato, no necesariamente hay que reformar la LCSP: esta ya persigue la mejor relación calidad-precio. También existen instrumentos para compras agregadas e innovadoras.

La administración sanitaria tendría que justificar la necesidad, elegir el procedimiento permitido, aprobar el expediente, el gasto y los pliegos, y tramitar la licitación. Las instrucciones internas pueden homogeneizar prácticas, pero no pueden modificar la ley ni crear excepciones a la publicidad o la competencia. Sanidad explica las posibilidades de la compra pública de innovación.

2. Desarrollo reglamentario y centralización

Cuando el cambio cabe dentro de la ley, puede requerir un real decreto, una orden ministerial o una norma autonómica. El expediente debe incorporar la justificación y memoria de impacto, los informes preceptivos y los trámites de consulta, audiencia e información pública que correspondan. Los reales decretos los aprueba el Consejo de Ministros; las órdenes, el ministerio competente. Después se publican oficialmente.

Existe una habilitación concreta para centralizar compras sanitarias. La disposición adicional vigésima séptima de la LCSP permite declarar suministros y servicios de adquisición centralizada mediante orden de Sanidad, previo informe favorable del órgano competente de Hacienda. La Orden SND/682/2021 aplica este mecanismo mediante acuerdos marco: fija condiciones para adjudicar contratos posteriores. Las comunidades autónomas pueden adherirse mediante el correspondiente acuerdo; no quedan incorporadas automáticamente.

3. Reforma legal: cuándo y cómo

Para crear excepciones o alterar requisitos fijados legalmente sería necesaria una norma con rango de ley: modificar la LCSP o aprobar una ley sanitaria que introduzca expresamente esos cambios. La vía ordinaria sería una ley ordinaria, no una ley orgánica por tratarse de sanidad.

• Preparación gubernamental: anteproyecto, memoria de impacto, participación pública e informes exigibles; posteriormente, aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros y remisión al Congreso.
• Congreso: publicación y plazo inicial de quince días hábiles para enmiendas, prorrogable; debate de totalidad si se presentan esas enmiendas; informe de ponencia y dictamen de comisión. Puede haber aprobación final en comisión con competencia legislativa plena, sin votación final del Pleno.
• Senado: puede aprobar, enmendar o vetar. El Congreso decide sobre las enmiendas y puede levantar el veto por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría simple.
• Cierre: sanción, promulgación, publicación en el BOE y entrada en vigor en la fecha prevista.

Una proposición de ley parlamentaria sigue un recorrido similar, pero normalmente requiere una toma en consideración: votar si comienza su tramitación. Los proyectos gubernamentales no necesitan ese trámite, conforme al Reglamento del Congreso.

4. Comunidades autónomas y vía urgente

Las comunidades pueden aprobar leyes, decretos y decisiones organizativas para sus servicios de salud, respetando las bases estatales, como recuerda la STC 68/2021. Un acuerdo de coordinación territorial no sustituye las normas necesarias.

Excepcionalmente, el Gobierno podría recurrir al decreto-ley por extraordinaria y urgente necesidad, sujeto a límites constitucionales y a convalidación parlamentaria en treinta días. En cualquier vía deben respetarse las reglas europeas y concretarse cómo se aplicará el cambio a contratos existentes y futuras licitaciones.

El director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia dirige el órgano responsable de la cartera común de prestaciones, la política farmacéutica y determinadas funciones de financiación y cohesión sanitaria. Sus competencias se recogen principalmente en el artículo 5 del Real Decreto 718/2024, de 23 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, modificado por el Real Decreto 1137/2025, de 10 de diciembre.

La norma atribuye las funciones a la Dirección General, dependiente de la Secretaría de Estado de Sanidad, y distribuye su ejercicio entre sus subdirecciones. Por tanto, no deben interpretarse todas como decisiones personales y exclusivas de su titular.

1. Política farmacéutica, financiación y precios

El artículo 5.1 le encomienda «la dirección, desarrollo y ejecución de la política farmacéutica del Departamento». El apartado 2 concreta estas responsabilidades:

• Financiación pública: resolver sobre la financiación de cada medicamento y sus indicaciones, y de los productos sanitarios dispensados mediante receta oficial; determinar condiciones de prescripción y dispensación, incluidos visados previos, y asignar códigos nacionales a los productos sanitarios financiados.
• Precios: prestar apoyo técnico y administrativo a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos; elaborar y aplicar revisiones generales de precios; proponer precios máximos de productos sanitarios y emitir informes sobre márgenes de distribución y dispensación.
• Condiciones económicas: proponer condiciones de financiación, aportación del paciente y exclusiones de medicamentos; tramitar ofertas al sistema público, gestionar aportaciones por volumen de ventas e informar sobre gasto farmacéutico.
• Coordinación y uso racional: coordinarse con las comunidades autónomas sobre prestación y ordenación farmacéuticas; proponer requisitos de recetas y órdenes hospitalarias y criterios comunes de colaboración con oficinas de farmacia.
• Información y evaluación: gestionar información sobre financiación, precios, recetas y compras hospitalarias; coordinar protocolos farmacoclínicos, evaluación de tecnologías y seguimiento de resultados en salud.
• Publicidad, formación y control: controlar la publicidad y la calidad de la información profesional; promover educación sanitaria, atención farmacéutica, formación y colaboración científica; participar en normativa, instruir y resolver procedimientos sancionadores de su competencia, promover medidas cautelares e informar recursos.

2. Cartera de servicios y evaluación sanitaria

En este ámbito le corresponde unificar y garantizar el aseguramiento sanitario, elaborar y actualizar la cartera común, ordenar las prestaciones y definir sus garantías. También debe seguir su cumplimiento con las comunidades autónomas.

Además, coordina la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones; identifica tecnologías emergentes y organiza evaluaciones, estudios de monitorización y usos tutelados. Elabora estudios sobre necesidades sanitarias y recursos, analiza la financiación del sistema y sus necesidades económicas, evalúa el impacto económico de las prestaciones y prepara estadísticas de gasto sanitario.

3. Cohesión, prestaciones específicas y cooperación europea

• Promover eficiencia y desarrollar y gestionar el Fondo de Cohesión Sanitaria y el Fondo de Garantía Asistencial.
• Establecer criterios y procedimientos para designar centros, servicios y unidades de referencia y coordinar su integración en redes europeas.
• Gestionar la oferta financiable de productos dietéticos y ortoprotésicos y revisar sus importes máximos de financiación.
• Coordinar procedimientos de asistencia sanitaria transfronteriza y apoyar las Redes Europeas de Referencia.

4. Reforma y organización

La reforma de diciembre de 2025 trasladó a la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud la coordinación y gestión normativa sobre reproducción humana asistida y células reproductoras, anteriormente atribuida a esta Dirección General.

Las funciones farmacéuticas se articulan mediante la Subdirección General de Farmacia; las de prestaciones y compensación, mediante la Subdirección General de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación. La gestión de información farmacéutica se realiza en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Referencias: BOE de 24/07/2024 y reforma de 2025.

Las administraciones públicas deben incorporar criterios sociales y medioambientales en la contratación de medicamentos cuando estén relacionados con el objeto del contrato. No basta con premiar a un laboratorio por su reputación sostenible: las exigencias deben ser objetivas, proporcionadas, transparentes y comprobables, respetar la competencia y mantener las garantías sanitarias.

1. Base legal y vinculación con el suministro

El artículo 1.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) establece la incorporación transversal y preceptiva de estos criterios, siempre que guarden relación con el objeto contractual. La ley incorpora al ordenamiento español las directivas europeas de contratación pública.

La conexión puede referirse al medicamento o a procesos de su ciclo de vida: fabricación, embalaje, transporte, almacenamiento o gestión de residuos. Por ejemplo, pueden plantearse mejoras en los embalajes logísticos o condiciones laborales de quienes ejecutan el suministro. En cambio, una política general de responsabilidad social, sin conexión demostrable con la prestación contratada, no justifica por sí sola una ventaja.

2. Elegir el instrumento adecuado

La administración debe distinguir entre funciones que no son intercambiables:

• Prescripciones técnicas: fijan las características mínimas exigidas al suministro.
• Criterios de adjudicación: permiten comparar las ofertas y valorar mejoras sociales o ambientales para obtener la mejor relación calidad-precio.
• Condiciones especiales de ejecución: obligan al adjudicatario durante el cumplimiento del contrato. El artículo 202 exige incluir al menos una condición de carácter social, medioambiental o relativo al empleo.
• Solvencia: acredita la capacidad del proveedor. Las exigencias ambientales utilizadas con esta finalidad deben resultar necesarias y proporcionadas al contrato.

Incluir una mejora ambiental puntuable no sustituye la obligación de establecer la correspondiente condición especial de ejecución.

3. Definir y acreditar los criterios previamente

Los pliegos deben precisar qué se exige o valora, su ponderación, el método de evaluación y los documentos acreditativos. Deben evitarse expresiones abiertas como “proveedor sostenible” sin indicadores que permitan comparar ofertas y comprobar compromisos.

Por ejemplo, si se valora la huella ambiental del suministro, deben definirse el alcance del cálculo y las evidencias admisibles, para que todas las empresas compitan sobre bases comparables. Las etiquetas y certificaciones pueden servir de prueba, pero deben admitirse las equivalencias legalmente procedentes; no pueden convertirse en una barrera injustificada.

4. Respetar igualdad y competencia

Los requisitos no pueden favorecer indebidamente a una empresa, tecnología u origen geográfico. Su intensidad debe guardar proporción con la prestación y no restringir innecesariamente la participación. Las consultas preliminares de mercado pueden ayudar a conocer qué mejoras son viables, pero no sustituyen la justificación jurídica de los pliegos.

5. Mantener las garantías farmacéuticas y controlar el cumplimiento

La sostenibilidad no permite rebajar la calidad, seguridad o eficacia del medicamento ni alterar sus condiciones autorizadas de conservación y distribución. La contratación debe respetar también el régimen de financiación y precios aplicable. El texto refundido sobre medicamentos exige preservar la calidad durante el transporte: una solución logística menos contaminante no puede comprometer la conservación.

Finalmente, los pliegos deben prever evidencias, seguimiento y consecuencias por incumplimiento, incluidas penalidades o resolución cuando proceda. La clave jurídica es contratar compromisos concretos y verificables, no declaraciones generales del proveedor, manteniendo la seguridad del paciente y la continuidad del abastecimiento.