El presidente de Brasil y aspirante a la reelección en los comicios de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ha reiterado que no moverá un dedo para amparar a su hijo Fabio en caso de que la Justicia concluya que ha incurrido en algún delito dentro de la investigación abierta por presunta corrupción y tráfico de influencias.
“No soy de la Fiscalía, no soy policía, no soy juez. Si Fabio cometió algún delito, tendrá que pagar por ello como cualquier otro ciudadano brasileño”, ha afirmado durante una entrevista llevada a cabo a última hora del jueves por la cadena Globo.
Aun así, el jefe de Estado ha recalcado que “está seguro” de que será declarado “no culpable”. “Esperaremos a ver qué sucede; la Presidencia de la República no hará lo más mínimo por proteger a mi hijo”, ha argüido.
La Policía Federal mantiene abierta una investigación sobre una supuesta red de tráfico de influencias y corrupción en torno a la empresaria Roberta Luchsinger, sospechosa de desviar recursos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de participar en irregularidades en contratos vinculados al Ministerio de Salud, una trama que alcanza al hijo de Lula, ‘Lulinha’, y al empresario Antonio Carlos Camilo Antunes.
En el transcurso de las pesquisas, los agentes identificaron presuntos pagos de Luchsinger al exjefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Ribeiro Santana, conocido como ‘Marcola’. A cambio, la empresaria habría remitido propuestas comerciales directamente al Palacio de Planalto para agilizar procedimientos ante distintos ministerios, con ‘Lulinha’ como supuesto intermediario político.
En este contexto, los investigadores deberán aclarar si el hijo del presidente se valió de su posición para facilitar encuentros relacionados con un contrato de cannabis medicinal para el Ministerio de Salud, a raíz de un viaje que ‘Lulinha’ realizó a Portugal junto a Camilo Antunes en noviembre de 2024.
Durante la entrevista, Lula reconoció que su antiguo jefe de gabinete incurrió en un error grave que ha sembrado recelos dentro del Palacio de Planalto al aceptar que Luchsinger afrontara parte de sus gastos personales, como facturas o cuotas de préstamos. “¿Hay pruebas de que se trate de fondos públicos? Porque ahí es donde reside el delito”, ha cuestionado.