Al menos 215 alumnos y alrededor de 85 docentes han resultado heridos desde el inicio de las movilizaciones estudiantiles en Francia, según el balance presentado este martes por el primer ministro, Sébastien Lecornu, ante la Asamblea Nacional. El anuncio se ha producido justo antes de confirmar la suspensión de las clases a partir de este miércoles con el fin de habilitar un periodo de “democracia interna” en cada centro educativo.
Lecornu ha condenado de forma especial las agresiones sufridas por el profesorado, al tratarse de “el número más grande de heridos en el sistema educativo nacional desde hace décadas”. Aunque el jefe de Gobierno no ha detallado en qué circunstancias concretas se han producido todos los incidentes, sí ha señalado que la mayoría están relacionados con episodios de violencia, al tiempo que ha respaldado la actuación de las fuerzas de seguridad.
El primer ministro ha lamentado que este balance –al que sumó otros 715 heridos entre gendarmes y agentes de Policía– sea fruto, principalmente, de una “inaceptable trivialización de la violencia”, y ha negado de manera tajante la existencia de “instrucciones políticas” destinadas a impulsar una ola de “represión policial” contra los manifestantes.
“Decir 'violencia policial' sugeriría que hay instrucciones políticas de represión policial, eso es falso y es una “mentira”, ha insistido Lecornu, antes de comunicar la decisión de interrumpir las clases, al menos, hasta el fin de semana, siguiendo las indicaciones del ministro de Educación, Édouard Geffray.
“A partir de mañana por la mañana los horarios lectivos quedarán completamente suspendidos para que cada equipo directivo, cada director, tenga tiempo para dedicarlo a la democracia interna en los centros de enseñanza secundaria”, ha precisado el primer ministro.
Desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de septiembre, la Policía francesa ha efectuado unos 6.059 arrestos y más de 5.000 personas, en su mayoría menores de edad, han sido detenidas, de acuerdo con el recuento provisional difundido por el Ministerio del Interior.
Quien sí ha cuestionado la respuesta policial ha sido la Comisión Nacional Consultiva de Derechos del Hombre (CNCDH), que este martes ha expresado su “máxima preocupación” por el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los agentes en el contexto de las protestas estudiantiles.
En una nota pública, la CNCDH ha pedido al Ejecutivo “reforzar el diálogo con la juventud” y “garantizar el ejercicio de sus derechos”. Como institución nacional de Derechos Humanos, ha recalcado que la gestión de estas movilizaciones “exige, ante todo, mesura, escucha y un respeto estricto de las libertades fundamentales”.