El Gobierno argentino ha manifestado este martes “su más enérgico rechazo” a la difusión por parte de Reino Unido de una guía destinada a fomentar los negocios en las islas Malvinas --Falkland, en inglés--. Buenos Aires acusa a Londres de “promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas” y adelanta que pondrá en marcha nuevas medidas frente a estas iniciativas, en un nuevo capítulo de la tensión diplomática por la soberanía del archipiélago, actualmente bajo administración británica.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Exteriores de Argentina subraya que “la Cancillería argentina manifiesta su más enérgico rechazo a la reciente publicación de la guía británica 'Haciendo negocios con las islas Malvinas', mediante la cual el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
El texto diplomático añade, además, que “la República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”.
Nuevas medidas frente a la explotación en las Malvinas
En este contexto, el Ministerio de Exteriores ha adelantado que, ante “los continuos anuncios de las licenciatarias ilegítimas Rockhopper Exploration Plc (de origen británico) y Navitas Petroleum Lp (de origen israelí) sobre el proyecto 'Sea Lion'” en aguas cercanas al archipiélago, el Ejecutivo de Javier Milei “profundiza un plan de acción integral para defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales de todos los argentinos”.
La Cancillería recuerda que ya elevó protestas formales por los avances de dicho proyecto ante los embajadores de Israel y del Reino Unido, y denuncia que “estas acciones unilaterales británicas vulneran abiertamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la República Argentina y al Reino Unido a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras esté pendiente la solución pacífica de la disputa de soberanía”.
Asimismo, advierte de que la actividad de estas compañías podría provocar “efectos futuros potencialmente irreversibles que comprometen recursos no renovables que pertenecen a la nación argentina”. Para respaldar su postura, Exteriores detalla que “ya ha enviado cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas localizadas en 30 países, (y) ha iniciado 60 procedimientos administrativos”, mientras que el ministro Pablo Quirno “ha realizado tres denuncias penales que abarcan a diez compañías y a sus directivos”.
El comunicado insiste en que “ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del Derecho nacional argentino y Derecho Internacional” y remarca, a modo de advertencia, que “a todas aquellas empresas e individuos que persistan en entablar vínculos comerciales con las islas Malvinas” sin el visto bueno de Buenos Aires, el Gobierno “agotará todas las instancias administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales a su alcance para defender sus derechos soberanos y asegurar que (...) respondan ante la ley”.
Pese a la dureza del mensaje, la Cancillería recalca que Argentina mantiene “disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo” con Reino Unido con el fin de “poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa”, cerrando la nota con el lema “por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.
Londres reivindica su soberanía en la guía para empresas
La reacción de Buenos Aires llega tras la difusión de la guía británica dirigida a empresas interesadas en operar en las islas Malvinas, después de que horas antes el presidente Javier Milei adelantara que el país presentaría “nuevas denuncias”.
El documento elaborado por Londres destaca que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las islas Falkland y acoge con satisfacción el interés y la participación continuos del sector privado en las islas”. Al mismo tiempo, el texto indica que el Ejecutivo británico “respalda plenamente el derecho de los habitantes de las islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico” y como “parte integral de su derecho a la libre determinación”.
El Gobierno laborista recalca en la guía que “las islas Falkland son un territorio británico de ultramar” y que “no alberga dudas sobre la soberanía del Reino Unido” sobre el archipiélago y las aguas circundantes. “No debatiremos sobre la soberanía a menos que los habitantes de las islas así lo deseen”, insiste el texto.
En referencia a las medidas impulsadas por Argentina, Londres sostiene que “las islas Falkland han sido administradas de manera pacífica y eficaz por Reino Unido desde 1833, salvo por una breve interrupción en 1982”, aludiendo al conflicto bélico que enfrentó al Gobierno de Margaret Thatcher con la Junta Militar encabezada por Leopoldo Galtieri, que había desplazado a Roberto Eduardo Viola, sucesor de Jorge Videla.
La guía incide en que, en la actualidad, “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las islas Falkland. La legislación interna argentina no se aplica dentro de las islas Falkland”. En esta línea, Reino Unido afirma que “reconoce las oportunidades y los beneficios potenciales que la actividad comercial legítima puede generar tanto para los habitantes de las islas Falkland como para las empresas participantes” y precisa que son las autoridades locales del archipiélago las “responsables de regular toda actividad económica” en su territorio.
Por último, el Gobierno de Andy Burnham sostiene que “Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas Falkland ni a aplicar su legislación interna en ellas, ni tampoco respecto a empresas o particulares que realicen actividades comerciales en las islas o relacionadas con ellas”, y recuerda que Buenos Aires ya ha impulsado en el pasado medidas semejantes que “no han impedido que los habitantes de las islas Falkland desarrollen una economía próspera”.