El Ejecutivo noruego está evaluando una nueva normativa para vetar las relaciones comerciales con los asentamientos israelíes, una medida que podría implicar penas de prisión de hasta tres años para quienes la incumplan, según ha confirmado el ministro de Exteriores, Espen Barth Eide. El debate se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre Israel por la expansión de las colonias y el incremento de los ataques de colonos en Cisjordania.
Eide ha señalado en declaraciones a la emisora NRK que el plazo para recibir aportaciones sobre el texto legal concluye el 19 de septiembre. Asimismo, ha manifestado que espera que el Parlamento dé luz verde a la propuesta durante el otoño, aunque todavía no se ha fijado la fecha exacta para la votación.
“Eso creo. Los argumentos solo se han vuelto más firmes debido a que la situación en Cisjordania se ha vuelto incluso peor”, ha indicado, antes de subrayar que “otros países están haciendo lo mismo que el Gobierno (de Noruega) ha propuesto con este proyecto de ley”.
Al mismo tiempo, ha admitido que “el volumen económico” del intercambio comercial entre Noruega y los asentamientos israelíes “no es muy extenso”, por lo que la medida tiene sobre todo un carácter simbólico y de posicionamiento político. “Los bienes relevantes son, por ejemplo, vino y algunos productos agrícolas”, ha precisado el responsable de la diplomacia noruega.
La reacción israelí ha llegado a través de su Embajada en Oslo, que ha descrito la propuesta como “el último ejemplo del activismo obsesivo y antiisraelí” de Eide, según ha expresado en sus perfiles en redes sociales.
En la misma línea, la legación diplomática ha reprochado al país escandinavo que haya “optado en repetidas ocasiones por sacrificar su relación bilateral con Israel en favor de una retórica parcial y de acciones hostiles que sirven a intereses nacionales, socavan los esfuerzos por alcanzar soluciones pacíficas y están completamente alejadas de la realidad de Oriente Próximo”.
España, junto con Noruega, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia, defendió la semana pasada la imposición de restricciones al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania, expresando su voluntad de avanzar en esa dirección, una línea que gobiernos como el de Pedro Sánchez ya aplican desde hace un año.
En un comunicado conjunto, difundido después de que Reino Unido, Francia y Canadá hayan decidido vetar las importaciones procedentes de los asentamientos israelíes, estos países denunciaron que el incremento de la violencia en Cisjordania por parte de colonos y la ampliación de las colonias “ponen en peligro la posibilidad de una solución de dos Estados”.
Estas posturas se enmarcan en un escenario de repunte de los ataques de colonos y de las operaciones del Ejército israelí en Cisjordania tras los atentados del 7 de octubre de 2023. No obstante, ya en los meses previos de ese año se había registrado el mayor número de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, hace dos décadas.