UU.AA. anticipa vendimia récord en Galicia por encima de 80 millones de kilos y reclama precios justos

Unións Agrarias prevé una vendimia récord en Galicia, con más de 80 millones de kilos de uva, y exige precios justos y más controles oficiales.

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Unións Agrarias (UU.AA.) prevé que la próxima campaña de vendimia vuelva a ser “récord”, con cálculos que apuntan a que se podrían rebasar los 80 millones de kilos de uva recolectados y “de una calidad inmejorable”. No obstante, la organización agraria insiste en la necesidad de garantizar precios “justos” para los viticultores y de reforzar los controles y actuaciones por parte de las administraciones.

Así lo expusieron este viernes en una rueda de prensa el responsable de Agricultura de UU.AA., Carlos Basalo, y el vicesecretario xeral, Félix Porto, que detallaron que la vendimia de este 2026 se ha adelantado como consecuencia de las condiciones meteorológicas. “Nunca se vendimió tan pronto”, subrayó Basalo, remarcando que, además de este adelanto, se espera un volumen de uva recogida todavía mayor que el de 2025.

Las previsiones de la organización pasan por superar los 80 millones de kilos y registrar incrementos en las cinco denominaciones de origen de Galicia. Sin embargo, los portavoces de UU.AA. han mostrado su inquietud porque todo apunta a que, en el mejor de los escenarios, los precios “se mantengan” e incluso puedan “bajar” en la denominación de Rías Baixas.

Ante la falta de un estudio detallado sobre los costes de producción que garantice que estos se cubren, UU.AA. ha vuelto a poner el foco en la responsabilidad de las administraciones y en la necesidad de intensificar los controles sobre la compra de uva.

En este sentido, han señalado de forma específica a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y a la Consellería do Medio Rural ante posibles vulneraciones de la Ley de la Cadena Alimentaria. Asimismo, han reiterado sus reclamaciones, entre ellas la creación “de una vez por todas” del observatorio de precios comprometido por el Ejecutivo autonómico y la retirada de ayudas públicas a aquellas industrias sancionadas o con expedientes abiertos por abonar importes por debajo de los costes de producción.

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