Sánchez bucea en Lanzarote mientras sus ministros visitan Ceuta

El presidente del Gobierno no gestiona directamente los dispositivos en frontera o en los centros de acogida de Ceuta y Melilla, pero concentra las competencias estratégicas: dirige la política general del Gobierno, la política de inmigración del Estado a través de sus ministros, la política de seguridad nacional y la activación de los principales mecanismos de gestión de crisis. En una crisis migratoria en las ciudades autónomas, su papel es de dirección política, coordinación interministerial y activación de marcos como la seguridad nacional o la protección civil, mientras la ejecución recae sobre Interior, Inclusión, Defensa, Exteriores y los delegados del Gobierno. Las competencias propias de Ceuta y Melilla en protección civil, servicios sociales o policía local se integran dentro de este marco estatal, sin afectar a la titularidad estatal de la inmigración, fronteras y seguridad pública.

1. Dirección política general del Ejecutivo

La Ley 50/1997, del Gobierno establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y que el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los ministros, fijando el programa político y las directrices de la política interior y exterior (Ley 50/1997). Sobre esta base, en una crisis migratoria en Ceuta o Melilla corresponde al presidente:

• Fijar la estrategia política ante la crisis (enfoque con Marruecos y la UE, orientación general sobre acogida, derivaciones, etc.).
• Coordinar a los ministerios competentes (Interior, Inclusión, Defensa, Exteriores) impartiendo instrucciones políticas.
• Presidir el Consejo de Ministros donde se adoptan reales decretos‑ley, acuerdos de emergencia o decisiones presupuestarias vinculadas a la crisis.

2. Política de inmigración y control de fronteras

La Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería atribuye al Gobierno, “de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución”, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración (LO 4/2000). El texto también prevé que la Administración General del Estado coopere con las Ciudades de Ceuta y Melilla en ámbitos como la integración, especialmente de menores extranjeros no acompañados.

En la práctica, esto significa que el presidente:

• Orienta la política migratoria estatal (cupos, derivaciones a la península, ajustes normativos de urgencia, etc.) a través del Gobierno.
• Respaldado por la LO 4/2000, puede impulsar reformas legales o medidas ejecutivas para regular entradas, devoluciones, derivaciones y dispositivos de acogida.
• Dirige políticamente la actuación del Ministerio del Interior en el control de fronteras terrestres y marítimas, Guardia Civil y Policía Nacional, en el marco de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que reconoce al Gobierno la competencia en seguridad pública y al Ministro del Interior el mando superior de estos cuerpos.

3. Seguridad Nacional y gestión de crisis

La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional es clave en crisis migratorias de gran magnitud. Declara que la Política de Seguridad Nacional es una política pública “bajo la dirección del Presidente del Gobierno” y la responsabilidad del Gobierno, en la que participan todas las Administraciones (Ley 36/2015).

En esta ley se atribuye específicamente al presidente:

• Dirigir la política de Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional.
• Proponer la Estrategia de Seguridad Nacional (que incluye el enfoque ante riesgos como flujos migratorios masivos) al Consejo de Ministros.
• Declarar la “Situación de Interés para la Seguridad Nacional”, categoría que permite una coordinación reforzada de todos los recursos públicos sin llegar a los estados de alarma, excepción o sitio.
• Dirigir el Sistema de Seguridad Nacional, asistido por el Consejo de Seguridad Nacional, que integra a todos los órganos relevantes, incluidos los delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla.

4. Protección civil y emergencias de interés nacional

La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil prevé que el Gobierno, bajo la dirección política y coordinación superior del propio Gobierno, ejerza una “dirección eficaz” de las emergencias de interés nacional (Ley 17/2015). En estas emergencias, el titular de Interior asume la dirección operativa, pero:

• La orientación y priorización política general corresponde al presidente.
• El Consejo de Ministros puede aprobar el Plan Estatal General de Protección Civil y declarar zonas afectadas gravemente por emergencias, también en Ceuta y Melilla.

5. Reparto competencial con Ceuta y Melilla

Los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla (LO 1/1995 Ceuta y LO 2/1995 Melilla) les atribuyen competencias ejecutivas en materias como asistencia social, protección civil, vivienda o policía local, pero expresamente sitúan la policía local “en los términos que establezca la ley a que se refiere el artículo 149.1.29 de la Constitución”, es decir, dentro del marco de la competencia estatal sobre seguridad pública.

Por tanto, en una crisis migratoria:

• Ceuta y Melilla gestionan sus servicios propios (albergues, servicios sociales, dispositivos locales de emergencia).
• El Estado conserva la titularidad de inmigración, fronteras, seguridad pública, defensa y relaciones exteriores, dirigidas políticamente por el presidente.
• La coordinación práctica se articula mediante los delegados del Gobierno en ambas ciudades, que son órganos competentes en Seguridad Nacional según la Ley 36/2015.

6. Límite de las competencias presidenciales

El presidente actúa siempre a través del Gobierno y de sus ministros, y dentro de los marcos legales citados (Constitución Española, accesible en este enlace). No sustituye a las autoridades autonómicas o locales en sus competencias propias, pero puede reforzar la dirección estatal mediante:

• Declarar situaciones de interés para la seguridad nacional.
• Impulsar acuerdos en el Consejo de Ministros (incluidos reales decretos‑ley en materia migratoria o de acogida).
• Reforzar la coordinación con la Unión Europea en materia de fronteras exteriores y asilo, canalizada por el Gobierno central.

Juan Jesús Vivas Lara es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y uno de los dirigentes autonómicos más longevos de España. Políticamente, su trayectoria está vinculada de forma estable al ámbito local ceutí y al Partido Popular (PP), formación a la que pertenece. Desde 2001 ejerce ininterrumpidamente como alcalde-presidente de Ceuta, consolidando un perfil de gestión centrado en la estabilidad institucional, la relación con el Gobierno central y la proyección exterior de la ciudad. Su carrera se ha desarrollado principalmente en la administración local y en la Presidencia de la Ciudad, más que en cargos parlamentarios estatales.

Datos biográficos y formación

Según su ficha institucional, Juan Jesús Vivas nació en Ceuta en 1953 y es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Antes de llegar a la Presidencia de la Ciudad Autónoma, desarrolló su carrera profesional como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ceuta, lo que le situó en el núcleo de la gestión municipal y de la administración local ceutí.

En la información administrativa consultada aparece como Presidente de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta dentro de la estructura institucional de la ciudad, lo que confirma su rol como máxima autoridad del Consejo de Gobierno y de la Asamblea de Ceuta.

Pertenencia política y liderazgo en el PP

La biografía corta disponible lo identifica expresamente como miembro del Partido Popular. Distintas crónicas políticas recientes del periódico Demócrata se refieren a él constantemente como “Juan Jesús Vivas (PP)” o “presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP)”, lo que refuerza su adscripción estable a este partido.

En un acto institucional recogido por Demócrata sobre la inauguración de la terminal marítima de Ceuta, Pedro Sánchez lo describe como “el líder del PP más longevo en su puesto desde 2001”, subrayando que lleva 25 años al frente de la región y que su mandato ininterrumpido como presidente se remonta a comienzos de siglo. Ese liderazgo prolongado lo convierte en una figura de referencia dentro del Partido Popular en el ámbito local y también en el tablero autonómico.

Cargos institucionales y trayectoria como presidente

Una nota divulgativa del Senado sobre el Día de Ceuta explica que los principales órganos institucionales de la ciudad son el Consejo de Gobierno y la Asamblea de Ceuta y precisa que, en la XI Legislatura, ambas instituciones están presididas por Juan Jesús Vivas Lara. Esa doble condición de alcalde-presidente y máximo responsable de la Asamblea consolida su posición como figura central del poder autonómico ceutí.

La agenda y las notas de prensa del Gobierno de España muestran una intensa actividad institucional de Vivas en los últimos años. En las referencias de La Moncloa se le menciona recurrentemente como “presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta” en reuniones con distintos ministros: visitas y encuentros con Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, José Manuel Albares, Elma Saiz, Pilar Alegría o Sira Rego, entre otros, en el marco del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y de la gestión de la presión migratoria y de menores no acompañados.

Demócrata destaca que Vivas es, además, el presidente autonómico con más tiempo ininterrumpido en el cargo en toda España. En la cobertura de la crisis migratoria de 2026 se subraya su papel al frente de la ciudad: comparecencias públicas, exigencias de declaración de emergencia nacional, reclamación de medidas extraordinarias al Gobierno central y comparecencia ante la comisión LIBE del Parlamento Europeo para pedir más implicación de la UE y el “blindaje” de la frontera de Ceuta.

Perfil político y líneas de actuación

Aunque las fuentes no detallan su etapa previa dentro del PP, sí dibujan un perfil político centrado en tres ejes: defensa de la españolidad de Ceuta, búsqueda de lealtad y cooperación institucional con el Gobierno de España y gestión de la convivencia en una ciudad plural.

En varias informaciones de Demócrata Vivas aparece defendiendo la convivencia entre comunidades, por ejemplo cuando se distancia de declaraciones de José María Aznar sobre la inmigración musulmana y subraya que los musulmanes de Ceuta y Melilla “son tan españoles como cualquier otro ciudadano” de estas ciudades, o cuando se desmarca de unas palabras polémicas de Mariano Rajoy sobre la selección francesa, dejando claro que no comparte planteamientos que vinculen nacionalidad con etnia o cultura.

En resumen, la trayectoria política de Juan Jesús Vivas es la de un dirigente de larga duración, anclado en la realidad local de Ceuta, con una base profesional en la administración municipal, una militancia consolidada en el Partido Popular y un prolongado ejercicio de la Presidencia de la Ciudad Autónoma desde 2001 hasta la actualidad.

Enlaces de referencia

Algunas de las informaciones mencionadas pueden consultarse en las notas oficiales y crónicas periodísticas siguientes (todas ellas citadas en la investigación):

• Senado – Día de Ceuta
• Agenda Moncloa 20/02/2024
• Agenda Moncloa 18/04/2024
• Agenda Moncloa 23/04/2024
• Agenda Moncloa 04/04/2024
• Agenda Moncloa 04/09/2024
• Nota Exteriores 23/04/2024
• Plan Integral de Ceuta
• Menores no acompañados en Ceuta
• Quita de deuda a Ceuta
• Competencias de inmigración
• “Marcha verde” sobre Ceuta
• Índice de poder digital en Ceuta
• Defensa de los musulmanes de Ceuta
• Terminal marítima de Ceuta
• Feijóo y la crisis de Ceuta
• Vivas ante la Eurocámara

Tras una solicitud formal de comparecencia presentada por la oposición, el ministro no queda automáticamente obligado a acudir: primero la petición debe ser admitida por los órganos de gobierno de la Cámara y, en su caso, programada en el orden del día del Pleno o de la comisión competente. En el Congreso y en el Senado el esquema general es parecido: la Mesa califica, la Junta de Portavoces (o un órgano equivalente) ordena los trabajos y la mayoría que sostiene al Gobierno puede acelerar, retrasar o bloquear la comparecencia. Solo cuando la petición ha sido admitida y fijada en una sesión concreta, la comparecencia se celebra efectivamente.

1. Registro y calificación de la solicitud

El primer paso, común a Congreso y Senado, es el registro oficial de la solicitud por parte de uno o varios grupos de la oposición o de un número mínimo de parlamentarios.

Una vez registrada, pasa a la Mesa de la Cámara (Congreso o Senado):

• Calificación: la Mesa comprueba que la petición cumple los requisitos formales del Reglamento (competencia de la Cámara, identificación del ministro, motivo o ámbito de la comparecencia, tipo de órgano ante el que se pide: Pleno o comisión, etc.).
• Decisión de admisión: puede admitirla, inadmitirla o pedir aclaraciones o subsanaciones. Mientras no se califique, la petición está “pendiente” y no avanza.

En esta fase pueden darse los primeros bloqueos si la mayoría que controla la Mesa considera que la solicitud es improcedente, reiterativa o invade materias que no corresponden a la Cámara.

2. Determinar el órgano ante el que comparece el ministro

La comparecencia puede pedirse ante:

• Pleno de la Cámara: suele reservarse para asuntos de alta relevancia política (crisis, escándalos, cambios estratégicos de política pública).
• Comisión competente: es lo más habitual. Cada ministro comparece en la comisión que controla su departamento para explicar políticas, presentar planes o informar de hechos concretos.

A veces la Mesa puede reconducir la petición: por ejemplo, si se pide una comparecencia en Pleno para un asunto considerado más técnico, puede sugerir o acordar que se tramite en comisión.

3. Fijación de la comparecencia en el orden del día

Una vez admitida, la solicitud pasa a la Junta de Portavoces (Congreso) o al órgano de coordinación equivalente (en el Senado) para decidir si se incluye en el orden del día de una sesión concreta y en qué fecha.

• Negociación política: los grupos fijan prioridades. El Gobierno y sus apoyos parlamentarios pueden aceptar la comparecencia y darle fecha próxima, posponerla o no incluirla.
• Orden del día del Pleno o comisión: la comparecencia solo se “activa” cuando aparece formalmente en la convocatoria de una sesión.

En esta fase se producen muchos de los retrasos. La mayoría puede limitar el número de sesiones o priorizar otros puntos, de modo que la petición quede admisible pero “en el cajón” durante semanas o meses.

4. Posibles bloqueos o alternativas de la oposición

Aunque el marco es similar, en cada Cámara y reglamento hay matices, pero en términos generales pueden darse estos escenarios:

• Bloqueo de fondo: la Mesa inadmite la petición por considerarla improcedente. En la práctica, la oposición puede presentar nuevas solicitudes mejor motivadas o intentar que el asunto llegue al Pleno por otras vías (mociones, interpelaciones, preguntas en sesión de control).
• Bloqueo por retraso: la comparecencia se admite, pero no se fija fecha. La oposición suele presionar públicamente, registrar nuevas peticiones o forzar debates sobre la agenda de la Cámara.
• Rebaja del formato: el Gobierno puede aceptar una comparecencia en comisión en lugar de un Pleno monográfico, lo que reduce la visibilidad política pero satisface formalmente la solicitud de información.

En periodos sin Pleno (entre periodos de sesiones o tras una disolución), las peticiones pueden encauzarse, en su caso, a través de la Diputación Permanente, que asume parte de las funciones de control.

5. Celebración efectiva de la comparecencia

La comparecencia tiene lugar cuando:

• La solicitud ha sido admitida por la Mesa.
• La Junta de Portavoces (u órgano equivalente) la ha incluido en el orden del día de una sesión determinada.
• El ministro o la ministra acude a la sesión convocada (Pleno o comisión).

Durante la comparecencia, se sigue un turno reglamentado de intervención: exposición del ministro, réplicas de los grupos (empezando por el que solicitó la comparecencia o por los de menor a mayor representación, según la Cámara), y cierre del ministro. La sesión puede acabar con una votación de resoluciones o con un mero debate político sin efectos jurídicos directos.

En síntesis, desde que la oposición registra la solicitud hasta que el ministro se sienta ante los parlamentarios, los pasos pendientes son: calificación por la Mesa, decisión sobre el órgano competente, inclusión en el orden del día y, finalmente, celebración de la sesión. En cada una de esas fases la mayoría que apoya al Gobierno dispone de márgenes para modular el ritmo y el formato del control parlamentario.