La contratación pública de alimentos ecológicos dependerá más del presupuesto o la logística que de la normativa

A 2 de octubre de 2026, el nuevo Reglamento europeo sobre contratación pública (la denominada Public Procurement Act, propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones, expediente 2026/0265(COD)) se encuentra en una fase muy inicial del procedimiento legislativo ordinario de la UE. La Comisión ha presentado la propuesta y el expediente está registrado en el Parlamento Europeo en fase preparatoria, pero Parlamento y Consejo aún no han adoptado sus posiciones ni han iniciado los trílogos. En consecuencia, no se prevé una aprobación definitiva en 2026; el propio calendario indicativo del Parlamento sitúa el cierre de las negociaciones hacia el cuarto trimestre de 2027.

1. Dónde está exactamente el expediente

Según la información pública de la Comisión y del Parlamento Europeo:

• La Comisión Europea adoptó la propuesta de Reglamento de contratación pública el 9 de septiembre de 2026, como parte de su estrategia para modernizar y simplificar el marco de contratación, sustituyendo las actuales directivas de 2014 por un único reglamento directamente aplicable en los Estados miembros.
• En el Parlamento Europeo, la iniciativa figura registrada como procedimiento legislativo ordinario con el código 2026/0265(COD), en situación descrita como “preparatory phase in Parliament” o “anunciada”:
  • La propuesta ha sido formalmente remitida, pero aún está en la fase de preparación interna (asignación de comisión competente, nombramiento de ponente, definición de calendario de enmiendas, etc.).
  • No consta todavía posición adoptada en comisión ni en Pleno, ni un texto del Parlamento aprobado en primera lectura.
• En el Consejo de la UE la propuesta debe empezar igualmente su recorrido: examen por los grupos de trabajo y por el Coreper hasta que los Estados fijen una “posición general”, paso previo para entrar en negociación con la Eurocámara.

En suma, el Reglamento acaba de entrar en el circuito parlamentario europeo: no se ha llegado aún a las fases propiamente legislativas de votación en comisión y en Pleno ni a la negociación interinstitucional entre Consejo, Parlamento y Comisión.

2. Próximos pasos en el procedimiento

Al tratarse de un procedimiento legislativo ordinario (art. 294 TFUE), el recorrido que queda por delante es, esquemáticamente, el siguiente:

• Parlamento Europeo:
  • Asignación formal a una o varias comisiones (previsiblemente del ámbito de Mercado Interior e Industria).
  • Designación de un ponente y presentación de enmiendas por los grupos.
  • Votación en comisión del informe y, después, votación en Pleno para fijar la posición del Parlamento en primera lectura.
• Consejo de la UE:
  • Debate técnico en grupos de trabajo y en el Coreper.
  • Aprobación de una posición común (a veces ya negociada de manera informal con la Eurocámara).
• Trílogos:
  • Negociaciones entre Parlamento, Consejo y Comisión para buscar un texto de compromiso.
  • Si hay acuerdo, adopción formal por Parlamento y Consejo; si no, posible segunda lectura y, en última instancia, comité de conciliación.
• Adopción y entrada en vigor:
  • Una vez aprobado, el Reglamento se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
  • Entrará en vigor en la fecha que fije su propio articulado, normalmente con una vacatio legis que puede ser significativa dada la profundidad de la reforma.

3. Previsión de aprobación definitiva

La documentación parlamentaria sobre la Public Procurement Act sitúa el cierre de las negociaciones en torno al cuarto trimestre de 2027 como horizonte indicativo. Esto no es un compromiso jurídico, pero sí una señal política de que las instituciones esperan un proceso largo, acorde con la envergadura del expediente (unificación de varias directivas, nuevo marco de mercado único digital de contratación, refuerzo de criterios de calidad, seguridad y resiliencia, etc.).

De esta información se desprenden varias conclusiones:

• No es realista contar con una aprobación definitiva en 2026: el texto se acaba de presentar y ni Parlamento ni Consejo han sentado aún sus posiciones.
• El escenario más plausible, si el expediente mantiene prioridad política y no se encalla en el Consejo, es una adopción en 2027, previsiblemente hacia finales de año, alineada con la previsión de la “legislative train” del Parlamento Europeo.
• Aun con aprobación en 2027, la aplicación efectiva de muchas de sus obligaciones podría desplazarse algunos años más, en función de la vacatio y de las disposiciones transitorias que se acuerden.

Por tanto, hoy por hoy puede afirmarse que el Reglamento europeo sobre contratación pública está en fase de arranque del procedimiento legislativo, sin votaciones aún en el Parlamento ni acuerdo con el Consejo, y que su aprobación definitiva se proyecta para 2027 o más adelante, no para este año.

La Comisión Europea no gestiona directamente la contratación pública de los Estados miembro, pero sí tiene amplias competencias legales para regular, supervisar y hacer cumplir las normas europeas que los Estados deben aplicar cuando contratan con fondos públicos. Su papel se apoya sobre todo en el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) y en las directivas de contratación pública.

1. Base jurídica de la intervención de la Comisión

Las competencias de la Comisión derivan principalmente de:

• Libertades fundamentales del mercado interior (arts. 49, 56 y ss. TFUE): libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, que exigen que los contratos públicos no discriminen por nacionalidad ni cierren los mercados.
• Normas de competencia y ayudas de Estado (arts. 101–109 TFUE), que se proyectan sobre ciertos contratos públicos, concesiones y colaboraciones público-privadas.
• La cláusula de armonización del art. 114 TFUE, que permite adoptar directivas para el funcionamiento del mercado interior, base de las actuales directivas de contratación.

Sobre esta base, el legislador de la UE (Parlamento y Consejo, a propuesta de la Comisión) ha aprobado las grandes directivas de 2014 (2014/24/UE, 2014/25/UE, 2014/23/UE, entre otras), cuyo cumplimiento la Comisión vigila.

2. Potestad de iniciativa legislativa

En contratación pública, la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa a nivel de la UE:

• Propone nuevas directivas y reglamentos sobre contratación (umbral comunitario, procedimientos, publicidad, criterios de adjudicación, recursos, etc.).
• Impulsa revisiones y modernizaciones del marco normativo (por ejemplo, para integrar objetivos de contratación estratégica: innovación, clima, inclusión social).
• Acompaña estos textos con informes de evaluación de impacto y análisis de funcionamiento del mercado de la contratación en la UE.

No decide sola el contenido final (eso corresponde al Parlamento y al Consejo), pero sí define la agenda y el diseño técnico inicial de la normativa europea en la materia.

3. Competencias de armonización y fijación de normas

Las directivas europeas fijan un marco común obligatorio que los Estados deben transponer a su Derecho interno. Bajo este paraguas, la Comisión:

• Establece, a través del legislador de la UE, principios y obligaciones mínimas para la contratación por encima de ciertos umbrales (publicación en el DOUE, plazos mínimos, tipos de procedimiento, etc.).
• Asegura que estos principios se ajusten a las libertades del mercado interior: igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad y reconocimiento mutuo.
• Impulsa normas específicas para sectores especiales (agua, energía, transportes, servicios postales) y para las concesiones.

Aunque la gestión diaria la realizan poderes adjudicadores nacionales, sus decisiones deben respetar ese marco europeo armonizado que la Comisión ha impulsado.

4. Supervisión del cumplimiento: procedimientos de infracción

Una de las competencias más relevantes de la Comisión es la de “guardiana de los Tratados”:

• Vigila que los Estados miembro transpongan correctamente las directivas de contratación (plazos, coherencia normativa, eliminación de barreras injustificadas).
• Controla que, en la práctica, las reglas de la UE se apliquen cuando las administraciones contratan (adjudicaciones directas ilegales, discriminación por nacionalidad, cláusulas desproporcionadas, etc.).
• Puede abrir procedimientos de infracción (art. 258 TFUE) contra un Estado que incumpla sus obligaciones, y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, que puede condenarlo e incluso imponer multas (arts. 258–260 TFUE).

Esta función no la convierte en tribunal de recursos para licitadores individuales, pero sí en autoridad que puede actuar ante incumplimientos estructurales o reiterados en materia de contratación.

5. Interpretación, soft law y cooperación

Más allá de la legislación y el control formal, la Comisión ejerce varias competencias “blandas” que influyen en la contratación pública nacional:

• Emite comunicaciones, directrices e interpretaciones sobre cómo deben entenderse las directivas y los principios del Tratado en casos concretos (contratación verde, social, innovación, central de compras, etc.).
• Publica manuales, guías y recomendaciones que orientan a los poderes adjudicadores nacionales, aunque no sean jurídicamente vinculantes.
• Gestiona programas de asistencia técnica y formación para mejorar la capacidad administrativa en los Estados miembro, especialmente cuando hay fondos de la UE implicados.
• Supervisa, junto con otras direcciones generales, el uso de los fondos europeos (estructurales, Next Generation, etc.), pudiendo corregir financiación si aprecia irregularidades en la contratación.

6. Dimensión internacional

Finalmente, la Comisión representa a la UE en la Organización Mundial del Comercio y en otros foros internacionales en materia de contratación pública (por ejemplo, en el Acuerdo sobre Contratación Pública – GPA). Negocia compromisos de apertura de mercados y, a cambio, exige a los Estados miembro que apliquen internamente esos compromisos conforme al Derecho de la Unión.

En conjunto, la Comisión Europea no sustituye a las autoridades de los Estados miembro a la hora de adjudicar contratos, pero tiene una competencia decisiva para fijar, interpretar y hacer cumplir el marco jurídico que rige la contratación pública en toda la Unión.

En España, un productor ecológico que quiera suministrar a la Administración en el marco de la compra pública verde necesita cumplir, a la vez, los requisitos de la normativa de producción ecológica y los de la contratación pública. No existe un “registro único específico” de proveedores ecológicos, sino un encaje entre ambos marcos.

1. Requisitos como productor ecológico (marco UE + España)

La condición de “operador ecológico” viene regulada por el Reglamento (UE) 2018/848 sobre producción ecológica y etiquetado, que exige:

• Notificación de la actividad ecológica a la autoridad competente antes de iniciar la producción, transformación, distribución o almacenamiento ecológico.
• Certificación ecológica vigente, emitida por un organismo o autoridad de control autorizado, que acredite el cumplimiento del Reglamento 2018/848 y permita usar el término “ecológico/biológico” y el logotipo de la UE.
• Controles periódicos (en general, al menos uno anual) sobre parcelas, instalaciones, registros y productos, con posibilidad de controles adicionales en función del riesgo.
• Registros de trazabilidad que permitan seguir el producto desde la producción hasta la entrega: entradas de insumos, tratamientos, cosechas, compras, ventas, lotes, etc.

En España, esa condición debe reflejarse en la inscripción del operador en el registro autonómico de producción ecológica, que alimenta el Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE) del Ministerio de Agricultura.
Los pliegos de compra pública suelen comprobar la inscripción en estos registros para verificar que el proveedor está sometido al sistema oficial de control.

2. Requisitos para poder contratar con el sector público

Los requisitos generales para ser proveedor de cualquier contrato público están en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) (texto en BOE):

• Capacidad de obrar y habilitación profesional: ser persona física o jurídica con objeto social adecuado (actividad agraria, transformación, distribución, catering, etc.).
• Ausencia de prohibiciones de contratar (no estar inhabilitado, al corriente en obligaciones tributarias y de Seguridad Social, etc.).
• Solvencia económica y técnica adecuada al contrato (volumen de negocio, experiencia, medios humanos y materiales, seguros, etc.). La LCSP permite acreditar parte de esta solvencia mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE/ROLECSP): estar inscrito no es obligatorio en todos los casos, pero:
  • simplifica la acreditación documental ante cualquier órgano de contratación;
  • puede ser exigido en determinados procedimientos si así lo señalan el anuncio y los pliegos.

Es importante distinguir: ROLECE/ROLECSP acredita la capacidad y solvencia como empresa, pero no sustituye a la certificación ecológica; son planos distintos.

3. Requisitos específicos en la compra pública verde de productos ecológicos

La compra pública verde en la Administración General del Estado se articula, sobre todo, a través de:

• El Plan de Contratación Pública Ecológica 2018‑2025, aprobado por la Orden PCI/86/2019 (Plan de CPE en BOE).
• El Manual para la contratación pública ecológica de la AGE y el Catálogo de Prescripciones Técnicas de Contratación Pública Ecológica, presentados por MITECO y Hacienda (nota de MITECO, nota de Hacienda).

En contratos de alimentación, catering o restauración “verde”, los pliegos suelen exigir al proveedor ecológico:

• Acreditar que los productos ofertados son ecológicos certificados conforme al Reglamento (UE) 2018/848, mediante certificados vigentes del operador y/o de los productos o lotes.
• Justificar la inscripción en el registro autonómico de operadores ecológicos (y, en su caso, en el registro estatal REGOE), para que el órgano de contratación pueda verificar la condición de operador y los controles a los que está sometido.
• Demostrar la trazabilidad en la cadena de suministro (producción, almacenamiento, transporte, distribución, servicio en comedor) para garantizar que lo servido mantiene el estatus ecológico.
• Cumplir prescripciones técnicas ambientales adicionales fijadas en los pliegos (porcentaje mínimo de producto ecológico, criterios de proximidad y temporada, reducción de envases, gestión de residuos, etc.), con mecanismos de verificación claros inspirados en el Plan y el Catálogo.
• Acreditar la solvencia y habilitación para contratar en los términos de la LCSP (y, cuando el pliego lo exija, mediante ROLECE/ROLECSP).

4. Síntesis práctica

En la práctica, un productor ecológico que quiera registrarse y operar como proveedor en compra pública verde debería asegurarse de:

• Estar notificado y certificado como operador ecológico conforme al Reglamento (UE) 2018/848.
• Figurar en el registro autonómico de operadores ecológicos correspondiente.
• Cumplir los requisitos generales de la LCSP (capacidad, solvencia, ausencia de prohibiciones) y valorar la inscripción en ROLECE/ROLECSP para simplificar la documentación.
• Revisar en cada licitación las prescripciones técnicas de compra verde (porcentaje de producto ecológico, etiquetado, envases, residuos, etc.) y preparar la evidencia documental que pide el pliego.

A partir de ahí, el “registro” como proveedor se materializa a través de la participación en licitaciones concretas y, en su caso, de la inscripción voluntaria en ROLECE/ROLECSP, más que en un censo separado exclusivo para productores ecológicos.