El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el real decreto que crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una figura estable y permanente encargada de coordinar la atención a los afectados y sus familiares.
Su labor dará continuidad a la asistencia tras un accidente, también a medio y largo plazo, cuando los dispositivos de emergencia ya se hayan desactivado. El objetivo es garantizar el apoyo psicológico, social y jurídico y proteger los derechos, la dignidad y las necesidades de las víctimas.
El Defensor contará con rango de subsecretario y será una figura diferenciada dentro del Ministerio. Esta posición institucional le permitirá coordinar actuaciones, solicitar información, reclamar respuestas a otros organismos y supervisar el cumplimiento de sus compromisos.
Una propuesta de reforma normativa en tres meses
El real decreto incorpora la misión planteada por las asociaciones: asegurar la protección efectiva de las víctimas y sus familiares, el acceso a la información, la atención integral y el acompañamiento y seguimiento de los procesos derivados de los accidentes.
En el plazo de tres meses desde su nombramiento, el Defensor presentará, con la participación de estas asociaciones, un proyecto para mejorar el marco normativo de atención a las víctimas.
La propuesta abordará la estructura institucional de asistencia y las fórmulas de colaboración entre administraciones y entidades. También permitirá incorporar las lecciones de accidentes recientes y anteriores en los distintos modos de transporte y estudiar las cuestiones que requieren una norma con rango de ley.
Las asociaciones participarán de manera activa, consultiva y permanente en todas las funciones del Defensor a través de un grupo de trabajo.
En qué accidentes podrá intervenir
El ámbito de actuación comprenderá los accidentes de transporte colectivo de viajeros de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús.
Su intervención podrá extenderse a los servicios autonómicos y locales mediante acuerdos de colaboración con las administraciones competentes.
La norma adopta una definición amplia de víctima. Incluye a las personas fallecidas, desaparecidas o heridas, pero también a quienes sufran daños psicológicos, a sus familiares y allegados y a quienes dependieran de ellas, siempre que el accidente les afecte directamente.
Información, asesoramiento y coordinación de la asistencia
Las funciones del Defensor se distribuyen en diez bloques. Entre sus principales tareas estará actuar como interlocutor de referencia de las víctimas y sus familiares ante las administraciones, organismos y entidades implicadas.
También establecerá un marco común para coordinar la respuesta, facilitar información clara y mantener el asesoramiento. Participará en la elaboración de protocolos de asistencia, con especial atención a las personas vulnerables.
La orientación comprenderá los derechos de las víctimas y las vías para ejercerlos, las ayudas disponibles, las reclamaciones por daños, el acceso a la justicia gratuita y los derechos económicos. Asimismo, facilitará apoyo emocional y terapéutico.
El Defensor podrá requerir la información necesaria a órganos, organismos y administraciones para desarrollar su trabajo y colaborará con las asociaciones de víctimas y otras instituciones dedicadas a su atención.
Informes sobre la atención y buenas prácticas informativas
Entre sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas figurará la elaboración de informes sobre la asistencia prestada en cada accidente y las reclamaciones recibidas.
Además, preparará con las asociaciones de medios de comunicación un código de buenas prácticas para el tratamiento ético de la información sobre estos sucesos.
La nueva figura cooperará de forma particular con la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT), respetando su independencia.
Cómo se organizará el Defensor de Víctimas
El Defensor será nombrado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Contará con una Oficina del Defensor, con rango de Dirección General, que prestará apoyo técnico y de la que dependerán una Secretaría General y una Subdirección General de Atención a las Víctimas. Dispondrá también de un Gabinete Técnico, con rango de subdirección general, para su asesoramiento directo.
La nueva figura no sustituirá a otros organismos. Respetará la independencia de la AITAT, la función de los órganos judiciales y las competencias autonómicas y municipales en sanidad, servicios sociales y transporte. Su actuación en estos ámbitos se articulará mediante instrumentos de cooperación entre administraciones.