El Consejo General de Economistas entiende que la no convalidación de los Reales Decretos-leyes de vivienda abre la puerta a impulsar una nueva iniciativa normativa desde una óptica “más amplia, estable y estructural”.
Tras la votación de este viernes en el Congreso, el organismo colegial subraya que el acceso a la vivienda continuará siendo “uno de los grandes retos económicos y sociales” de España y que, por ello, serán necesarias nuevas medidas específicas.
En esta línea, el Consejo defiende que cualquier futura regulación disponga de un plazo suficiente para el debate parlamentario y técnico, permita introducir mejoras, vaya acompañada de una memoria de impacto económico y social adecuada y fomente la participación de todos los actores implicados, incluidos los profesionales que después deberán interpretar y aplicar las normas.
Al mismo tiempo, los economistas estiman que la protección de los hogares vulnerables debe articularse sobre todo mediante recursos públicos “explícitos y suficientes”, evitando cargar de manera desproporcionada esa responsabilidad sobre el arrendador particular.
El Consejo también insiste en la importancia de reforzar la seguridad jurídica mediante regímenes transitorios “claros y previsibles” y de mantener, con carácter general, las condiciones de los contratos ya suscritos.
No obstante, la institución sitúa como desafío central el aumento de la oferta de vivienda. Por ello, reclama que las medidas de apoyo a la demanda se acompañen de un “verdadero plan de incremento de la oferta” que contemple la movilización de suelo, la agilización de licencias y trámites urbanísticos, la ampliación del parque público y social, el impulso a la construcción industrializada, la colaboración público-privada y mecanismos eficaces de garantías públicas frente al impago.
El Consejo sostiene que la política de vivienda ha de configurarse como “una política de Estado” que integre protección social, seguridad jurídica e incentivos económicos. A su entender, “difícilmente” se resolverá un problema estructural de escasez si solo se actúa sobre la forma en que se reparte la oferta ya existente, siendo imprescindible “crear las condiciones para que esa oferta aumente de manera sostenida”.
Por último, el Consejo General de Economistas reitera su disposición a colaborar con el Gobierno, los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y el resto de administraciones con competencias en la materia, con el fin de contribuir al diseño de una política de vivienda “estable, evaluable y basada en resultados”, que combine la protección de los ciudadanos con el incremento de la oferta, la seguridad jurídica y un funcionamiento adecuado del mercado.