El Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria, celebrado esta semana en València, ha subrayado la necesidad de “voluntad política, recursos, cambios normativos y una estructura pública capaz de sostener” este tipo de políticas con el fin de “transformar los territorios, fortalecer la agricultura campesina y familiar, y mejorar la alimentación de la ciudadanía”.
Esta idea se recoge como una de las conclusiones centrales del Manifiesto de València sobre compra pública alimentaria vinculada a la agricultura familiar y campesina, rubricado este viernes tras dos intensas jornadas de debate. En el encuentro, que ha combinado formato presencial y online debido a la alerta roja por temporal en València, han participado más de 150 personas de organizaciones campesinas, administraciones públicas, universidades, organismos internacionales y entidades sociales. El Foro ha sido organizado por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la Fundación Mundubat, con la colaboración de la Universitat Politècnica de València.
El Manifiesto remarca que “contamos con la evidencia científica, disponemos de las herramientas jurídicas y la sociedad civil está organizada. No faltan diagnósticos; hacen falta decisiones políticas estructurales que conviertan la compra pública alimentaria en una política de Estado dotada de estabilidad y continuidad más allá de los ciclos de gobierno”, tal y como ha difundido la Fundación Mundubat en un comunicado.
El texto propone que la compra pública de alimentos deje de concebirse como un simple trámite administrativo y pase a ser una “política pública estratégica, capaz de orientar recursos hacia la agricultura familiar y campesina, garantizar precios justos, fortalecer los territorios rurales, mejorar la alimentación de la ciudadanía, reducir el desperdicio, y proteger los derechos humanos en las cadenas de suministro”.
En esta línea, el coordinador general de Mundubat, Antonio Montoro, ha insistido en “que no se pierdan nunca de vista” los derechos humanos y la Declaración de Derechos del Campesinado (UNDROP), incluyendo el derecho a la alimentación, al acceso a la tierra y a percibir precios justos. Asimismo, ha destacado “el papel de lo público en garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos”.
Intercambio de experiencias y políticas de éxito
Durante la segunda jornada del Foro se han desarrollado mesas redondas y espacios de trabajo en los que han participado representantes de la FAO, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Estado español, de pequeños municipios, de organizaciones campesinas y de la sociedad civil. El objetivo ha sido compartir experiencias exitosas que prueban que existen alternativas y que la transformación de la compra pública alimentaria es viable cuando hay voluntad política, planificación e inversión pública.
El Manifiesto incorpora aprendizajes de iniciativas impulsadas en distintas regiones del planeta, como Brasil, Cabo Verde, Colombia, Indonesia o India, entre otros países, donde las políticas públicas han utilizado la compra institucional de alimentos para respaldar a la pequeña agricultura y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la alimentación de las comunidades.
El documento también recoge ejemplos europeos y municipales que han avanzado en la adaptación de la contratación pública, en la puesta en marcha de infraestructuras logísticas y en la mejora de la coordinación entre administraciones y sectores productores.
El presidente de CERAI, Txaran Basterrechea, ha subrayado que “cada euro destinado a los comedores escolares, hospitales y residencias puede contribuir a una alimentación saludable y a sistemas alimentarios más justos y sostenibles”.
Para lograrlo, ha reclamado que “las administraciones deben adaptar los contratos, superar el predominio del precio más bajo y garantizar transparencia sobre el origen y las condiciones de producción de los alimentos”.
Las propuestas debatidas en València ponen sobre la mesa una cuestión de fondo: qué se decide financiar con el dinero público y qué modelo de alimentación, de agricultura y de territorio se quiere respaldar desde las instituciones.
El Foro ha sostenido que “La compra pública alimentaria tiene el poder de redirigir la inversión pública hacia la transición agroecológica, proteger a la agricultura familiar mediante precios justos que cubran los costes de producción, actuar como medida preventiva de salud pública integral al reducir la exposición a agrotóxicos y garantizar dietas de calidad nutricional”, entre otros beneficios.
En la misma línea, los participantes han defendido que “para asegurar el derecho a la alimentación a la sociedad, hay que garantizar los derechos del campesinado, incluyendo un salario digno, precios remunerativos, políticas públicas coherentes que apoya la transición agroecológica y el relevo generacional”, y que para ello resulta imprescindible un diálogo constante, así como el respaldo político y los recursos de las autoridades locales, estatales y europeas.