El Plan Estratégico de Educación Inclusiva impulsado por el Ministerio de Educación no ha conseguido este viernes el respaldo de la Conferencia Sectorial. Las once comunidades gobernadas por el PP y Canarias han votado en contra, mientras que las cuatro autonomías presididas por el PSOE, País Vasco y el propio Ministerio lo han respaldado.
El rechazo abre una nueva disputa entre el Gobierno y buena parte de las comunidades sobre una estrategia que pretende transformar progresivamente la atención educativa del alumnado con necesidades específicas. El proyecto plantea que la escuela ordinaria se convierta en la referencia para escolarizar al alumnado con discapacidad y autismo y que los centros de educación especial evolucionen principalmente hacia funciones de apoyo, asesoramiento y referencia para el sistema ordinario.
El Ministerio sostiene que el plan no implica el cierre de estos centros y que deberá desarrollarse posteriormente mediante un plan de acción con medidas, financiación y plazos concretos. Las autonomías contrarias al documento, sin embargo, cuestionan precisamente que se les haya pedido respaldar el marco sin disponer todavía de esa memoria económica.
El PP reclama una memoria económica y el Ministerio habla de “estrategia partidista”
La financiación se ha situado en el centro del enfrentamiento. Las comunidades gobernadas por el PP argumentan que el documento no incluye una memoria económica que determine cuánto costará aplicar las medidas y cómo se financiarán.
El consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva Fernández, ha reclamado que el Gobierno asuma un compromiso financiero para evitar que las decisiones estatales terminen repercutiendo sobre los presupuestos autonómicos.
El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha rechazado este argumento y ha defendido que la memoria económica llegará en una fase posterior. A su juicio, el documento sometido este viernes a las comunidades constituye el “marco conceptual” sobre el que posteriormente deberán desarrollarse las normas y la financiación.
De la Rosa ha atribuido el resultado a razones políticas. “Sorprendentemente ha sido rechazado por las comunidades autónomas donde gobierna el PP”, ha afirmado antes de lamentar que, a juicio del Ministerio, una “posición ideológica” y una “estrategia partidista” hayan impedido sacar adelante el marco común.
El secretario de Estado también ha dejado claro que Educación pretende seguir adelante pese al resultado de la Sectorial: “El rechazo de las comunidades autónomas no nos va a impedir continuar con el trabajo”.
El futuro de 45.000 alumnos de educación especial
Uno de los puntos centrales del plan afecta a los 45.725 alumnos con discapacidad o autismo que, según los últimos datos oficiales recogidos en el documento, estudian actualmente en centros de educación especial o en aulas específicas dentro de centros ordinarios. Representan aproximadamente el 14% de este alumnado, mientras que el 86% restante ya está escolarizado en centros ordinarios.
La estrategia plantea avanzar progresivamente hacia una mayor escolarización en centros ordinarios, aunque introduce una salvedad para el alumnado que necesite “una atención altamente especializada”.
Los centros de educación especial pasarían progresivamente a actuar “principalmente como centros de referencia, asesoramiento y apoyo al sistema ordinario”, de forma que sus profesionales y recursos contribuyan a atender al alumnado con discapacidad en colegios e institutos ordinarios.
El propio plan reconoce que este cambio requiere recursos adicionales: más profesorado, reducción de ratios, estabilidad de las plantillas, formación específica y nuevos perfiles profesionales, además de mayor tiempo de coordinación entre los equipos. El Ministerio define oficialmente el plan como un marco para avanzar hacia un sistema inclusivo y mejorar, entre otros aspectos, la dotación de recursos, la formación docente y la accesibilidad.
Madrid y Castilla y León temen que se limite la elección de las familias
La controversia no se limita al coste económico. Algunas comunidades del PP consideran que el modelo puede terminar restringiendo la posibilidad de que las familias escojan entre la educación ordinaria y la especial.
Fuentes de la Comunidad de Madrid han defendido su “compromiso firme con la Educación Especial y la libertad de elección de las familias” y aseguran que entienden que el objetivo del plan es acabar con el actual modelo.
Castilla y León también considera que la propuesta puede “restringir la libertad de las familias”. La Junta sostiene que la educación inclusiva y la Educación Especial son compatibles y defiende que cada estudiante debe recibir los apoyos que mejor se adapten a sus necesidades, tanto en un centro ordinario como en uno específico.
El Ministerio sostiene una interpretación diferente. El documento señala que un sistema inclusivo no debe obligar a las familias a escoger entre recibir apoyos especializados y participar en un entorno educativo común, sino garantizar simultáneamente ambas posibilidades.
Psicólogos, fisioterapeutas o enfermería escolar
La transformación planteada no se limita al lugar en el que estudian los alumnos. El documento propone incorporar o reforzar en la escuela ordinaria nuevos perfiles profesionales para atender una mayor diversidad de necesidades.
Entre ellos aparecen profesionales de educación e integración social, mediación intercultural, auxiliares de educación especial, intérpretes de lengua de signos, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología educativa o enfermería escolar. Podrían trabajar directamente en los centros o mediante servicios externos coordinados con los docentes y los equipos de orientación.
También se plantean cambios en la organización de las aulas, con herramientas como la codocencia —dos profesores trabajando simultáneamente—, agrupamientos flexibles y el Diseño Universal para el Aprendizaje, además de revisar la evaluación psicopedagógica para identificar las barreras que encuentra cada alumno y determinar los apoyos necesarios.
La estrategia propone igualmente un reparto equilibrado del alumnado con necesidades entre la escuela pública y la concertada y la creación de un observatorio de educación inclusiva con indicadores comunes para todas las comunidades.
Sí hay acuerdo para repartir 31,3 millones para FP
La división sobre educación inclusiva no se ha trasladado a todos los asuntos abordados en la reunión. La Conferencia Sectorial sí ha dado luz verde al reparto de 31,3 millones de euros entre las comunidades autónomas para impulsar la Formación Profesional, con el respaldo de todas las autonomías.
El Ministerio también ha informado a las comunidades de los trabajos para modificar el real decreto destinado a reducir las ratios en Infantil, Primaria y Secundaria. Las comunidades del PP han cuestionado la propuesta, que califican de “chapuza” e “inviable”, y reclaman financiación estatal para aplicar las nuevas exigencias.
La reunión se ha producido además pocos días después de conocerse los últimos resultados de PISA, que también han formado parte del debate pese a no figurar inicialmente en el orden del día. Las comunidades han puesto el foco en el deterioro de los resultados, mientras que Educación sostiene que la caída afecta también a otros países y señala la comprensión lectora como uno de los ámbitos prioritarios de mejora.