El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha acudido este martes al Parlamento foral para detallar cómo actúa el Servicio Navarro de Salud en la atención a personas que no residen en la Comunidad, así como el modo en que se organiza y financia esa asistencia.
Domínguez ha recalcado que no es posible englobar a todos los no residentes o extranjeros en un único grupo, ya que la situación de cada paciente es distinta. Como ejemplo, ha citado a los heridos en los encierros de San Fermín, considerados un accidente. “Si son extranjeros y tienen algún seguro de asistencia médica, se le cobra al seguro, y si no tienen seguro, se le factura a la persona”, ha señalado, indicando que este criterio se aplica en todos los encierros que se celebran en Navarra.
El consejero ha añadido además que “se persiguen las cantidades facturadas, hay un departamento de contabilidad que está pendiente de lo que se cobra y lo que falta por cobrar”.
Durante su intervención, Domínguez ha remarcado que “el hecho de que una persona no sea residente en Navarra no determina por sí mismo que tenga que pagar la asistencia sanitaria recibida en Navarra o que no tenga derecho a la misma”. “Cada caso tiene sus circunstancias y sus particularidades, y hay que estudiarlo como tal”, ha insistido.
Ha recordado que la normativa establece que “la asistencia sanitaria pública, con carácter universal, se extiende a las personas que residan en los municipios de Navarra”, pero incluye también de forma expresa a las personas inmigrantes empadronadas en los municipios navarros, con independencia de su situación administrativa; a personas transeúntes o desplazadas; a quienes tienen derecho a la asistencia por otra Administración o Estado, y a quienes no disponen de derecho reconocido a la sanidad pública con cargo a fondos públicos.
Tras esta explicación, Domínguez ha indicado que “cada uno de los grupos descritos tiene sus circunstancias, sus derechos y su mecanismo de financiación o compensación”. Además, ha precisado que “en nuestro sistema primero se atiende al paciente y después se determina, de acuerdo a sus circunstancias, el régimen económico que le corresponde”.
El consejero ha distinguido siete grandes categorías de pacientes sin residencia en Navarra: desplazados de otras Comunidades Autónomas; pacientes remitidos desde otra Comunidad; ciudadanos de comunidades limítrofes; asegurados de otros Estados de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza; asegurados de países con convenio bilateral; personas sin cobertura sanitaria pública reconocida; y menores, mujeres gestantes y situaciones de urgencia o emergencia.
Respecto a quienes tienen derecho a asistencia mediante tarjeta sanitaria de otra Comunidad Autónoma, Domínguez ha explicado que su financiación se canaliza a través del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) y del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS), instrumentos económicos del Sistema Nacional de Salud (SNS). “Desde 2013, las liquidaciones de ambos fondos dejaron de depender de créditos fijos en los Presupuestos Generales del Estado y pasaron a gestionarse mediante un sistema de compensación de saldos (positivos y negativos) descontados o ingresados a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es un tema que genera controversia entre las comunidades ya que algunas reclaman una reforma legal profunda ante la falta de desarrollo reglamentario completo y los desequilibrios en las aportaciones de cada territorio”, ha expuesto.
En Navarra, la compensación se articula mediante la aportación del Convenio Económico con el Estado. El saldo acumulado correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026 por estas prestaciones sanitarias en la Comunidad foral es positivo y asciende a 1,9 millones de euros.
En lo relativo a los pacientes residentes en otro país distinto de España, cuando se trata de ciudadanos de la Unión Europea, del EEE o de Suiza (turistas o estancias temporales), la atención se registra con la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). La factura se envía al INSS, que se encarga de reclamar y cobrar el importe al sistema de seguridad social del país de origen del turista mediante las plataformas de coordinación europeas.
Si proceden de Estados con convenios bilaterales (como Andorra, Chile o Marruecos), lo recomendable es que la persona aporte un formulario de derecho emitido por su país, que acredita que viaja amparada por dicho acuerdo, y se registra. Como en el caso anterior, el INSS realiza la liquidación con el otro Estado y el coste de estas atenciones se descuenta de la aportación anual que Navarra realiza al Gobierno central.
Cuando el paciente es ciudadano de un país sin convenio, como Estados Unidos, Canadá o Japón, y es atendido en la sanidad pública española, la asistencia no se cubre con fondos públicos estatales. En estos supuestos se emite una factura por el coste íntegro del servicio sanitario, de acuerdo con las tarifas oficiales vigentes, y se cobra al seguro médico privado de viaje o, si no lo tiene, directamente a la persona atendida.
La portavoz de UPN, Leticia San Martín, ha señalado que el fondo estatal resulta insuficiente para compensar todo el “gasto real” que asumen las Comunidades Autónomas y ha recordado que el consejero de Salud del Gobierno vasco ha criticado la “falta de transparencia” del sistema. “Las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria, tenemos que ser solidarios, pero tenemos que solicitar que se nos compense por esa atención sanitaria que damos”, ha recalcado.
Desde el PSN, Maite Esporrín ha manifestado que su grupo ha defendido siempre “una atención sanitaria universal, lo que significa que todas las personas tengan acceso sin discriminación alguna a servicios de salud integrales de calidad cuando y donde los necesitan sin enfrentarlas a dificultades financieras”. “Navarra es una de las comunidades más garantistas de este derecho”, ha afirmado.
El portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha sostenido que el actual sistema de compensación entre Comunidades requiere “mejoras muy evidentes, llevamos muchos años intentando desde distintos ámbitos que se mejore, sobre todo porque fue un sistema que se habilitó de forma provisional, y hay Comunidades que se sienten agraviadas”. “Hay que hacer un debate y ver cómo se puede reformar”, ha añadido.
Por parte de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha defendido que “el criterio fundamental” del Departamento es que “primero se atiende y luego se mira quién ha de pagar esa atención, y eso es lo que debe primar y el criterio que tienen que seguir todas las atenciones”. “Puede haber algún error, puede haber algún malentendido, pero lo que se hace es aplicar la normativa”, ha resaltado.
La portavoz del PPN, Irene Royo, ha considerado que “el consejero ha aclarado cómo se atiende y nos ha dado una explicación muy clara”, aunque “ha generado dudas sobre la cantidad y la repercusión que tiene esta gestión”. Ha reclamado “tiene que haber transparencia. ¿Cuántas personas no residentes han sido atendidas en Navarra en los últimos cinco años? ¿Cuál ha sido el coste anual de dicha asistencia? La cuestión no es si se atiende o no se atiende, sino si el Gobierno está defendiendo los intereses de Navarra ante quienes tienen que financiar estos servicios”.
Finalmente, el portavoz de Contigo-Zurekin, Daniel López, ha recordado que su grupo parte de la máxima de “todos los derechos para todas la personas”. “Estamos ante una casuística muy variada y el consejero ha reflejado casi todos los casos posibles en todo lo que ha expuesto”, ha indicado, reclamando que no exista “ambigüedad” en la defensa de la atención sanitaria a todas las personas.