El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha ratificado este lunes a José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino, después de su nombramiento por parte de la Asamblea Legislativa, y le ha marcado “cuatro desafíos” para el Ministerio Público: “recuperar su institucional y credibilidad, garantizar su independencia y avanzar en su transformación”.
Paz ha subrayado en sus perfiles oficiales la “importancia de una Fiscalía que actúe con base en la ley y al servicio de la ciudadanía, con independencia de intereses políticos, económicos o criminales”.
El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, ha sido el encargado de tomar juramento a Urioste y le ha asignado la misión de “limpiar la corrupción que existe en la Fiscalía” y de recuperar la “confianza en una institución cuestionada por denuncias de extorsión y corrupción”, en un contexto marcado por la detención del ex fiscal general Róger Mariaca por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Durante el acto, concebido como una declaración contra la corrupción y en defensa de la autonomía institucional, Lara ha pronunciado un discurso recogido por el diario boliviano La Razón. “Su función, su misión, es actuar con responsabilidad, sobre todo con transparencia, respetando la Constitución, respetando la ley, el debido proceso, la presunción de inocencia”, ha manifestado el vicepresidente.
Urioste ha explicado que recibe un Ministerio Público golpeado por “la extorsión, la persecución y la falta de institucionalidad”, y ha adelantado que en los 90 días que durará su mandato interino intentará “destapar la olla” para esclarecer qué sucede dentro de la entidad.
“Estamos destapando la olla y se ve que huele muy mal”, ha señalado Urioste en la ceremonia de posesión. El nuevo fiscal ha sostenido que su nombramiento implica una “ruptura con un sistema” que, según ha denunciado, toleró “prácticas de extorsión y encubrimiento dentro del Ministerio Público”.
El jurista, con experiencia en la administración de justicia, ya había adelantado que impulsará una “auditoría jurídica” y una “reingeniería del Ministerio Público”. Asimismo, ha denunciado que persisten nombramientos sustentados en “compadrerío” y “amiguismo”, dinámicas que, a su juicio, deben erradicarse.
La elección de Urioste como fiscal general interino se produjo tras cuatro votaciones fallidas en la Asamblea, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en las que las fuerzas políticas no lograban un consenso. En la quinta ronda solo se presentó un postulante y la votación se realizó por signo, levantando la mano. El secretario certificó “más de dos tercios” y, de esta forma, Urioste quedó designado, de acuerdo con la versión del medio boliviano El Deber.
La Fiscalía de Bolivia sostiene que el ex fiscal general del Estado, Róger Mariaca, el ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el ex fiscal superior y exabogado del expresidente Evo Morales, Martín Irusta, y el mayor de la Policía, Rubén Aparicio, formarían parte de una presunta red de protección al narcotráfico vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Todos ellos están en prisión preventiva y son investigados por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.