El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que permitirá a los profesionales ferroviarios interrumpir la marcha de un tren o negarse a iniciar un trayecto cuando detecten un riesgo grave e inminente para la seguridad, sin exponerse a represalias laborales por adoptar esa decisión en las condiciones previstas por la norma. El texto también modifica el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, amplía las facultades inspectoras de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y extiende los coeficientes reductores de la edad de jubilación a determinados trabajadores del sector.
La aprobación llega una semana después de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), y al inicio de las jornadas de huelga convocadas por los maquinistas. El Ministerio de Transportes vincula las nuevas disposiciones a las reivindicaciones sindicales y reúne en el decreto cuatro modificaciones relacionadas con las condiciones laborales y la seguridad de la circulación.
Los trabajadores podrán detener la circulación ante un peligro grave
Una de las principales novedades afecta a la capacidad de actuación del personal ferroviario cuando detecte una situación que comprometa gravemente la seguridad. La reforma de la Ley del Sector Ferroviario reconocerá expresamente su derecho a adoptar medidas necesarias y proporcionadas para evitar un riesgo grave e inminente o reducir sus consecuencias.
Entre esas medidas figura la posibilidad de detener un tren que ya esté circulando o decidir que no inicie la marcha. El trabajador deberá comunicarlo sin demora a los responsables correspondientes, pero contará con protección frente a posibles sanciones o represalias laborales cuando su actuación cumpla los requisitos legales.
La protección también se extenderá a quienes comuniquen riesgos a través de los canales internos de las empresas o de los sistemas públicos de notificación. Estos procedimientos deberán garantizar la confidencialidad de las personas que faciliten información sobre posibles problemas de seguridad.
El decreto incorpora así a la legislación ferroviaria los principios de la denominada "cultura justa", que busca favorecer la comunicación de incidentes y riesgos sin que los trabajadores teman consecuencias disciplinarias por informar de ellos.
La norma contempla, además, que no se impongan sanciones cuando una conducta infractora se haya comunicado previamente, haya cesado y exista plena colaboración con la investigación. Esta protección tendrá límites: quedan excluidas las actuaciones dolosas, de mala fe o cometidas con negligencia grave.
Las pausas inferiores a 45 minutos contarán como tiempo de conducción
El Gobierno también ha modificado las reglas para calcular cuánto tiempo conduce un maquinista. La nueva regulación incluirá las maniobras en las que el profesional maneje un vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que siga siendo responsable del tren, aunque este permanezca detenido.
El cambio más concreto afecta a las pausas entre dos periodos de conducción. Todas las interrupciones inferiores a 45 minutos se contabilizarán íntegramente como tiempo de conducción, incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no tenga que vigilar la circulación o esté realizando otras tareas.
También se incluirán las interrupciones de 45 minutos o más que tengan lugar durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones ferroviarias.
La modificación comprende asimismo determinados trabajos de conducción realizados fuera de la Red Ferroviaria de Interés General, como los que desempeñan profesionales habilitados para operar vehículos de maniobras o maquinaria de infraestructura.
Cuando excepcionalmente un vehículo sea conducido por dos maquinistas, uno habilitado para el tren y otro para la infraestructura, el tiempo de conducción se computará simultáneamente para ambos.
Más facultades para inspeccionar trenes e instalaciones ferroviarias
La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria dispondrá de mayores garantías legales para acceder a los medios necesarios durante sus actuaciones de supervisión.
Las personas y empresas sometidas a una inspección deberán facilitar el acceso del personal de la AESF a sus instalaciones y equipos. La obligación se extenderá a las entidades ferroviarias que dispongan de material rodante, infraestructuras o equipos necesarios para desarrollar las comprobaciones.
Con esta modificación, los inspectores podrán acceder a trenes e instalaciones aunque pertenezcan a una empresa distinta de la que esté siendo supervisada, siempre que resulte necesario para la actuación.
La reforma pretende evitar que la titularidad de un vehículo o de una instalación dificulte las comprobaciones de seguridad, especialmente cuando intervienen varias empresas ferroviarias.
La jubilación anticipada se amplía a trabajadores de otras empresas ferroviarias
El decreto también modifica las condiciones de acceso a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores para determinados profesionales del ferrocarril.
El Gobierno extiende el régimen previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986 al personal de empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General, con el propósito de equiparar el tratamiento de quienes realizan las mismas funciones.
Los coeficientes reductores permiten adelantar la edad de jubilación en determinadas actividades consideradas especialmente penosas o peligrosas. La ampliación aprobada busca que los profesionales que desempeñan trabajos equivalentes puedan acogerse al mismo régimen, con independencia de la empresa ferroviaria para la que trabajen.
Además, Transportes iniciará un procedimiento para estudiar la inclusión de otras categorías profesionales cuyos puestos impliquen exposición a condiciones penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres.
La revisión se tramitará conforme al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, y contará con participación sindical. El Ministerio no concreta en su comunicación qué nuevas categorías podrían incorporarse ni establece un calendario para concluir ese procedimiento.