Trump sugiere que podría retirar el apoyo de EEUU a la soberanía británica sobre las Malvinas

A fecha de 2026, la postura oficial de Estados Unidos respecto a la soberanía de las Islas Malvinas/Falkland Islands sigue siendo reconocerlas como territorio bajo soberanía británica, administrado por el Reino Unido, aunque la Administración estadounidense admite que existe una disputa de soberanía abierta entre Londres y Buenos Aires. No hay constancia, en las fuentes consultadas, de un cambio formal de doctrina ni de una resolución del Congreso que haya modificado este marco.

Posición de la Administración estadounidense

Un análisis reciente publicado por el periódico Demócrata sobre la evolución del contencioso señala explícitamente que, en la actualidad, el Departamento de Estado de Estados Unidos “mantiene que la soberanía de las Malvinas corresponde a Reino Unido”, si bien reconoce que continúa abierta la controversia sobre la titularidad del territorio entre Argentina y el Reino Unido. Esta formulación combina dos elementos:

• Por un lado, reconocimiento de la soberanía británica sobre el archipiélago y su consideración como territorio británico de ultramar.
• Por otro, reconocimiento de que existe una disputa de soberanía, coherente con el hecho de que Naciones Unidas, a través de la Resolución 2065 de la Asamblea General, ha constatado que hay un conflicto pendiente entre Argentina y el Reino Unido y ha instado a negociar una solución pacífica.

Esta doble línea implica que Washington no se declara “neutral” en el sentido estricto de colocarse equidistante entre las pretensiones de ambos Estados: se alinea jurídicamente con la posición británica, pero admite el carácter disputado del territorio en el plano internacional y respalda la vía negociadora.

Debate interno y señales de posible revisión

En 2026 se han difundido informaciones sobre debates internos en la Administración estadounidense que afectan indirectamente a la cuestión de las Malvinas. Demócrata recoge la filtración de un correo interno del Departamento de Defensa que “reabre el debate” al sugerir que Washington podría reconsiderar su respaldo a la soberanía británica sobre las islas como parte de una estrategia de presión frente a Londres, en el contexto de discrepancias por la guerra de Irán.

En otro artículo, el mismo diario alude a un memorando del Pentágono que sitúa la revisión del “respaldo diplomático estadounidense a territorios como las Islas Malvinas” entre las herramientas de presión política sobre determinados aliados europeos. Estas referencias indican:

• Que en los niveles estratégicos de defensa se ha contemplado la posibilidad teórica de utilizar la posición sobre Malvinas como palanca diplomática.
• Pero no describen una decisión ya adoptada, sino escenarios de represalia o negociación que se barajan y cuyo objetivo principal no es el contencioso en sí, sino otras crisis (por ejemplo, la implicación británica en Oriente Próximo).

En las piezas consultadas no aparece ninguna nota oficial del Departamento de Estado anunciando un cambio de reconocimiento, ni una comunicación formal a Argentina o Reino Unido en ese sentido; se habla siempre de “posible giro” o de escenarios que “podrían” plantearse.

Papel del Congreso de Estados Unidos

En cuanto al Congreso estadounidense, la información localizada se centra en resoluciones y debates sobre otros escenarios (Venezuela, Irán, Groenlandia, etc.), sin que se destaque una resolución reciente y específica sobre la soberanía de las Malvinas entre 2010 y 2026.

Esto sugiere que:

• La línea sobre Malvinas se configura principalmente desde el Poder Ejecutivo (Departamento de Estado, Casa Blanca, Departamento de Defensa), dentro de la política global hacia el Reino Unido, América Latina y el Atlántico Sur.
• El Congreso, al menos en el periodo analizado, no ha impulsado un cambio normativo o una gran resolución de ruptura respecto a la política tradicional, que seguiría siendo la de respaldo a la soberanía británica y apoyo genérico a una solución negociada.

Balance del estado actual

A partir de las fuentes disponibles, el estado actual de la postura estadounidense puede sintetizarse así:

• Reconoce la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas/Falkland Islands y las trata como territorio británico de ultramar.
• Reconoce que existe un contencioso de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, en línea con la formulación de Naciones Unidas, y no presenta la cuestión como completamente cerrada en el plano internacional.
• No mantiene una neutralidad estricta: su posición de base favorece a Londres, aunque encuadrada en un discurso de respeto al derecho internacional y a las vías pacíficas de solución.
• Existen debates internos en la Administración (especialmente en Defensa) sobre la posibilidad de revisar ese respaldo como instrumento de presión diplomática, pero, hasta donde alcanzan las informaciones publicadas por Demócrata hasta agosto de 2026, no se ha materializado un cambio oficial.
• El Congreso no aparece como actor protagonista en esta cuestión en los últimos años; no se identifican nuevas grandes resoluciones que reorienten la política hacia Malvinas.

En resumen, la doctrina de fondo sigue siendo favorable a la soberanía británica, con matices sobre la existencia de una disputa y con la novedad de que, en la coyuntura actual, algunos sectores en Washington exploran si esa posición puede utilizarse como variable de presión en otras crisis, sin que ello se haya traducido aún en un viraje público o legislativo.

En el sistema constitucional estadounidense, el presidente concentra un poder muy amplio en política exterior, pero no absoluto. Sus competencias derivan principalmente de la Constitución de EE. UU. (especialmente del Artículo II), de leyes federales aprobadas por el Congreso y de la práctica constitucional consolidada a lo largo de más de dos siglos.

Fundamento constitucional básico

El Artículo II de la Constitución establece al presidente como:

• Jefe del Estado en el exterior, que representa internacionalmente a Estados Unidos.
• Jefe del Ejecutivo, encargado de “velar por la fiel ejecución” de las leyes, incluidas las relacionadas con política exterior.
• Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Aunque la Constitución es relativamente escueta, la interpretación de estas cláusulas, más la legislación y la práctica, han configurado una presidencia muy poderosa en asuntos exteriores.

Dirección de la política exterior y relaciones diplomáticas

El presidente fija las grandes líneas de la política exterior y coordina toda la acción exterior federal. Entre sus competencias destacan:

• Conducir las relaciones diplomáticas: decide la orientación general con otros Estados y organizaciones internacionales, fija prioridades (alianzas, rivales estratégicos, regiones prioritarias) y define estrategias.
• Nombramiento de embajadores: designa a embajadores y altos cargos diplomáticos, con el consentimiento del Senado. Este poder le permite premiar lealtades políticas y colocar perfiles alineados con su visión exterior.
• Recepción de embajadores extranjeros: la facultad de “recibir embajadores y otros ministros públicos” se ha interpretado como la competencia para reconocer oficialmente gobiernos y Estados.

Tratados, acuerdos y comercio internacional

El presidente negocia tratados y acuerdos internacionales, pero con distintos grados de control del Senado:

• Tratados formales: el presidente o sus delegados negocian tratados, que solo adquieren plena fuerza con la aprobación de dos tercios del Senado. Ejemplos clásicos son tratados de seguridad o de control de armas.
• Acuerdos ejecutivos: el presidente puede concluir acuerdos internacionales sin ratificación del Senado, basándose en sus propias competencias o en leyes previas. Se usan masivamente para cuestiones militares, de cooperación o comercio.
• Política comercial: la Constitución otorga al Congreso el poder de regular el comercio exterior, pero el Congreso ha delegado amplias facultades en el presidente (por ejemplo, para negociar acuerdos comerciales o imponer ciertos aranceles), lo que le da gran margen de maniobra negociadora.

Competencias militares y de seguridad

Como Comandante en Jefe, el presidente dirige las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia:

• Puede ordenar operaciones militares, despliegues de tropas y acciones encubiertas.
• Toma decisiones operativas de alto nivel y fija la doctrina militar y de seguridad nacional.
• Nombra a la cúpula militar y de inteligencia (secretario de Defensa, directores de agencias, altos mandos), con el consentimiento del Senado.

Sin embargo, la Constitución reserva al Congreso la facultad de declarar la guerra y de financiar las Fuerzas Armadas. Para limitar intervenciones presidenciales sin autorización, el Congreso aprobó la War Powers Resolution de 1973, que:

• Obliga al presidente a informar al Congreso cuando despliega tropas en hostilidades.
• Fija plazos (por regla general 60 días, prorrogables brevemente) para retirar fuerzas si el Congreso no autoriza la acción.

En la práctica, muchos presidentes han operado en el límite de esta ley, apoyándose en autorizaciones previas o en interpretaciones amplias de la autodefensa y de su poder como comandante en jefe.

Límites y controles al poder presidencial

Las competencias del presidente en política exterior están condicionadas por varios contrapesos:

• Congreso: declara la guerra, aprueba tratados, controla el presupuesto (incluido el militar y de ayuda exterior), dicta la normativa que regula sanciones, comercio y programas de ayuda, y puede revocar delegaciones de poder.
• Tribunales federales: pueden revisar si las acciones presidenciales violan la Constitución o las leyes, aunque la judicatura suele ser deferente en materia de seguridad y relaciones exteriores.
• Opinión pública y política interna: la reelección, el equilibrio de fuerzas en el Congreso y la presión de grupos de interés limitan la libertad real de acción del presidente.

En síntesis, el presidente de Estados Unidos es el principal arquitecto y ejecutor de la política exterior, con amplios poderes para dirigir la acción diplomática, militar y negociadora del país. Sin embargo, esos poderes operan dentro de un marco de separación de poderes y controles cruzados en el que el Congreso, los tribunales y la propia dinámica política interna condicionan de forma constante su margen de actuación.

Donald John Trump, nacido en Nueva York el 14 de junio de 1946, desarrolló una trayectoria principalmente empresarial y mediática antes de entrar de lleno en la política institucional y alcanzar la presidencia de Estados Unidos en 2017. Su perfil público se fue construyendo durante décadas como promotor inmobiliario, figura del entretenimiento y comentarista político, mucho antes de presentarse formalmente como candidato.

Hijo de Fred Trump, un importante promotor inmobiliario en barrios de clase media de Nueva York, Donald creció en un entorno acomodado y muy ligado al negocio familiar. Estudió en la academia militar de Nueva York y posteriormente cursó estudios universitarios en Fordham University y en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, donde se especializó en economía. A finales de los años sesenta y principios de los setenta se incorporó gradualmente a la empresa familiar, entonces centrada en viviendas de alquiler en zonas periféricas.

A partir de los años setenta, Trump tomó un papel protagonista y reorientó el negocio hacia proyectos de mayor visibilidad en Manhattan. En 1971 asumió la dirección de la compañía, que más tarde rebautizaría como The Trump Organization. Entre sus primeros logros destacados estuvo la renovación del hotel Commodore, convertido en el Grand Hyatt, y el desarrollo de la Trump Tower en la Quinta Avenida, inaugurada en 1983, que se convirtió en símbolo de su marca personal: lujo ostentoso, mármol, dorados y su apellido presidiendo fachadas y edificios.

Durante los años ochenta amplió su actividad a casinos y complejos hoteleros en Atlantic City, así como a inversiones en líneas aéreas (la breve Trump Shuttle) y otros negocios. Esta etapa se caracterizó por un uso intensivo del endeudamiento y por una estrategia de autopromoción constante en la prensa neoyorquina, donde cultivó la imagen de magnate exitoso y extravagante. Sin embargo, a comienzos de los noventa enfrentó graves dificultades financieras: varios de sus casinos y proyectos inmobiliarios entraron en crisis, se vieron sometidos a reestructuraciones de deuda y algunos acabaron en procesos de quiebra empresarial. Pese a ello, Trump logró mantenerse como figura pública gracias a acuerdos con acreedores y a una agresiva defensa de su marca personal.

Paralelamente, fue consolidándose como personaje mediático. Apareció con frecuencia en programas de televisión y radio, concedió entrevistas y cultivó una relación de mutua dependencia con los tabloides. Publicó libros de autoayuda empresarial y de construcción de imagen, el más conocido de ellos The Art of the Deal (1987), donde se presentaba como un negociador implacable y visionario. Esta narrativa de “hombre hecho a sí mismo”, aunque discutida por el papel central de la fortuna familiar, fue esencial para su posterior discurso político.

A finales de los noventa y principios de los dos mil reforzó su faceta televisiva. En 2004 estrenó el programa de telerrealidad The Apprentice, en el que interpretaba el rol de jefe severo que juzgaba a aspirantes a ejecutivos, popularizando su muletilla “You’re fired”. El éxito del formato, emitido durante varias temporadas y con derivados como The Celebrity Apprentice, amplificó enormemente su notoriedad a escala nacional y fijó en la cultura popular la imagen de Trump como empresario duro, directo y exitoso.

En cuanto a trayectoria política estricta, antes de su candidatura presidencial no ocupó cargos electos ni desempeñó funciones en la administración pública. Sin embargo, durante décadas coqueteó con la política: hizo donaciones a candidatos de ambos partidos, se inscribió y desinscribió en distintas formaciones (republicanos, reformistas, incluso breves etapas como demócrata independiente) y en varias ocasiones insinuó su interés por presentarse a la presidencia, sin concretarlo.

A partir de 2011 intensificó su presencia en el debate político al convertirse en una de las voces más visibles del llamado movimiento “birther”, que cuestionaba sin fundamento la nacionalidad y legitimidad de Barack Obama. Utilizó de forma muy activa la red social Twitter para difundir opiniones, polémicas y críticas a la clase política tradicional, consolidando un estilo comunicativo directo, confrontativo y poco convencional. Muchas de las líneas argumentales que luego emplearía en campaña —escepticismo hacia los acuerdos comerciales, críticas a la inmigración irregular, denuncia de las “élites” y de la “corrección política”— ya estaban presentes en esta fase previa.

El paso decisivo hacia la política institucional llegó el 16 de junio de 2015, cuando anunció formalmente su candidatura a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2016. Pese al escepticismo inicial de analistas y dirigentes de su propio partido, logró imponerse en unas primarias muy concurridas gracias a una combinación de gran visibilidad mediática, un discurso rupturista con la línea tradicional republicana en algunos temas y un fuerte tirón entre segmentos del electorado descontentos con la globalización y la política convencional. En noviembre de 2016 ganó las elecciones frente a la candidata demócrata Hillary Clinton, culminando así una trayectoria política y profesional previa centrada en los negocios, la autopromoción y el espectáculo mediático, pero sin experiencia previa en cargos públicos.