La industria de la cogeneración ha reclamado al Gobierno que publique sin más demoras la convocatoria de la primera de las dos subastas previstas, una para este año y otra para 2027, con el fin de aportar estabilidad y visibilidad al sector.
“Nuestra petición inmediata es publicar la ya tramitada convocatoria y confirmar definitivamente el calendario de la primera subasta”, afirmó en el marco del XXII Congreso Anual de Cogeneración el presidente de Acogen, José Ignacio Castillo, quien aseguró que “la confianza inversora necesita certezas para decidir”.
El sector mantiene el foco en las nuevas subastas de 1.200 megavatios (MW) autorizadas por el Ejecutivo este verano y reclama que se publique de forma definitiva la convocatoria ya tramitada y se “confirmar definitivamente el calendario de la primera subasta -prevista para el 10 de diciembre-”, insistiendo en que la “confianza inversora necesita certezas para decidir”.
El esquema aprobado por el Gobierno contempla dos procesos de 600 MW cada uno, a celebrar en 2026 y 2027, que movilizarán una inversión aproximada de 2.200 millones de euros destinada tanto a la construcción de nuevas plantas de cogeneración como a la modernización de las actuales: instalaciones de gas natural adaptadas al uso de hidrógeno y centrales de biomasa, según detalló la asociación.
En relación con el nuevo marco económico, el sector remarcó que supone una modificación de calado, ya que reduce en más de un 30% la retribución a la operación respecto a las plantas vigentes, principalmente por el nuevo tratamiento del coste del CO2 vinculado a la producción de calor.
Por su parte, el presidente de Cogen España, Julio Artiñano, subrayó que la cogeneración precisa “reglas que estén completamente definidas; que las empresas dispongan de certidumbre jurídica y económica para tomar decisiones de inversión que comprometerán cientos de millones de euros durante las próximas décadas; calendarios claros; seguridad regulatoria; y plazos suficientes ajustados a la realidad de cada industria, porque cada fábrica tiene necesidades distintas, tecnologías distintas y ritmos de inversión distintos”.
Pese a las dificultades, Artiñano trasladó un mensaje de confianza en la fortaleza tecnológica de la cogeneración y en la cooperación entre compañías, asociaciones e instituciones públicas.
Reclamo de una retribución por extensión de vida útil
Al mismo tiempo, el sector solicita poner en marcha una Retribución por Extensión de Vida Útil (REVU) que permita seguir funcionando a las instalaciones que hayan agotado o vayan a agotar su vida útil retributiva hasta 2031, mientras culminan sus proyectos de inversión, siempre que mantengan los niveles de eficiencia energética exigidos.
Castillo recordó que el balance reciente de la cogeneración es negativo, ya que entre 2019 y 2025 la producción se redujo a la mitad y su peso en el sistema eléctrico pasó del 12% al 6% del total nacional.
En esta línea, añadió que la senda descendente continúa en lo que va de 2026, con una aportación que ya cae por debajo del 5%, frente al 12% que representa en el conjunto de la Unión Europea.
“El sistema eléctrico ha dejado de aprovechar una parte esencial de su generación firme y síncrona, conectada a las redes de distribución por todo el territorio, que contribuía a una operación más estable, con menores costes y mayor seguridad de suministro. Pero estas instalaciones siguen ahí. Con las condiciones adecuadas, pueden volver a aportar valor a las industrias y capacidad al sistema eléctrico cuando este la necesite”, dijo.
Cierre de plantas y pérdida de competitividad
El sector recordó además que, entre 2020 y 2025, alrededor de 300 plantas de cogeneración, con una potencia conjunta de 2.300 MW, detuvieron su actividad al agotar su vida retributiva mientras aguardaban un nuevo marco para su renovación —finalmente recogido en el BOE el pasado mes de julio— y ante la falta de medidas que permitieran prolongar su operación.
Según los cálculos del sector, estos cierres han provocado una merma de competitividad valorada en 1.800 millones de euros anuales en facturación energética industrial, además de un notable retroceso en eficiencia energética; en términos de energía primaria, el efecto equivale a un incremento del 4% en el consumo de gas del conjunto del país.