El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha comunicado en el Pleno de las Cortes autonómicas que el Ejecutivo regional ya ha puesto en marcha contactos con embajadas de varios países de origen de menores extranjeros no acompañados con el objetivo de estudiar su posible regreso junto a sus familias.
Este anuncio se ha producido durante la contestación a la pregunta planteada por la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista y vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Nuria Rubio. En su intervención, la parlamentaria socialista ha reclamado a la Junta datos concretos que avalen el argumento de la falta de capacidad del sistema público para seguir acogiendo a más menores no acompañados.
Rubio ha exigido una gestión "rigurosa" del sistema de protección frente a los discursos de "confrontación" y ha afeado al vicepresidente que utilice su cargo institucional para difundir "soflamas racistas" que "avergüenzan profundamente" a la comunidad.
La representante del PSOE ha insistido en que los menores no acompañados no son un "enemigo", sino un grupo de niños y adolescentes que necesita "protección" por parte de las instituciones. "El odio se aprende cuando los adultos convierten al diferente en una amenaza. Se aprende cuando un vicepresidente señala que hay infancias que merecen protección y otras que merecen sospecha", ha señalado Rubio, que también ha criticado la gestión de la Vicepresidencia al considerar que medidas como la apertura de un buzón de sugerencias o la búsqueda de personal asesor son pura propaganda.
En su turno, Rubio ha puesto en valor la "valiosa" contribución laboral de la población migrante en Castilla y León y en la provincia de León, destacando su papel para frenar la caída de autónomos y mantener puestos de trabajo en sectores donde falta mano de obra. Además, ha responsabilizado directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "entregar" estas competencias al departamento de Pollán con el fin de conservar la Presidencia.
Por otro lado, el vicepresidente primero ha defendido que el criterio esencial en la atención a este colectivo debe ser "el interés superior del menor", lo que, a su juicio, implica priorizar que estos jóvenes "permanezcan en sus países de origen junto a sus familias o bajo la custodia de los organismos competentes".
Pollán ha señalado que la postura de la Junta cuenta, según ha dicho, con un amplio respaldo social en la comunidad y ha reivindicado la "plena legalidad" de las medidas puestas en marcha por el Gobierno autonómico.
En la parte final de su intervención, el vicepresidente ha sostenido que desde 2024 la capacidad efectiva del sistema de acogida de Castilla y León está desbordada. En este contexto, ha acusado al Gobierno central de actuar de forma "unilateral" mediante decretos leyes que la Junta ha recurrido, sin buscar un consenso entre todas las autonomías ni "respetar" las competencias propias de la comunidad en materia de protección de menores.