La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado julio, ha requerido a la ciudad autónoma que aporte el registro de las llamadas realizadas por su presidente, Juan Jesús Vivas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio.
La diligencia llega después de que Vivas declarara como testigo el pasado 30 de septiembre y relatara sus intentos de contactar con Presidencia durante los días previos a la crisis migratoria en la frontera con Marruecos. La jueza quiere incorporar ahora a la causa el registro de esas comunicaciones para contrastar el relato del presidente ceutí con la versión ofrecida posteriormente por La Moncloa.
Vivas aseguró que intentó contactar una decena de veces
Durante su declaración ante la Audiencia Nacional, Vivas aseguró que trató de alertar al Gobierno central sobre el agravamiento de la situación migratoria antes de la llegada de 80.000 personas a Ceuta. Según su relato, trasladó sus advertencias tanto a Presidencia como a los ministerios de Interior, Política Territorial y Exteriores.
El presidente ceutí sostuvo que durante esas jornadas percibió que el Ejecutivo no era consciente de la magnitud que podía alcanzar la situación. También afirmó que intentó hablar directamente con Sánchez y que llegó a tratar de contactar una decena de veces, aunque, según su versión, inicialmente no consiguió llegar más allá del jefe de gabinete del presidente.
La cronología expuesta por Vivas ante la jueza sitúa el primer contacto en la mañana del 27 de julio. Según su declaración, el jefe de gabinete del presidente ceutí, Pablo García, habló a las 8.39 horas con el entonces director de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, en una conversación que se prolongó durante seis minutos.
De acuerdo con el relato trasladado a la Audiencia Nacional, fue en ese contacto cuando Ceuta advirtió a Presidencia del agravamiento de la presión migratoria. Los intentos de comunicación continuaron durante los días siguientes hasta el 30 de julio, cuando comenzó la entrada masiva que investiga Tardón.
Moncloa niega que Sánchez ignorara las llamadas
La versión del presidente ceutí ha sido cuestionada por La Moncloa, que niega que se produjeran diez intentos infructuosos de contactar con Sánchez. Fuentes de Presidencia han asegurado que tienen “cero constancia de 10 llamadas” y sostienen que Vivas pidió hablar con el presidente del Gobierno una sola vez, el 30 de julio, y que la comunicación se produjo ese mismo día.
El Ejecutivo hizo pública además su propia relación de comunicaciones después de la declaración de Vivas. Según esa versión, entre el 27 y el 30 de julio se intercambiaron nueve llamadas entre La Moncloa y el gabinete del presidente de Ceuta.
“Todas fueron diligentemente atendidas en el acto o minutos después”, sostuvo entonces el Gobierno para rechazar la afirmación de que las advertencias de la ciudad autónoma hubieran quedado sin respuesta.
La discrepancia no está tanto en la existencia de contactos entre ambas administraciones, que reconocen las dos partes, como en cuántas comunicaciones se produjeron, quién las realizó, a quién iban dirigidas y cómo respondió Presidencia durante las horas previas a la crisis.
La jueza busca contrastar las dos versiones
El requerimiento acordado ahora por Tardón permitirá incorporar a la causa el registro que obre en poder de la Ciudad Autónoma de Ceuta y comprobar las llamadas a las que Vivas hizo referencia durante su declaración.
La diligencia resulta especialmente relevante por las versiones contrapuestas ofrecidas después de la comparecencia. Mientras el presidente ceutí sostiene que realizó reiterados intentos para advertir a Presidencia de la gravedad de la situación, Moncloa afirma que las comunicaciones fueron atendidas y niega que Vivas intentara hablar una decena de veces con Sánchez sin obtener respuesta.
El registro de llamadas no permitirá por sí solo determinar el contenido de todas esas conversaciones, pero sí puede servir para fijar su número, su cronología y los interlocutores implicados, aspectos sobre los que la instructora ha decidido recabar ahora documentación.
La actuación de Tardón se enmarca en la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio. Una de las cuestiones que ha ido ganando peso en las diligencias es qué información manejaban las distintas administraciones durante las jornadas anteriores y cómo reaccionaron ante las advertencias sobre el deterioro de la situación en la frontera.