La decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso del Gobierno y mantener la suspensión cautelar vinculada a la conocida como ley de nietos sigue provocandoreacciones enfrentadas entre los principales partidos políticos, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La controversia afecta a los españoles residentes en el extranjero que adquirieron la nacionalidad al amparo de la ley de memoria democrática y cuya inclusión en el censo electoral está cuestionada por no acreditar que descienden de exiliados.
El Gobierno y los partidos a su izquierda consideran que la medida restringe el derecho al sufragio de ciudadanos españoles, mientras que PP y Vox defienden la intervención del Supremo y sostienen que debe garantizarse que las nacionalizaciones se ajusten a los requisitos legales. La resolución ha abierto además un debate sobre cómo aplicar la suspensión con el calendario electoral ya en marcha.
La controversia gira en torno a la aplicación de la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática y a la instrucción administrativa que desarrolló su procedimiento.
El Gobierno discrepa del Supremo, pero garantiza que acatará la resolución
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo y ha defendido que en una democracia "el derecho al voto se garantiza, no se restringe".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha calificado la situación de "extraordinaria gravedad" por afectar, a juicio del Ejecutivo, a un derecho fundamental recogido en la Constitución.
Pese a su desacuerdo con el criterio judicial, la ministra ha asegurado que "el Gobierno siempre acata las resoluciones judiciales" y ha explicado que Moncloa continúa analizando el alcance del auto.
El Ejecutivo tampoco ha concretado si acudirá al Tribunal Constitucional. Fuentes gubernamentales consideran que podrían ser los propios ciudadanos afectados quienes tuvieran legitimación para recurrir y reconocen dificultades para aplicar la resolución antes del 29N.
En Moncloa advierten, además, de que algunos de los electores afectados participaron en procesos electorales anteriores y consideran especialmente complejo modificar ahora su situación censal. El Gobierno también acusa a PP y Vox de alimentar sospechas sobre las garantías del sistema electoral.
Feijóo defiende la limpieza del censo y anuncia interventores en todas las mesas
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado la posición del Tribunal Supremo y ha situado la controversia en la necesidad de garantizar la legalidad del censo electoral.
"No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo", ha afirmado en una entrevista en esRadio, en la que ha anunciado que el PP desplegará interventores y apoderados en "todas las mesas" electorales el próximo 29 de noviembre.
Feijóo ha rechazado que su partido se oponga al reconocimiento de la nacionalidad de los descendientes de exiliados. Según ha explicado, su discrepancia se centra en la instrucción administrativa que, a su juicio, amplió los supuestos previstos en la ley.
El dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de extender "de forma indiscriminada" el acceso a la nacionalidad y ha defendido la necesidad de proteger el valor jurídico del pasaporte español.
Para el PP, el debate no reside en impedir el voto de quienes cumplen los requisitos legales, sino en comprobar que la inscripción de los nuevos ciudadanos españoles se haya realizado conforme a la normativa.
Vox celebra la decisión y anuncia que revisará las nacionalizaciones si llega al Gobierno
El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha celebrado que el Supremo mantenga la suspensión y ha anunciado que su formación revisará las nacionalizaciones concedidas al amparo de la 'ley de nietos' si llega al Gobierno y dispone de apoyos suficientes.
En una entrevista televisiva, Buxadé ha sostenido que existen dudas sobre la legalidad de las nacionalizaciones tramitadas mediante la instrucción administrativa de 2022, que atribuye a Sofía Puente.
El dirigente de Vox ha defendido que solo deberían poder votar quienes acrediten documentalmente su condición de descendientes de exiliados españoles y ha acusado a la Administración de haber ampliado indebidamente el alcance de la ley.
También ha anunciado que su partido exigiría responsabilidades penales a los funcionarios que hubieran certificado datos falsos o participado en posibles irregularidades. Se trata de acusaciones formuladas por Buxadé, no de irregularidades acreditadas con carácter general.
Podemos acusa al Supremo de vulnerar derechos fundamentales
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado con especial dureza a la resolución y ha afirmado que "la Justicia es la mayor amenaza para la democracia de este país".
En una comparecencia ante los medios en el Congreso, Belarra ha acusado al Supremo de haber "robado el derecho a voto" a unos 160.000 ciudadanos y ha considerado que la decisión constituye una "vulneración de derechos fundamentales absolutamente flagrante".
La dirigente de Podemos ha sostenido que no existe ningún precepto legal que permita retirar el derecho al sufragio a un ciudadano español por esta vía.
Belarra también ha dirigido sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que reprocha no haber impulsado una reforma suficiente del sistema judicial. En particular, ha acusado al Ejecutivo de haber "entregado el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la derecha política".
Sumar denuncia una resolución "politizada" y señala a PP y Vox
Desde Sumar, el diputado de los Comunes Gerardo Pisarello ha calificado el auto del Supremo de "disparatado desde el punto de vista jurídico" y ha acusado a PP y Vox de utilizar su influencia sobre el Poder Judicial para limitar el sufragio de ciudadanos españoles.
Pisarello ha denunciado que la decisión es "politizada" y "sin precedentes" y ha cuestionado la actuación del magistrado ponente, Antonio Narváez, al que ha atribuido declaraciones favorables a una eventual presidencia del Gobierno de Feijóo.
A juicio del parlamentario, el fallo "vulnera flagrantemente la Constitución y el principio democrático" y forma parte de una estrategia de la derecha para sembrar dudas sobre la limpieza electoral.
El diputado ha comparado esa estrategia con las actuaciones de Donald Trump en Estados Unidos y ha reclamado una respuesta ciudadana frente a lo que considera un intento de limitar derechos democráticos a través de los tribunales.
Unos 163.000 electores afectados y dificultades para aplicar la suspensión
La resolución del Supremo afecta potencialmente a 163.020 personas, según las cifras trasladadas por la Abogacía del Estado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha mantenido la medida cautelar por cinco votos frente a uno, con el voto particular discrepante de una magistrada.
El alto tribunal considera que la protección de la transparencia y la integridad del censo justifica mantener la suspensión mientras se resuelve el fondo del litigio. La medida permite votar a quienes acrediten debidamente los requisitos exigidos por la ley.
La aplicación práctica sigue siendo uno de los principales problemas. Según la información conocida este martes, el Registro Civil Electrónico permite identificar a más de 70.000 nacionalizados, pero quedan alrededor de 90.000 expedientes cuya localización exige comprobaciones adicionales.
El enfrentamiento entre los partidos se produce, por tanto, mientras continúa sin resolverse cómo ejecutar la medida antes del 29N. La decisión del Supremo es cautelar y no supone una sentencia definitiva sobre la legalidad de las nacionalizaciones, aunque sus efectos pueden impedir que miles de ciudadanos ejerzan el voto en las próximas elecciones generales.