Los devastadores incendios que han arrasado cerca de 70.000 hectáreas entre las provincias de Ávila y Madrid han reabierto el debate sobre si necesita España un Pacto de Estado contra los incendios forestales. Esta vez han sido los propios alcaldes que han gestionado la emergencia sobre el terreno los que han hecho la petición.
En un reportaje publicado por El País, regidores de distintos partidos políticos han reclamado públicamente a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que aparquen la confrontación y alcancen un acuerdo nacional que permita afrontar un problema que cada año resulta más complejo por el cambio climático, el abandono del medio rural y la acumulación de combustible vegetal en los montes.
Los alcaldes piden unidad política para afrontar los grandes incendios
La reclamación fue realizada por Vanessa Muñoz, alcaldesa de Casavieja (PSOE); Jerónimo López, alcalde de Cenicientos (PP); Lucía Moya, alcaldesa de Chapinería (independiente); y Soraya Blázquez, alcaldesa de Mijares (PSOE), todos ellos al frente de municipios gravemente afectados por el mayor incendio registrado hasta la fecha entre Ávila y la Comunidad de Madrid.
Pese a pertenecer a formaciones políticas diferentes, los cuatro coincidieron en una misma idea: la lucha contra los incendios forestales debe situarse por encima de la confrontación política.
La alcaldesa de Casavieja resumió esa petición con una frase que se ha convertido en uno de los mensajes más repetidos tras la tragedia: "Que se quiten la camiseta de partido ya. O nos sentamos, o desapareceremos". Los regidores reclaman un acuerdo estable que incluya a todas las administraciones y que incorpore también la experiencia de quienes gestionan las emergencias desde el ámbito local.
Almeida se suma al llamamiento y pide colaboración entre administraciones
La propuesta también ha encontrado respaldo en otros responsables institucionales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones para mejorar la prevención y la respuesta frente a los incendios forestales y reclamó que cualquier propuesta de Pacto de Estado se concrete en medidas eficaces y en una verdadera cooperación institucional.
Sus declaraciones se produjeron en plena crisis provocada por los incendios que obligaron al Gobierno a declarar, de forma inédita, la emergencia de interés nacional en varios puntos de Ávila y la Comunidad de Madrid.
El pacto ya fue aprobado en 2022
Mientras alcaldes y responsables políticos reclaman la firma de un Pacto de Estado contra los incendios forestales, la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá, Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero, sostiene que esa hoja de ruta ya existe.
La experta recuerda que las Orientaciones Estratégicas para la gestión de incendios forestales en España fueron aprobadas inicialmente por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) en 2019 y ratificadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 28 de julio de 2022, con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y de todas las comunidades autónomas.
Rodríguez-Chaves defiende que ese documento constituye un marco estratégico consensuado para reducir el riesgo de incendios, mejorar la gestión forestal y reforzar la coordinación entre administraciones. A su juicio, el problema no es la ausencia de un pacto, sino que muchas de las medidas previstas en ese acuerdo permanecen sin desarrollar, por lo que considera que la prioridad debería ser aplicar la estrategia ya aprobada antes que elaborar un nuevo documento.
El debate se centra en prevenir antes que apagar
Uno de los principales mensajes que comparten tanto los alcaldes como las orientaciones estratégicas aprobadas en 2022 es que la prevención debe adquirir un mayor protagonismo. El documento recuerda que durante décadas la mayor parte de la inversión pública se ha destinado a mejorar los medios de extinción, mientras la gestión forestal preventiva ha ido perdiendo peso.
Según esa estrategia, los actuales dispositivos funcionan correctamente frente a incendios convencionales, pero resultan insuficientes cuando se producen grandes incendios favorecidos por temperaturas extremas, sequía y fuertes vientos.
En esa línea, también la Comisión Europea ha defendido recientemente que la gestión forestal activa y sostenible constituye uno de los pilares fundamentales para reducir el riesgo de incendios y aumentar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.
¿Qué es un Pacto de Estado y por qué se reclama ahora?
Un Pacto de Estado es un acuerdo político de amplio consenso entre el Gobierno y una parte significativa de las fuerzas parlamentarias para abordar cuestiones consideradas estratégicas para el país, como la inmigración, la violencia de género, las pensiones o, en este caso, los incendios forestales.
Aunque el término tiene una enorme relevancia política, no constituye una figura jurídica regulada por la Constitución. Su principal objetivo consiste en garantizar que determinadas políticas públicas tengan continuidad con independencia del partido que gobierne.
Esto significa que un Pacto de Estado no crea obligaciones legales por sí mismo. Las medidas acordadas únicamente adquieren eficacia jurídica cuando se desarrollan mediante leyes, reales decretos u otras normas aprobadas conforme al procedimiento legislativo correspondiente.
Precisamente por ello, el debate abierto tras los incendios de este verano no se limita únicamente a la conveniencia de firmar un nuevo acuerdo político. También plantea una cuestión de fondo: si España necesita redactar un nuevo Pacto de Estado o, basta con aplicar plenamente el que ya fue aprobado por consenso en 2022.