El Tribunal Supremo de Estados Unidos inicia este lunes un nuevo periodo judicial con varios casos que afectan directamente a las políticas de la Administración de Donald Trump. Entre los asuntos que llegarán al alto tribunal figuran la detención de inmigrantes sin audiencia para solicitar fianza y las deportaciones a terceros países.
La controversia gira en torno a la interpretación de las normas federales de inmigración y a qué personas pueden quedar sometidas a detención obligatoria durante los procedimientos de expulsión. Tribunales federales de apelación han dictado resoluciones contrarias a la interpretación defendida por el Gobierno.
El litigio plantea además una cuestión procesal relevante: si la legislación permite que el Ejecutivo mantenga a determinados inmigrantes bajo custodia sin que un juez de inmigración examine si deben permanecer detenidos o pueden ser puestos en libertad. El Supremo tendrá que fijar el alcance de esas facultades.
El tribunal también ha abierto la puerta a revisar la política de deportaciones a terceros países. El 29 de septiembre permitió temporalmente que la Administración reanudase esas expulsiones mientras continúa el litigio y aceptó examinar el caso durante la sesión de diciembre.
El expediente plantea si las directrices del Departamento de Seguridad Nacional sobre estas deportaciones son compatibles con la legislación federal y con las garantías previstas frente a la persecución y la tortura. La propia orden del Supremo señala que los argumentos serán discutidos durante la sesión de diciembre.
Más litigios sobre las competencias de la Presidencia
La inmigración no será el único ámbito en el que el Supremo examine actuaciones de la Administración. La agenda incluye otros recursos relacionados con el alcance de las decisiones presidenciales y con políticas impulsadas durante el segundo mandato de Trump.
El tribunal comienza el periodo con una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas. Durante el periodo anterior dictó resoluciones relevantes sobre inmigración, aranceles, derechos de las personas transgénero y otras iniciativas de la Administración, aunque el resultado de cada caso dependió de la cuestión jurídica planteada.
El calendario oficial del Supremo establece que el nuevo periodo de sesiones comienza el 5 de octubre de 2026. Los primeros argumentos orales se desarrollarán durante la sesión que arranca ese día.