Amnistía Internacional ha reclamado este viernes a las autoridades de Tennessee que conmuten la pena capital impuesta a Christa Pike, condenada por asesinato en primer grado de una compañera de clase en 1996, cuando tenía 19 años. La mujer ha tenido que ser hospitalizada después de recibir dos inyecciones letales, un hecho que la organización considera una “muestra de extrema crueldad” y un “castigo cruel e inhumano”, al tiempo que reitera su demanda de “abolición de la pena de muerte en Estados Unidos y el resto del mundo”.
El subdirector de investigación de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Justin Mazzola, ha señalado en un comunicado que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, “no ha querido” detener la ejecución, censurando que las autoridades se precipitaran a llevarla a cabo tras la decisión del Tribunal Supremo de anular la suspensión temporal que permitía revisar los abusos sufridos por Pike durante su infancia.
De acuerdo con el comunicado de la ONG, se trata de la segunda ejecución fallida en Tennessee en menos de cinco meses. En mayo, Tony Carruthers atravesó una situación parecida cuando el personal médico fue incapaz de conseguir acceso intravenoso durante más de una hora.
Amnistía recuerda que el estado acumula un “largo historial de ejecuciones malogradas”, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de que la pena capital sea “abolirse de inmediato”. La organización sostiene que el sistema de pena de muerte está “irremediablemente roto” y que ningún Gobierno debería tener la “facultad de aplicarla”.
El texto concluye reclamando una “moratoria indefinida para todas las ejecuciones”, argumentando que no resulta “suficiente” la decisión del gobernador Lee de suspenderlas “durante unos meses”. El propio mandatario ha ordenado una revisión independiente para esclarecer lo ocurrido y ha anunciado el parón de la otra ejecución prevista este año mientras avanzan las pesquisas sobre estos procedimientos.
El abogado defensor federal Luke Ihnen, miembro del equipo jurídico de Pike, explicó este jueves a la cadena local de Nashville (Tennessee) WSMV que la reclusa continúa con vida tras haber recibido dos inyecciones letales. Añadió que la defensa ha optado por presentar una moción de urgencia para frenar la ejecución, abriendo una nueva etapa en el complejo recorrido judicial del caso.
“El estado de Tennessee ha vuelto a fracasar en la ejecución de una pena capital legal”, denunció en un comunicado el equipo legal de Pike, que subrayó que “las preocupaciones expresadas” por su clienta “han resultado ser ciertas”. Entre ellas, enumeran una “dificultad para acceder a las venas, venas que han colapsado o se han roto, pentobarbital degradado y ausencia de atención médica de emergencia cuando las cosas inevitablemente salen mal; todo ello bajo un protocolo que permanece envuelto en el secreto”.