El Gobierno de República Dominicana ha comunicado este viernes el cierre de su Embajada en Nicaragua mientras “persistan” la ausencia de libertades y la creciente concentración de poder en manos de los codirigentes del país centroamericano, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El ministro de Exteriores dominicano, Víctor Bisonó, ha subrayado que la legación diplomática en Managua no volverá a funcionar “hasta tanto persistan las condiciones” que, a juicio de Santo Domingo, menoscaban el ejercicio de las libertades y los principios democráticos en territorio nicaragüense.
El anuncio se ha producido durante una reunión de titulares de Exteriores de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese foro, Bisonó ha justificado la decisión señalando que desde República Dominicana “no queremos que al mirar atrás se diga en el futuro que no supimos estar a la altura de las circunstancias”.
El jefe de la diplomacia dominicana ha remarcado además que “numerosos países de la región han atravesado en distintos momentos de su historia períodos de dictadura y autoritarismo”, insistiendo en la necesidad de “reforzar el compromiso colectivo con la defensa de las libertades, la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos de las Américas”.
Esta medida se conoce después de que el Ejecutivo nicaragüense anunciara a comienzos de septiembre el cierre de su Embajada en Santo Domingo, tras un periodo de crecientes fricciones entre ambos gobiernos. Previamente, República Dominicana había llamado a consultas a su embajadora en Managua en respuesta a la suspensión de elecciones decidida por Ortega.
El mandatario nicaragüense afirmó a mediados de julio que no volverá a haber elecciones en Nicaragua, país que gobierna desde 2007, y acusó a la oposición de intentar enriquecerse a costa del sector público, avanzando también que promoverá leyes destinadas a consolidar su permanencia en el poder.
La OEA exige el fin de la “represión sistemática” en Nicaragua
Paralelamente, los Estados miembros de la OEA, reunidos en Washington, han aprobado este mismo viernes una resolución en la que expresan su “profunda preocupación” por el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua. El texto denuncia la “represión sistemática” de las libertades por parte de las autoridades, así como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, los “frecuentes” casos de tortura, la retirada de nacionalidad y el “exilio forzoso”, entre otras vulneraciones atribuidas al Estado.
En consecuencia, han reclamado a Managua la adopción de “medidas inmediatas, concretas y verificables” para revertir la situación. Entre ellas, restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias, liberar a “todos” los presos políticos, recuperar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, garantizar la separación de poderes y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones “libres, justas e inclusivas”.