La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta para acelerar la elaboración de las normas técnicas que determinan los requisitos que deben cumplir productos y servicios para poder comercializarse en el conjunto de la Unión Europea. La reforma persigue reducir de seis a cuatro años el tiempo medio necesario para su desarrollo y asegurar el acceso gratuito a aquellas normas vinculadas a la legislación comunitaria.
Estos estándares recogen las especificaciones que debe respetar un producto, servicio o proceso, desde la seguridad de un juguete hasta la compatibilidad de un cargador de teléfono, y permiten a las empresas acogerse a los mismos requisitos técnicos para vender en los distintos Estados miembro sin tener que ajustarse a regulaciones nacionales distintas.
Para acortar los plazos, el Ejecutivo comunitario propone fijar límites temporales “más claros” para la elaboración de las normas que solicita y simplificar los procedimientos. Además, plantea permitir el uso, en determinados supuestos, de especificaciones técnicas ya existentes mientras se culmina el estándar definitivo, así como abrir la puerta a que otras organizaciones especializadas participen en los trabajos cuando haya necesidades urgentes o muy concretas.
Con estas modificaciones, Bruselas estima que el proceso podría reducirse en un tercio, pasando de los seis años actuales a cuatro, lo que facilitaría que los productos demuestren antes que cumplen las exigencias comunitarias y, en consecuencia, accedan con mayor rapidez al mercado único europeo.
La reforma incluye también que las normas armonizadas y aquellas mencionadas en la legislación de la UE puedan consultarse sin coste, a raíz de recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que han determinado que forman parte del Derecho comunitario y, por ello, deben estar disponibles gratuitamente.
De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, la medida alcanzaría a unas 3.650 de las cerca de 27.000 normas actualmente recogidas en los catálogos de los organismos europeos de normalización. Bruselas propone además crear repositorios específicos para facilitar su consulta por parte de empresas, administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía.
La iniciativa busca igualmente facilitar la implicación de las pequeñas y medianas empresas en la definición de estas reglas técnicas, obligando a los organismos nacionales de normalización a rebajar los costes que supone para las pymes participar en el proceso, al tiempo que se refuerza la presencia de representantes de la sociedad civil, el ámbito académico y las autoridades públicas.
Bruselas pretende además mejorar la coordinación europea en la elaboración de estándares internacionales, en particular ante la creciente relevancia de tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o las baterías, ámbitos en los que la UE reconoce que encuentra cada vez más dificultades para disponer con rapidez de normas que permitan verificar el cumplimiento de su legislación.
Para avanzar en este objetivo, la Comisión propone la creación de un Centro de Expertos sobre Normalización Europea, que se encargará de coordinar mejor las prioridades comunitarias en este terreno y orientar la posición europea. La reforma deberá ahora ser negociada y aprobada por el Parlamento Europeo y los Veintisiete antes de que pueda entrar en vigor.