El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), José Manuel Aranda, ha indicado que “el número de personas que optan por contratar un seguro privado ha crecido un 81 por ciento” desde 2014, lo que supone en la actualidad “al 21 por ciento de la población”.
Asimismo, el representante de la organización y coordinador del “12º Informe sobre la Privatización en las Comunidades Autónomas (CCAA)”, difundido por la FADSP, ha precisado que “el gasto de bolsillo de las familias ha crecido un 52,8 por ciento, una media de 576 euros por familia”. “Esto, para muchas familias, es insostenible”, ha advertido, aludiendo al impacto económico que soportan los hogares.
En relación con estas cifras, Aranda ha apuntado que el proceso de privatización detectado en el sistema sanitario español ha desembocado en una “pérdida de accesibilidad y de equidad en el sistema”. Aun así, ha matizado que el ritmo de avance de este modelo no es homogéneo y varía de una comunidad autónoma a otra.
El informe, que otorga una calificación máxima posible de 34 puntos, sitúa a Madrid (34), Cataluña y Baleares (28) y Canarias (26) como las comunidades con una Sanidad más privatizada, de acuerdo con los parámetros analizados por la FADSP. En el extremo contrario, con menores niveles de privatización, se encuentran La Rioja (14), Murcia (15,5), Extremadura (17,5) y Castilla y León (18,5).
No obstante, Aranda ha remarcado que “hay muchas CCAA que están bajas en este índice, pero usan otros métodos” de privatización que no quedan recogidos en esta herramienta de medición. También ha puesto el foco en territorios que han acelerado de forma notable este proceso, al subrayar que hay comunidades que han privatizado “rápidamente”, como Extremadura, que ha incrementado su puntuación un 94,4 por ciento en 12 años, mientras que Castilla-La Mancha lo ha hecho en un 90 por ciento en el mismo periodo.
El representante de la FADSP ha recordado que la privatización puede materializarse de “muchas formas”, y ha detallado que, “en general, es una transferencia de dinero público a empresas”. Esta derivación de recursos puede concretarse mediante compra de servicios, conciertos, cesión de la gestión, a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y “por la compra directa de servicios sanitarios por la población de algo que debería ofertar el sistema sanitario”.
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