El Pleno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias ha dado su visto bueno este viernes, por unanimidad, al anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2027, que asciende a un total de 450.000 euros.
Sin embargo, el documento validado todavía no incluye el apartado relativo a los gastos de personal, cuya definición y cálculo corresponde a la Dirección General con competencias en función pública.
Tal y como han precisado desde el propio Consejo, esta partida tendrá que abarcar las retribuciones de la Presidencia y de los puestos recogidos en la relación de puestos de trabajo, los costes asociados a la antigüedad y a la carrera profesional, el resto de conceptos retributivos que procedan y las cuotas de Seguridad Social vinculadas.
El anteproyecto persigue garantizar el funcionamiento ordinario del organismo durante su primer año completo de actividad. De la cuantía global, 180.000 euros, equivalentes al 40 %, se reservan para gastos corrientes de funcionamiento y 245.000 euros, el 54,4 %, para inversiones ligadas al despliegue operativo del Consejo; los 25.000 euros restantes se destinan a operaciones de carácter financiero.
El Pleno ha otorgado además a la Presidencia la capacidad de negociar con la Consejería responsable de Hacienda los ajustes técnicos y económicos que puedan ser precisos durante la tramitación de las cuentas, con la obligación de informar posteriormente al Pleno en la siguiente sesión.
Reforma legal y refuerzo institucional
En la reunión del Pleno han tomado parte los integrantes designados por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, la Junta General del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo y la Sindicatura de Cuentas.
El órgano ha informado de forma favorable y por unanimidad la propuesta de modificación parcial de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, y ha acordado remitirla a los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias.
La iniciativa no supone una revisión integral de la norma vigente, sino una adaptación limitada a aquellos preceptos que precisan actualización para completar el encaje institucional y funcional del Consejo.
Entre las metas principales se incluyen la ordenación del sistema externo de información y la protección de las personas informantes, la atribución al Consejo de las funciones de autoridad autonómica independiente en este ámbito y una nueva distribución competencial entre sus órganos: la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción se encarga de instruir las actuaciones y los procedimientos sancionadores, mientras que la Presidencia adopta las decisiones con efectos frente a terceros, incluida la resolución de dichos procedimientos.
La propuesta refuerza igualmente la posición institucional del Consejo. Pasa de su actual adscripción a la Consejería competente en transparencia a una relación institucional canalizada a través de la Consejería que fije la estructura del Gobierno, sin que ello implique subordinación jerárquica, tutela ni control de oportunidad. El Consejo queda al margen de instrucciones de cualquier autoridad, órgano o entidad pública o privada.
Asimismo, el texto completa la regulación del Estatuto del Consejo, de su organización administrativa y de los recursos personales y materiales imprescindibles para su actividad, e incorpora las previsiones necesarias para la puesta en marcha transitoria del canal externo de información.