La sección quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha aplicado la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), fijada en la sentencia de 15 de octubre de 2026, según la cual las entidades bancarias no pueden negarse a reembolsar de forma inmediata el importe de una operación de pago no autorizada escudándose en una eventual negligencia grave del cliente.
El tribunal confirma así la condena dictada contra Abanca en primera instancia y mantiene la obligación de devolver 8.874 euros a una clienta que fue víctima de un fraude bancario.
La resolución subraya que la entidad no puede rehusar el reintegro del cargo alegando una negligencia grave de la ordenante, ya que ello supondría "privar de eficacia la obligación de devolución inmediata e iría en contra de la finalidad de la directiva europea de garantizar una elevada protección de los consumidores".
Sobre la realidad del fraude sufrido por la clienta, la Audiencia entiende acreditado que fue objeto de un engaño. Para llegar a esta conclusión, se apoya en que la propia entidad reconoció, en su contestación a la reclamación presentada por la usuaria, que las operaciones se llevaron a cabo tras el acceso de terceros a los datos de la tarjeta. A juicio de los magistrados, el banco "actuó en contra de la buena fe" al negar después en el procedimiento judicial unos hechos que ya había admitido.
La sentencia recuerda además que "la responsabilidad de las entidades proveedoras de servicios de pago por las operaciones no autorizadas tiene carácter cuasi objetivo", de modo que "deben responder una vez que se les comunica su existencia, salvo que acrediten que el usuario cometió fraude". En este supuesto, la Audiencia destaca que la entidad no ha aportado prueba alguna que permita apreciar esa circunstancia excepcional.
El fallo concluye que Abanca "no ha cumplido con su obligación de devolver de inmediato el dinero a su clienta" y precisa que solo cuando efectúe ese abono "podrá reclamar su reembolso si considera que ha existido una negligencia grave por parte de la ordenante". La resolución todavía no es firme, ya que contra ella cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.