Bruselas cierra filas con España tras la crisis en Ceuta, pero afea la regularización masiva de inmigrantes

Los ministros de Interior respaldan la respuesta española y descartan que Schengen haya estado en riesgo, aunque Bruselas considera que la regularización no envía “una buena señal” al resto de socios y acepta debatir la propuesta italiana de gestionar expulsiones en terceros países

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El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, interviene en el 28.º Congreso Europeo de Policía, celebrado en el CityCube de Berlín Bernd von Jutrczenka/dpa

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, interviene en el 28.º Congreso Europeo de Policía, celebrado en el CityCube de Berlín Bernd von Jutrczenka/dpa

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La Unión Europea ha trasladado este martes su “plena solidaridad” con España tras la crisis migratoria y humanitaria de Ceuta y ha respaldado el refuerzo de las fronteras, los retornos y los sistemas de alerta temprana. El apoyo, expresado durante una reunión extraordinaria de los ministros de Interior, no ha impedido que afloren las diferencias sobre la política migratoria española, especialmente por la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado que todos los participantes reconocieron la respuesta española y que la situación se encuentra ya “bajo control”. Según la información trasladada durante la reunión, ninguna de las personas que cruzaron desde Marruecos ha accedido al territorio continental español ni al resto del espacio Schengen.

La videoconferencia fue convocada después de que Italia, Finlandia, Dinamarca y República Checa plantearan adoptar medidas sobre España dentro de Schengen. El Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni llegó a introducir controles aleatorios en puertos y aeropuertos para viajeros extracomunitarios procedentes de territorio español.

Sin embargo, Brunner ha agradecido a España y a las autoridades de Ceuta su actuación para recuperar el control y ha destacado la cooperación mantenida con Marruecos para acelerar los retornos.

Asimismo, ha defendido que el episodio ha supuesto una prueba para la capacidad de reacción europea, pero ha considerado que la Unión la ha superado porque los movimientos no alcanzaron el territorio continental ni comprometieron la libre circulación.

La situación ha vuelto a estar bajo control, y no por accidente, sino por actuar conjuntamente”, ha afirmado antes de reiterar que España puede contar con el respaldo operativo, político y financiero de la Comisión.

Más Frontex y apoyo de las agencias europeas

La Comisión ha ofrecido a España asistencia financiera de emergencia, medios operativos y apoyo técnico para reforzar la frontera exterior, facilitar las devoluciones e impedir desplazamientos posteriores hacia otros Estados miembros.

Brunner ha confirmado que Frontex mantiene más de 40 efectivos en Ceuta, mientras que Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea están preparadas para ampliar su colaboración si las autoridades españolas lo solicitan.

Marlaska ha defendido, sin embargo, que el dispositivo actual dispone de los medios necesarios y ha rechazado por el momento nuevos refuerzos en la frontera. También ha agradecido el “tono constructivo” de sus homólogos y ha destacado el reconocimiento recibido por la respuesta “eficaz e inmediata” de España.

Cinco medidas para evitar otra crisis

El comisario ha presentado una hoja de ruta de cinco puntos sobre la que los Estados miembros deberán avanzar antes del próximo Consejo de Justicia e Interior y del Consejo Europeo.

El primer eje pasa por reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito mediante lo que Bruselas denomina “diplomacia migratoria”. La Comisión pretende utilizar de forma más coordinada instrumentos comerciales, visados, cooperación al desarrollo y asistencia económica.

En este contexto, la Unión Europea negocia un acuerdo de colaboración estratégica integral con Marruecos, en el que la gestión migratoria ocupará un lugar central.

El segundo punto consiste en acelerar los retornos mediante la aplicación del nuevo reglamento europeo. El tercero plantea reforzar las fronteras exteriores y ampliar el mandato de Frontex, tanto dentro de la UE como en terceros países.

El cuarto busca mejorar los sistemas de alerta temprana, especialmente para identificar campañas de desinformación y convocatorias difundidas a través de redes sociales. El quinto se centra en desmantelar las redes de tráfico de personas y aplicar sanciones contra sus integrantes.

Bruselas critica la regularización, pero la desvincula de Ceuta

El respaldo europeo a España no ha evitado las críticas al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno.

Preguntado por esta cuestión, Brunner ha considerado que la medida “no es una buena señal” para el resto de la Unión Europea, aunque ha descartado expresamente que exista una relación directa entre la regularización y la entrada masiva registrada en Ceuta.

La crítica coincide con las formuladas por dirigentes del Partido Popular Europeo y de la derecha europea. El presidente del PPE, Manfred Weber, había atribuido la crisis al supuesto “factor de atracción” generado por la regularización, mientras que el Gobierno italiano ha reprochado a Sánchez haber adoptado una decisión de alcance europeo sin consultar previamente a sus socios.

El vicepresidente italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha sostenido que una regularización de cientos de miles de personas puede tener consecuencias sobre todo Schengen una vez que sus beneficiarios obtengan permisos de residencia. Brunner ha separado, no obstante, ambos debates.

Los centros de retorno

Durante la reunión también se ha abordado la creación de "centros de retorno" en terceros países, una propuesta defendida por Italia y otros gobiernos europeos para trasladar fuera del territorio comunitario determinados procedimientos migratorios y de expulsión.

El modelo recuerda a los centros abiertos por Italia en Albania, una iniciativa que ha encontrado obstáculos judiciales, pero que ha contribuido a desplazar el debate europeo hacia políticas migratorias más restrictivas.

Brunner ha explicado que los Estados miembros quieren aprovechar mejor el concepto de “tercer país seguro”, que permitiría tramitar determinadas solicitudes de protección internacional fuera de la Unión bajo condiciones concretas.

La Comisión también ha recordado que Marruecos figura en la lista europea de países de origen seguros, una clasificación que permite acelerar los procedimientos de asilo de sus ciudadanos. Esa consideración no se aplica automáticamente a las personas procedentes del Sahel o del África subsahariana que continúan en Ceuta.

El choque con Italia continúa

Marlaska ha pedido al Gobierno italiano que retire “a la mayor brevedad” los controles aplicados a viajeros extracomunitarios procedentes de España. El ministro español sostiene que la medida carece de necesidad porque Frontex ha confirmado que Schengen no estuvo en riesgo.

Italia defiende, en cambio, que se trata de una decisión preventiva destinada a proteger su seguridad nacional y la estabilidad del sistema europeo de fronteras.

La reunión ha permitido rebajar el tono y trasladar una imagen de unidad, pero no ha cerrado las diferencias de fondo. La Unión Europea respalda a España en la gestión inmediata de Ceuta, reconoce la rapidez de los retornos y ofrece más medios.

Al mismo tiempo, exige reforzar la vigilancia, acelerar las devoluciones y avanzar hacia una política más restrictiva, en la que la regularización española y los centros de retorno impulsados por Italia vuelven a situarse en extremos opuestos del debate migratorio europeo.

Más claves, contexto y preguntas con FREN

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¿En qué punto se encuentra la tramitación parlamentaria del nuevo reglamento europeo de retornos mencionado por la Comisión?

El “nuevo reglamento europeo de retornos” al que se refiere la Comisión es el Reglamento por el que se crea un Sistema Europeo Común para los Retornos. A día de hoy (agosto de 2026) la negociación política entre Parlamento Europeo y Consejo está cerrada: hay acuerdo provisional desde el 1 de junio y el Parlamento ya ha aprobado la reforma de la política de retorno el 17 de junio de 2026. El texto está pendiente solo de la fase formal: refrendo final en el Consejo, revisión jurídico‑lingüística, firma y publicación en el Diario Oficial de la UE. La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación, aunque varias disposiciones se aplicarán 12 meses más tarde.

Qué se ha aprobado exactamente

La Comisión presentó en marzo de 2025 una propuesta de reglamento para establecer “un nuevo sistema europeo común para devoluciones”, tal y como detalla su nota de prensa sobre el sistema común de devoluciones. Esa propuesta desarrolla el mandato político anunciado por Ursula von der Leyen en marzo de 2025, cuando avanzó “reglas comunes para los retornos” y una nueva Orden Europea de Retorno, según su declaración de los primeros 100 días de la Comisión 2024‑2029 recogida en estas observaciones.

El 1 de junio de 2026, la Comisión anunció que “acoge con satisfacción el acuerdo político” entre Parlamento y Consejo sobre ese reglamento de retorno, subrayando que sustituirá a la Directiva de Retorno de 2008 y es un elemento central de la Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración. Lo detalla en su nota sobre el acuerdo político.

Ese mismo día, el Consejo informó de que sus negociadores y los del Parlamento habían alcanzado un “acuerdo provisional” sobre la ley que fija normas comunes para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular, como explica la nota del Consejo Europeo sobre el acuerdo de retornos. El texto prevé obligaciones más estrictas para las personas sin derecho a permanecer, la creación de una Orden Europea de Retorno y la posibilidad de centros de retorno en terceros países bajo condiciones de respeto de los derechos humanos.

Situación en el Parlamento Europeo

Según el dossier de prensa del Parlamento para el Consejo Europeo de junio de 2026, el 17 de junio los eurodiputados “aprobaron la reforma de la política de retorno de la UE, basada en el acuerdo político provisional” alcanzado con el Consejo. Esa referencia aparece en el dosier parlamentario para el Consejo Europeo de 18‑19 de junio de 2026.

En términos procedimentales, esto significa que:

  • La comisión competente ha validado el acuerdo.
  • El Pleno ha adoptado su posición en primera lectura, cerrando la parte parlamentaria del procedimiento legislativo ordinario.

En paralelo, el Parlamento ya había aprobado en abril de 2024 el grueso del Pacto de Migración y Asilo, incluyendo el reglamento de procedimiento de asilo y el procedimiento de retorno en frontera, según la nota “Los eurodiputados aprueban el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo”, disponible en este comunicado. El nuevo reglamento de retornos viene a completar ese armazón.

Situación en el Consejo y fase final

De acuerdo con la nota del Consejo del 1 de junio de 2026, el acuerdo es todavía “provisional” y debe ser ahora refrendado por ambas instituciones. El propio Consejo explica que el texto deberá:

  • Ser refrendado internamente por el Consejo y el Parlamento.
  • Ser “adoptado formalmente” por ambas instituciones tras una revisión jurídico‑lingüística.
  • Publicarse en el Diario Oficial de la UE; el reglamento entrará en vigor al día siguiente, con algunas disposiciones que solo serán aplicables 12 meses después.

En el plano político, la Comisión enmarca este reglamento como pieza complementaria del Pacto de Migración y Asilo. En sus documentos de preguntas y respuestas sobre el Pacto, por ejemplo en este Q&A de 2024 y en la actualización de junio de 2026 sobre el Pacto, insiste en que quienes no tengan derecho a permanecer deben ser devueltos con procedimientos más rápidos y coordinados, especialmente a través de los nuevos procedimientos en frontera.

Qué falta por hacer y relación con el Pacto

Resumiendo el estado de tramitación:

  • Negociación política: cerrada. Hay acuerdo provisional PE‑Consejo desde el 1 de junio de 2026.
  • Parlamento Europeo: ya ha aprobado la reforma de la política de retorno el 17 de junio de 2026 (primera lectura).
  • Consejo: pendiente de refrendo interno y adopción formal del texto, paso previo a la firma conjunta y publicación.
  • Entrada en vigor: día siguiente a su publicación en el DOUE, con un periodo de 12 meses antes de que se apliquen varias de las obligaciones más sensibles.

Todo ello se integra en la arquitectura general del Pacto, cuya entrada en aplicación a partir del 12 de junio de 2026 describe la Comisión en la nota “El Pacto sobre Migración y Asilo entra en vigor el 12 de junio” (comunicado de junio de 2026) y en la actualización de seguimiento sobre la aplicación del Pacto. Otros materiales de contexto del Parlamento, como el press kit del Consejo Europeo de junio de 2024 (dossier de 2024), y las propuestas conexas de la Comisión sobre países de origen seguros (lista de países seguros y propuesta para adelantar elementos del Pacto) ayudan a situar el reglamento de retornos dentro de un giro más amplio hacia procedimientos de asilo y devolución más rápidos y armonizados en toda la UE.

¿Qué cambios concretos introduce este nuevo reglamento de retornos respecto a la Directiva de Retorno de 2008? ¿Cómo ha votado cada familia política europea (populares, socialistas, verdes, extrema derecha) en el Parlamento Europeo sobre este reglamento de retornos? ¿Qué posición ha defendido el Gobierno español en el Consejo sobre la Orden Europea de Retorno y los centros de retorno en terceros países?

¿Cuáles son las competencias y principales funciones del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner?

Magnus Brunner, político austríaco, es el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, responsable de la política de la UE en materia de migración, asilo, fronteras y seguridad interior. Según la presidenta de la Comisión, su cartera se centra en la aplicación del Pacto sobre Asilo y Migración, el refuerzo de las fronteras exteriores y la elaboración de una nueva estrategia de seguridad interior, tal y como se recoge en el comunicado sobre el nuevo Colegio de Comisarios de Von der Leyen (nota de la Comisión). Además, como todos los comisarios, define prioridades políticas, dirige la dirección general competente, propone legislación y representa a la Comisión ante otras instituciones.

Competencias políticas generales del cargo

El periódico Demócrata recuerda que los comisarios europeos son los responsables políticos de su cartera: marcan la orientación estratégica, presentan propuestas legislativas y representan a la Comisión ante el resto de instituciones y los Estados miembros, mientras que la dirección general ejecuta sus directrices técnicas y administrativas (análisis sobre la Comisión). En el caso de Brunner, esto implica liderar la DG de Interior (HOME) y coordinarse con agencias como Frontex o la Agencia de Asilo de la UE.

Pacto sobre Migración y Asilo

Von der Leyen subraya que Brunner “se centrará en la aplicación del Pacto sobre Asilo y Migración” (comunicado). En su audiencia ante el Parlamento Europeo, el propio Brunner definió como tarea central la rápida y completa implementación del Pacto, manteniendo el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, y se comprometió a iniciar procedimientos de infracción cuando los Estados miembros no cumplan los plazos (audiencia en el Parlamento Europeo).

En discursos posteriores, Brunner ha insistido en que la UE está “en camino hacia la mayor reforma jamás realizada” de su política de asilo y migración, incluyendo nuevas propuestas sobre retornos, terceros países seguros y lista de países de origen seguros (discurso sobre el ciclo anual de gestión). También ha defendido un sistema europeo común de devoluciones más robusto y coherente (discurso sobre devoluciones).

Gestión de la migración, asilo y retornos

En su visita oficial a España, la Representación de la Comisión describe que Brunner aborda con el Gobierno temas como aplicación del Pacto, nuevo enfoque común en materia de retorno, gestión de fronteras y cooperación internacional (visita a España e Italia). Notas de prensa de Moncloa señalan que con la ministra Elma Saiz trató la implementación del Pacto de Migración y Asilo desde la perspectiva de integración y mercado de trabajo (reunión Saiz–Brunner), y con Fernando Grande-Marlaska el avance de España en la aplicación del Pacto y la reforma del reglamento de Frontex (reunión Interior–Brunner).

En la práctica, su cartera se ocupa de:

  • Fijar normas comunes para la tramitación de solicitudes de asilo y la acogida en la UE.
  • Diseñar y supervisar mecanismos de reparto de responsabilidades entre Estados miembros (reubicaciones, contribuciones financieras).
  • Impulsar políticas de retorno efectivas y coordinadas hacia terceros países, en línea con las propuestas sobre devoluciones.

Fronteras exteriores y espacio Schengen

La presidenta de la Comisión vincula explícitamente la cartera de Brunner con el “reforzamiento de nuestras fronteras” y el desarrollo de una nueva estrategia de seguridad interna (nota de Von der Leyen). En España, Interior detalla que con Brunner se aborda la modificación del reglamento de Frontex y la futura Estrategia de Seguridad Interior de la UE (nota de Interior).

Su función es, por tanto, garantizar que el control de las fronteras exteriores sea “robusto y sólido” y compatible con la libre circulación dentro de Schengen, así como coordinar el apoyo de la UE a los Estados que soportan mayor presión migratoria, algo que se refleja también en la puesta en marcha del primer ciclo anual de gestión de la migración en el marco del Pacto (ciclo anual de gestión).

Relación con España y otros actores políticos

La pieza de Demócrata sobre la nueva Comisión identifica a Brunner como comisario de Interior y Migración y destaca su perfil como exministro federal de Finanzas de Austria (perfil en Demócrata). Además de los contactos institucionales con el Gobierno español, también se ha reunido con líderes de la oposición, como Alberto Núñez Feijóo, para intercambiar posiciones sobre una política migratoria “comunitaria, integral y firme” (nota del PP), lo que confirma su papel como referencia política europea en este ámbito.

Otros enlaces citados en la investigación

Para completar el contexto europeo y español sobre la Comisión y el papel de los comisarios pueden consultarse, entre otros, estos contenidos de Demócrata y de instituciones europeas y españolas: Kitchen e Interior, debate Eurocámara sobre regularización, aviso de Bruselas, plan migratorio europeo, impacto en seguridad nacional, reunión con enviados talibanes, petición danesa sobre Schengen, crisis de Ceuta, entre otros muchos artículos enlazados en la traza.

¿Qué papel concreto tiene Magnus Brunner en la gestión de la crisis migratoria reciente en Ceuta y Melilla? ¿Cómo afecta a España la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo que lidera el comisario Brunner? ¿Qué relación tiene la reforma del reglamento de Frontex con las competencias del comisario europeo de Interior y Migración?

¿Cuántas regularizaciones masivas de inmigrantes se han aprobado en España en las últimas dos décadas y qué efectos han tenido respecto a la UE?

En los últimos veinte años se han producido en España dos grandes operaciones de regularización extraordinaria de inmigrantes: el “proceso de normalización” de 2005 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la regularización extraordinaria de 2026 aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas se encuadran en una serie más amplia de seis regularizaciones desde 1986, pero son las únicas de escala masiva en este periodo reciente. Los estudios disponibles sobre 2005 apuntan a que no generó “efecto llamada” ni aumento del gasto público, mientras que la de 2026 está todavía en evaluación. En el plano europeo, estas decisiones han provocado un creciente malestar político y advertencias sobre sus posibles efectos en la política migratoria común y en Schengen.

Número de regularizaciones masivas y cifras

Según el Ministerio de Inclusión citado por el periódico Demócrata, desde 1986 ha habido seis regularizaciones, pero las más relevantes para las dos últimas décadas son:

  • 2005 – Gobierno de Zapatero: el llamado “proceso de normalización”, articulado vía Reglamento de la Ley de Extranjería. Hubo 691.655 solicitudes y se resolvieron favorablemente 565.121, el 81,7 %, lo que la convirtió en la mayor regularización hasta entonces, según el reportaje de Demócrata sobre aquel proceso extraordinario de 2005 (análisis de 2005).
  • 2026 – Gobierno de Sánchez: el Real Decreto 316/2026 abrió una regularización extraordinaria para personas que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026. El balance oficial publicado por el Ministerio de Inclusión recoge 1.174.978 solicitudes y más de 609.000 expedientes ya tramitados, con 159.097 nuevas altas en la Seguridad Social, lo que la convierte en una de las mayores regularizaciones de la historia española (10 claves de la regularización 2026).

En conjunto, los procesos masivos desde 1986 han afectado a más de 1,07 millones de personas entre 2000 y 2005, y a casi otro 1,2 millones de solicitantes en 2026, de acuerdo con la pieza de verificación de Demócrata sobre bulos y anteriores procesos (bulo: “es la primera regularización”).

Características y efectos internos conocidos

El precedente de 2005 exigía contrato de trabajo y al menos seis meses de empadronamiento. La literatura académica citada por Demócrata (Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”, IESE y Esade) concluye que aquella regularización no generó efecto llamada ni aumentó el gasto público, y que los flujos migratorios siguieron dependiendo sobre todo de factores económicos (artículo de análisis sobre 2005).

En 2026, el Gobierno destaca efectos económicos inmediatos: casi 160.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, predominio de edades laborales (87 % entre 16 y 64 años) y un nivel educativo relativamente alto (radiografía oficial de solicitantes). Sus críticos, en cambio, alertan de riesgos para servicios públicos, fraude documental o seguridad, como recogen diversas intervenciones en parlamentos autonómicos y en el Congreso.

Reacciones y efectos respecto a la Unión Europea

En 2005, las fuentes consultadas se centran en el debate interno y en los efectos socioeconómicos en España; no se aportan datos concretos sobre una reacción estructurada de la UE. El gran salto en la dimensión europea se produce con la regularización de 2026, en un contexto en el que ya existe un Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Varios artículos de Demócrata muestran la creciente preocupación comunitaria:

  • El análisis “España contra corriente” subraya que, aunque las regularizaciones nacionales no están prohibidas, en la UE se acepta que sean excepciones discretas, no operaciones visibles de gran escala. La regularización española introduce una “disonancia” en el relato europeo de control y contención.
  • La Comisión Europea, a través del comisario de Interior Magnus Brunner, ha advertido de que decisiones nacionales pueden tener impacto en otros socios Schengen y ha pedido “mucho cuidado” al tomar medidas como la española (aviso de Bruselas).
  • El Parlamento Europeo ha incluido el tema en su agenda, a instancias de grupos conservadores y de extrema derecha, que sostienen que la medida “socava la credibilidad del control migratorio de la UE”, aunque el comisario Brunner ha recordado que las regularizaciones son una de las vías legales de gestión migratoria de los Estados (debate en la Eurocámara).
  • Veintidós jefes de Estado y de Gobierno de la UE han vinculado la regularización española con un posible “factor de atracción” en plena crisis migratoria en Ceuta, pidiendo una respuesta coordinada y citando el riesgo de abusar del sistema europeo de migración y asilo (carta de 22 socios).
  • En paralelo, el ministro Luis Planas ha expresado su confianza en que, si el asunto llega al Tribunal de Justicia de la UE, el dictamen sea favorable a España al considerar que se trata de regularizar a personas ya residentes y no de abrir nuevas vías irregulares (declaraciones de Planas).

Desde la oposición española, el PP ha trasladado la cuestión a las instituciones comunitarias, denunciando que la operación se aparta del Pacto de Migración y Asilo y puede tener “graves consecuencias” para Schengen (intervención del PP en la Eurocámara y pregunta a la Comisión Europea).

Balance provisional

Con la información disponible, puede decirse que España ha realizado dos grandes regularizaciones masivas en estas dos décadas, con efectos internos relevantes en términos de formalización laboral e integración, y sin evidencias empíricas de “efecto llamada” en el caso ya estudiado de 2005. En la actualidad, sin embargo, el entorno europeo es mucho más sensible a estas decisiones: la regularización de 2026 no vulnera normas claras, pero tensiona el consenso político sobre control de fronteras y reparto de responsabilidades, y está ya bajo escrutinio jurídico y político en la UE. No se dispone de más información concluyente sobre su impacto real en los flujos hacia otros Estados miembros; esa evaluación dependerá en parte de lo que resuelvan el TJUE y las instituciones comunitarias en los próximos años.

¿Podrías detallar mejor qué requisitos y plazos tuvo la regularización de 2026 frente a la de 2005? ¿Qué han concluido exactamente los estudios citados sobre el impacto económico y laboral de la regularización de 2005? ¿En qué punto está ahora mismo el posible procedimiento ante el TJUE sobre la regularización española y qué escenarios se barajan?

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¿Qué motivo principal ha llevado a la UE a mostrar su solidaridad con España en la reciente reunión de ministros de Interior?

Pregunta 1 de 3

¿Qué agencia europea mantiene actualmente más de 40 efectivos en Ceuta según la información de la noticia?

Pregunta 2 de 3

¿Cuál es la posición de la Comisión Europea respecto a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español?

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Hola, soy Fren. ¿Cómo te ayudo?