El Gobierno ha remitido este jueves a audiencia pública, mediante tramitación de urgencia, el proyecto de real decreto que fija los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental, de resiliencia y de soberanía digital para los centros de datos, según ha señalado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El texto, que podrá recibir alegaciones desde hoy y hasta el 4 de septiembre, plantea que los centros de datos deberán cubrir con nueva generación renovable, y de forma horaria, al menos el 80% de la electricidad que consuman a lo largo de su funcionamiento.
El proyecto ha sido elaborado de forma conjunta por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública, después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado martes su tramitación por vía de urgencia.
Con esta regulación se pretende ordenar el despliegue de centros de datos ante el fuerte aumento de proyectos en estudio, garantizando altos estándares para ofrecer seguridad jurídica y favorecer la llegada de inversiones.
Para diseñar la norma, el Ejecutivo ha analizado los problemas surgidos en otros países, como Irlanda, Singapur, Países Bajos o Estados Unidos, y considera que ahora es el momento adecuado para anticiparse a la regulación y evitar esos riesgos.
La propuesta incluye obligaciones en materia de resiliencia y soberanía digital, entre ellas que la operación del centro y el control de los datos asociados a dicha operación recaigan en entidades sometidas al derecho de la Unión Europea. También incorpora exigencias de sostenibilidad ambiental y energética, como el consumo de energía renovable de nueva implantación y el cumplimiento de criterios de eficiencia energética y de uso del agua.
El objetivo es que estas instalaciones se ajusten a los estándares más estrictos de eficiencia hídrica y energética, al tiempo que se refuerzan la soberanía digital, tecnológica y la capacidad de cómputo.
Aunque España dispone de una Estrategia de Inteligencia Artificial (IA) que prevé unos 2,5 gigavatios (GW) de capacidad de computación para 2030, que requerirían entre 3,5 GW y 4 GW de demanda eléctrica, las solicitudes y permisos para este tipo de infraestructuras superan ampliamente ese horizonte. La posición geográfica del país, su clima y el potencial renovable han propiciado que, desde 2021, se hayan concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red.
La norma establece los requisitos para instalaciones superiores a 1 MW de potencia eléctrica, consideradas las de mayor impacto territorial, hídrico y ambiental, con la finalidad de que España pueda seleccionar los centros de datos que aporten mayores beneficios con el menor impacto posible.
PENALIZACIONES CRECIENTES POR INCUMPLIMIENTOS
En el ámbito energético, y siguiendo la lógica ya aplicada a la producción de combustibles renovables de origen no biológico y al hidrógeno renovable, el proyecto introduce la obligación de que los centros de datos consuman energía renovable en un mínimo del 80%, hasta que la generación renovable supere el 90% del 'mix' eléctrico.
Ese consumo deberá ser adicional: cada nuevo megavatio (MW) de demanda eléctrica tendrá que respaldarse con un nuevo MW de potencia renovable instalado en los 18 meses previos a la puesta en marcha del 'data center', ya sea mediante autoconsumo o a través de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA).
El suministro se verificará hora a hora, de modo que, en cada hora de operación, al menos el 80% de la electricidad utilizada deberá proceder de generación renovable producida en esa misma franja horaria.
Asimismo, los proyectos de centros de datos que soliciten acceso a la red eléctrica deberán demostrar que cumplen estas condiciones para obtener los derechos de acceso y conexión.
El incumplimiento de los requisitos conllevará recargos crecientes sobre los cargos y peajes correspondientes y, en última instancia, la pérdida del derecho de acceso. Con estos incrementos se compensará el sobrecoste que el incumplimiento de las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria del consumo renovable pueda trasladar al sistema y, por tanto, a la factura eléctrica.
CONDICIONES PARA EL ACCESO A LA RED ELÉCTRICA
Los proyectos de 'data centers' actualmente en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones y acreditar su cumplimiento —tres meses si están pendientes de un concurso de acceso a la red—, o bien podrán renunciar a los derechos de acceso y conexión sin ejecución de las garantías.
Dado el elevado consumo de agua y energía de estas infraestructuras, se establece que deberán ajustarse a los mejores niveles de eficiencia energética e hídrica del etiquetado europeo específico para centros de datos, que está siendo desarrollado por la Comisión Europea y se prevé que entre en vigor en el plazo de un año.
La propuesta de real decreto prevé que, una vez activo ese etiquetado, se exija el nivel más alto de la norma europea, la categoría 'A', tanto en eficiencia energética como en eficiencia hídrica.
En el capítulo de resiliencia y soberanía digital, se fijan obligaciones como que la operación del centro y el control de los datos vinculados a dicha operación recaigan en entidades sujetas al derecho de la UE, que los datos, metadatos y registros tratados como parte de la operación permanezcan en territorio comunitario y que se supervisen de forma efectiva los accesos desde terceros países.
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA SOBERANÍA DIGITAL
Transformación Digital y Función Pública será el departamento encargado de verificar el cumplimiento de estos requisitos, cuya vulneración puede derivar finalmente en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.
De este modo, todos los centros de datos que superen un determinado umbral deberán presentar una declaración responsable en la que se comprometan a respetar los criterios de soberanía digital establecidos.
Además, los 'data centers' que pretendan alojar información de cualquier Administración Pública o relacionada con la seguridad nacional deberán comprometerse formalmente a que esos datos no saldrán de la Unión Europea (UE).
Todos los centros de datos con una potencia superior a 500 kilovatios (kW) estarán obligados a remitir cada año al Ministerio que dirige Sara Aagesen la información relativa a su eficiencia energética y a su sostenibilidad, para su publicación. Aquellos que superen 1 MW deberán añadir si se ajustan a las mejores prácticas recogidas en la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos y detallar la forma en que lo hacen.