El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan, encarcelado en el marco de un caso de corrupción, ha sido llevado desde la prisión a un centro médico por mandato del Tribunal Supremo, después de que su familia presentara recursos alertando sobre el deterioro de su estado de salud, según ha confirmado su formación política, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI).
“Gracias al esfuerzo de todos vosotros, hoy se realizará el chequeo y tratamiento de Imran Jan Sahib en presencia de su familia y sus médicos personales en el Hospital Al Shifa”, ha anunciado el destacado miembro del PTI y ministro principal de Jáiber Pastunjua, Sohail Afridi, en un mensaje en redes dirigido a los simpatizantes del exmandatario.
Al mismo tiempo, Afridi ha subrayado que esta decisión judicial supone solo “el primer paso hacia el éxito”, y ha llamado a la militancia del PTI a “hacer justicia” y conseguir la liberación de Imran Jan “a través de la justicia judicial”, algo que, a su juicio, representaría un hito en la creación y fortalecimiento de “un poder judicial independiente”.
“Vosotros elegisteis a Imran Jan para un Pakistán libre, próspero, desarrollado e independiente. Él siempre os ha apoyado. Si aún hoy Imran Jan se mantiene firme como una roca, es porque vuestra fuerza reside en vosotros. Sois su esperanza”, ha manifestado.
El desplazamiento desde la cárcel hasta el Hospital Al Shifa se ha desarrollado bajo un fuerte dispositivo, de acuerdo con el diario paquistaní ‘Dawn’, que informa del despliegue de más de 800 agentes de distintas fuerzas de seguridad en el área, conforme a una orden emitida por la Policía de Islamabad.
Según dicho documento, el operativo busca salvaguardar la vida, los bienes y la dignidad de la población; prevenir posibles ataques terroristas; preservar el orden público y garantizar la circulación del tráfico en los alrededores del centro sanitario.
El Tribunal Supremo de Pakistán había ordenado el pasado martes el ingreso hospitalario del exdirigente, señalando que la corte se declara “consciente de la obligación constitucional y legal del Estado, y por consiguiente del Tribunal Supremo, de salvaguardar la vida, la salud, la dignidad y la seguridad de las personas bajo custodia”.
“Un preso no pierde, por el hecho de estar encarcelado, su derecho a un trato humano y a la atención médica necesaria”, agregaba el auto, recogido por ‘Dawn’.