El Parlamento Europeo ha dado un nuevo paso en la tramitación de la legislación destinada a simplificar las normas que se aplican a la industria automovilística. Los eurodiputados quieren trasladar al sector del automóvil el filtro de la reducción de las cargas administrativas y la modernización del marco regulatorio para los fabricantes, en un momento en el que la industria europea afronta una profunda transformación tecnológica y una creciente presión competitiva internacional.
La revisión introduce nuevas categorías para los vehículos eléctricos pequeños y de alta eficiencia, al tiempo que actualiza determinados requisitos de seguridad. También incorpora modificaciones en el calendario de aplicación de algunas obligaciones medioambientales y abre un mayor margen de flexibilidad para los fabricantes en relación con los vehículos híbridos enchufables y los estándares de emisiones.
El texto, que los legisladores pretenden cerrar durante la sesión plenaria de noviembre, busca conciliar los objetivos de descarbonización del transporte con la necesidad de preservar la capacidad industrial europea. Para ello, introduce incentivos específicos a la producción comunitaria y establece un marco para impulsar la electrificación de las flotas corporativas.
Más flexibilidad para los fabricantes y nuevas exigencias de seguridad
Entre las novedades incorporadas durante la negociación figura una actualización de los requisitos de seguridad de los vehículos. En concreto, se ha introducido una enmienda para impulsar la instalación de sistemas de detección de presencia infantil en el interior de los coches, así como la disponibilidad de manijas de puertas accesibles en situaciones de emergencia.
La primera de estas iniciativas ha sido impulsada por el eurodiputado socialista español Nicolás González Casares y pretende evitar los fallecimientos de menores que permanecen olvidados en el interior de los vehículos, especialmente durante episodios de altas temperaturas. "Hemos visto en España y Europa muchas noticias de niños que son olvidados en sus coches, que fallecen, y esto no puede ocurrir cuando tenemos ya la tecnología para evitarlo", defendía el socialista al término de las votaciones. La propuesta ha salido adelante con 105 votos a favor, 39 en contra y 21 abstenciones en la comisión parlamentaria correspondiente.
En paralelo, los legisladores plantean introducir nuevas categorías dentro del marco europeo para los vehículos eléctricos. La primera comprende los vehículos eléctricos pequeños, definidos como turismos con una longitud máxima de 4,2 metros fabricados en la UE conforme a los criterios de la Ley de Aceleración Industrial. A ellos se suman los vehículos eléctricos de alta eficiencia, también producidos en territorio comunitario y sujetos a estándares exigentes de consumo energético, así como las furgonetas de cero emisiones fabricadas en la UE. La revisión incorpora, además, un mecanismo de supercréditos en la actualización de las normas de rendimiento de emisiones de CO₂. Se trata de introducir incentivos regulatorios que favorezcan el desarrollo y la comercialización de determinados vehículos eléctricos, especialmente aquellos que contribuyan a reforzar la producción industrial europea.
La Comisión Europea será la encargada de concretar los requisitos técnicos antes de finales de 2027 para garantizar que los vehículos eléctricos e híbridos enchufables puedan interoperar plenamente con la red eléctrica y las infraestructuras de recarga.
Híbridos enchufables y Euro 7: cambios en el calendario
Uno de los elementos centrales de la revisión es la flexibilidad que introduce en el tratamiento regulatorio de los híbridos enchufables. El método de cálculo de las emisiones de CO₂ de estos vehículos fabricados en la UE se mantendrá sin cambios hasta finales de 2029. A partir de 2030, la metodología se actualizará anualmente mediante datos de conducción real.
La modificación pretende evitar que los fabricantes tengan que afrontar cambios inmediatos en los criterios de medición mientras adaptan sus gamas y procesos productivos a las nuevas exigencias. En la misma línea de flexibilización, el texto contempla un aplazamiento de 18 meses en la aplicación de la normativa Euro 7 para los vehículos pesados. El resultado es un marco con mayor margen de adaptación para la industria, tanto en los calendarios de cumplimiento como en determinados requisitos técnicos. En términos políticos, la revisión también deja espacio para que continúen comercializándose determinados vehículos de gasolina, diésel e híbridos que cumplan las condiciones regulatorias correspondientes, sin introducir una prohibición inmediata y generalizada de estas tecnologías.
Los legisladores justifican los cambios por la necesidad de proteger la competitividad de los fabricantes europeos y evitar que la transición tecnológica se traduzca en una pérdida de capacidad industrial. "Estas medidas buscan salvaguardar la competitividad de los fabricantes de automóviles europeos, proteger el empleo regional y garantizar que el transporte sostenible siga siendo accesible", explican desde la Eurocámara. Uno de los ponentes del expediente, el eurodiputado Michael Bloss, defendía tras la votación que la industria atraviesa un "periodo de transformación" y que el trabajo legislativo debía orientarse a "aportar claridad y certeza en la planificación en medio del caos".
Desde el Partido Popular Europeo, la española Susana Solís celebraba que el acuerdo permita ganar margen de adaptación sin renunciar a la transformación del sector. "No es volver al pasado, es ganar competitividad sin desmantelar la capacidad industrial que tenemos: nuestras fábricas, nuestros ingenieros y los proveedores de componentes, que dan empleo directo a 1,7 millones de personas en la UE", señalaba. De hecho, los populares habían defendido durante la negociación que el paquete ofreciese suficiente flexibilidad para seguir comercializando determinados vehículos de combustión e híbridos que cumplan los requisitos establecidos. Fuentes del grupo parlamentario que dirige el alemán Manfred Weber destacan también como un resultado de la negociación que, en materia de coches de empresa, no se haya incorporado un objetivo vinculante de electrificación para los Estados miembros.
Made in Europe
El otro gran bloque de la propuesta se centra en las flotas corporativas. El objetivo es acelerar la incorporación de vehículos limpios a los parques móviles de las empresas, que representan una parte mayoritaria de las nuevas matriculaciones en la Unión Europea y constituyen, por tanto, una palanca relevante para acelerar la renovación del mercado automovilístico.
La iniciativa se aplicará a los turismos y las furgonetas de nueva matriculación adquiridos por grandes empresas europeas. El ámbito de aplicación comprende aquellas compañías con más de 250 empleados y una facturación superior a 50 millones de euros. Quedarán excluidos determinados vehículos vinculados a funciones esenciales de seguridad y prestación de servicios públicos. Entre ellos figuran los destinados a labores policiales, ambulancias, bomberos y protección civil, así como los empleados en el mantenimiento de servicios esenciales, el uso militar o determinados trabajos industriales específicos.
La propuesta incorpora, además, un criterio de fabricación europea para canalizar las ayudas públicas. Bajo el principio del denominado 'Made in EU', a partir de 2028 los Estados miembros no podrán conceder apoyo financiero público a vehículos corporativos que no sean de cero o bajas emisiones y que no cumplan los requisitos de fabricación comunitaria. Las restricciones abarcan diferentes instrumentos de apoyo, desde las subvenciones directas hasta las fórmulas de renting y leasing, pasando por las ventajas fiscales, los seguros o las ayudas vinculadas a la infraestructura de recarga. En los ejercicios posteriores, el apoyo público quedará reservado exclusivamente a los vehículos de cero emisiones fabricados en Europa.
La lógica de esta disposición es doble: por un lado, utilizar el poder de compra de las grandes empresas para acelerar la incorporación de vehículos menos contaminantes; por otro, garantizar que el dinero público destinado a esa transformación contribuya a reforzar la producción industrial dentro de la Unión. Con todo, el expediente refleja las tensiones que atraviesan la política industrial y climática europea. La Eurocámara trata de mantener el rumbo hacia una movilidad de cero emisiones, pero introduce márgenes de flexibilidad en los calendarios, las tecnologías y las condiciones de cumplimiento para evitar que las exigencias regulatorias comprometan la competitividad de los fabricantes comunitarios.