El Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto cumple este viernes su primer año de funcionamiento con una mayoría de solicitudes que no han terminado en indemnización. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha recibido 474 peticiones y ha rechazado o inadmitido 344, el 72% del total, mientras que 106 han terminado con una compensación reconocida y abonada. Las ayudas concedidas suman 6.344.794 euros, una cantidad que supone aproximadamente una cuarta parte de los 25 millones de euros previstos para el fondo.
El principal motivo señalado por las asociaciones de afectados es la exigencia de acreditar previamente una incapacidad permanente derivada de una enfermedad profesional relacionada con el amianto. Según los datos del primer año, 302 de las 474 solicitudes fueron inadmitidas por no cumplir este requisito.
La regulación establece que el INSS es el órgano encargado de instruir y resolver las solicitudes. Antes de pedir la compensación, los afectados deben obtener además un certificado de las patologías derivadas de la exposición al amianto expedido por la administración sanitaria correspondiente.
El Real Decreto 483/2025 establece un plazo máximo de seis meses para que el INSS dicte y notifique la resolución desde la entrada de la solicitud en su registro. Si transcurre ese periodo sin resolución expresa, la petición se entiende desestimada, aunque la Administración mantiene la obligación de dictar una resolución.
Cuatro enfermedades reconocidas por el reglamento
El reglamento fija las compensaciones en función de cuatro patologías: mesotelioma, cáncer de pulmón, cáncer de laringe y asbestosis. La cuantía se calcula tomando como referencia la pensión de incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional y aplicando distintos multiplicadores según la enfermedad.
La indemnización alcanza tres veces esa referencia en los casos de mesotelioma, dos veces en el cáncer de pulmón, una vez y media en el cáncer de laringe y el equivalente a la referencia para la asbestosis. El Gobierno cifró inicialmente las compensaciones en una horquilla de entre 32.000 y 96.000 euros.
La ley que creó el fondo contempla como objetivo la reparación de los daños y perjuicios sobre la salud derivados de una exposición al amianto tanto en el ámbito laboral como en el doméstico o ambiental. También permite que los causahabientes de las víctimas puedan acceder a la compensación en los supuestos previstos por la normativa.
Las víctimas reclaman ampliar el acceso
Las asociaciones de afectados consideran que el desarrollo reglamentario ha restringido el alcance de la ley. Entre sus reivindicaciones figura ampliar las patologías incluidas y eliminar determinadas condiciones de acceso que, a su juicio, dejan fuera a personas que sufrieron una exposición al amianto pero no cuentan con el reconocimiento previo de una incapacidad permanente por enfermedad profesional.
El Congreso ya ha debatido modificaciones del fondo. Una proposición no de ley aprobada en 2025 planteó, entre otras cuestiones, ampliar las patologías contempladas y revisar algunos de los requisitos establecidos para acceder a las compensaciones.
En 2026 también se han registrado iniciativas parlamentarias para modificar el tratamiento fiscal de estas indemnizaciones. Una enmienda presentada en el Congreso propone declararlas exentas del IRPF para evitar que el cobro de la compensación eleve la tributación de las personas beneficiarias en el ejercicio en que reciben el pago.
El primer año de funcionamiento deja así un fondo con 474 solicitudes tramitadas, 106 indemnizaciones abonadas y 344 expedientes sin compensación reconocida. La evolución de las reclamaciones y de las iniciativas parlamentarias determinará si el sistema mantiene estos criterios o acaba incorporando cambios en los requisitos de acceso.