Afortunadamente, el estigma sobre la salud mental y, sobre todo, hacia el hecho de buscar ayuda profesional para tratarla, se ha ido disipando y, en la actualidad, acudir al psicólogo o al psiquiatra está relativamente normalizado. Sin embargo, eso no es óbice para que todavía haya gente que, por prejuicios, cuestiones económicas o desconocimiento, tengan dificultades para llegar a recibir este soporte. Entre las personas mayores, esas barreras siguen siendo abundantes.
Un estudio impulsado por el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", y elaborado por investigadores la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, revela que el 44,8% de las personas entre 60 y 75 años considera difícil o muy difícil acceder a los recursos de salud mental.
El trabajo, realizado por Miriam Marco, del Departamento de Psicología Social de la Universitat de València, y Francisco Sánchez-Sáez, del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universitat Politècnica de València, analiza las respuestas de una muestra representativa de 1.411 personas. Entre los recursos examinados figuran la atención psicológica y psiquiátrica, las líneas telefónicas de ayuda y las asociaciones de apoyo.
La edad y el género
La percepción de las dificultades varía según la edad: el 52% de las personas de entre 60 y 64 años considera difícil o muy difícil acceder a estos recursos. La proporción desciende al 42% entre quienes tienen de 65 a 69 años y al 38,7% en el grupo de 70 a 75 años.
La investigadora Miriam Marco señala que esta distancia podría estar relacionada con las expectativas de acceso o con una mayor conciencia de las barreras entre las personas de menor edad dentro del colectivo estudiado.
También plantea la posibilidad de que las generaciones de más edad perciban de otra manera sus necesidades de atención y menciona que el desconocimiento de los recursos disponibles constituye otro de los resultados destacados de la investigación. El 76,1% de los encuestados afirma no conocer ningún teléfono de ayuda en materia de salud mental. Entre quienes identifican alguno, el más mencionado es el 112, citado por el 8,7% del total. Le siguen los teléfonos de hospitales o centros de salud, con un 5,2%, y el 061, con un 2,3%. El conocimiento espontáneo de la línea nacional de atención a la conducta suicida, el 024, es todavía menor: únicamente el 0,4% de los participantes supo identificarla.
Marco destaca la necesidad de mejorar la difusión de estos recursos y acercar la información a los espacios y canales que utiliza habitualmente la población mayor. Conocer la existencia de una línea de ayuda y saber cómo acceder a ella constituye un primer paso para que pueda utilizarse cuando sea necesaria.
De igual forma, los resultados reflejan diferencias de género en las actitudes hacia la atención psicológica. Las mujeres presentan una mayor predisposición a buscar ayuda y una menor preocupación por el estigma asociado a acudir a los servicios de salud mental. Sin embargo, también perciben menos calidad de vida y un peor estado de salud que los hombres.
Además del género, el nivel educativo, una menor percepción de soledad social y haber recibido tratamiento psicológico anteriormente aparecen asociados a actitudes más favorables hacia la búsqueda de ayuda.
La pandemia
El estudio detecta un impacto moderado de la pandemia en el bienestar emocional, especialmente entre las mujeres. No obstante, cuando los participantes valoran cómo afectó la crisis sanitaria a la salud mental de las personas de su misma edad, la percepción del deterioro es más elevada que cuando evalúan su propia situación.
El 42,2% de los hombres considera que la salud mental de las personas de su grupo de edad empeoró a raíz de la pandemia. Entre las mujeres, la proporción alcanza el 59,4%.
Según Marco, esta desemejanza indica que la percepción del deterioro de la salud mental colectiva es más intensa que la valoración individual. Es decir, los participantes reconocen con mayor frecuencia un empeoramiento entre las personas de su generación que en su propio bienestar.
La investigadora concluye que reforzar la educación y mejorar la comunicación sobre los recursos disponibles resulta esencial para favorecer la búsqueda de ayuda y promover un acceso equitativo a la atención psicológica.