El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha confirmado este lunes ante el juez, en calidad de investigado, que se destinó el 1% del rescate público de 53 millones concedido a la aerolínea durante la pandemia a la supuesta mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para lograr dicha ayuda, aunque no ha podido precisar qué tipo de gestiones concretas habría llevado a cabo.
Martínez Sola ha realizado estas manifestaciones en su comparecencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del denominado “caso Plus Ultra”, en el que se investiga a Zapatero como presunto cabecilla de una trama de tráfico de influencias vinculada a ese rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 y a otras operaciones relacionadas.
Según ha explicado el exdirectivo, acordaron abonar alrededor de 530.000 euros al considerado socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, al entender que la situación financiera de Plus Ultra era crítica y que ese pago se presentaba como un requisito imprescindible para que el exlíder socialista interviniera a favor de la compañía.
No obstante, ha precisado que no se llevó un control detallado de las gestiones que pudiera haber realizado el expresidente del Gobierno y que, en aquel momento, su principal preocupación era que el rescate saliera adelante y garantizar la supervivencia de la aerolínea.
La declaración se produce después de que tanto Martínez Sola como el exCEO de la compañía, Roberto Roselli, también investigado, remitieran el pasado mes de julio sendos escritos al juzgado, pocas horas antes de abandonar sus puestos en la empresa, en los que señalaban que habían abonado “elevadas cantidades de dinero” a Martínez Martínez por la supuesta intermediación de Zapatero.
Rescate millonario
En esta investigación, el juez mantiene a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su mediación en el rescate de 53 millones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó a Plus Ultra en 2021.
De acuerdo con el relato de los exdirectivos, ellos “tuvieron plena conciencia” de que Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante, y Zapatero “sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener”.
Las defensas de los antiguos responsables de la aerolínea calificaron esa “pretensión de cobrar” como una “mordida”, apoyándose en una conversación intervenida por la Policía Nacional entre Roselli y el empresario venezolano y exconsejero de la compañía, Rodolfo Reyes, incorporada a uno de los informes policiales, en la que el exCEO afirmó: “Así que por ahí vendrá la mordida”.
Un pago del 1% del rescate como "medida desesperada"
En sus escritos, Martínez Sola y Roselli admitieron que no “llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”, pero reconocieron que “como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero”.
Para ello, la aerolínea acordó pagar “elevadas cantidades de dinero”, equivalentes al 1% del importe del rescate, por “tales labores” que, “eufemísticamente”, denominaron “de acompañamiento”, según se recoge en la documentación remitida al juzgado.
Los exdirectivos detallaron que el pago del 1% del rescate, cifrado en 530.000 euros, se fraccionó entre los años 2020 y 2025. De esa suma, 249.000 euros se transfirieron a Análisis Relevante, mientras que 98.617 euros se dirigieron a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe, todas ellas sociedades vinculadas a Martínez Martínez.
También explicaron que, aunque el socio de Zapatero “tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos”, finalmente “aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie de 69.000 euros y consistente en los billetes de clase 'business' que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante 2021 y siguientes” ejercicios.
Según su versión, se emitieron alrededor de 40 facturas, con importes comprendidos entre 6.050 y 7.250 euros, bajo el concepto “Honorarios mensuales. Elaboración de informe”, a pesar de que “no existió tal informe o la materialidad de los seis o siete informes que se hicieron llegar eran irrelevantes para Plus Ultra y simplemente” una actividad “encubridora”.
Añadieron que la compañía pretendía llevar a cabo “una regularización completa y más exacta” del pago de 530.000 euros a las empresas de la supuesta trama, pero que dicha regularización “quedó frustrada por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la datación de cuentas definitiva”.
Reconocieron igualmente que “hubo otros pagos” al socio de Zapatero, cuyo importe total no concretaron, a cambio de “intensas labores” desarrolladas por el empresario en Venezuela, entre ellas la negociación del aplazamiento de una deuda con Petróleos de Venezuela.
El contacto con Zapatero y el origen de la operación
Las defensas situaron el inicio de las gestiones en abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus y con el tráfico aéreo prácticamente paralizado, lo que agravó la situación financiera de la aerolínea.
De acuerdo con el relato de Martínez Sola y Roselli, fue entonces cuando Reyes se puso en contacto con el primero para preguntarle “a qué contactos podrían arribar con personas en puestos de influencia” con el objetivo de “favorecer el acceso a cualquier tipo de ayuda”.
Siguiendo esa versión, Reyes le remitió a Manuel Fajardo, quien le trasladó que Zapatero “podría ayudarle y que éste y Julio Martínez Martínez se pondrían en contacto con él”.
“En efecto, al día siguiente, 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser José Luis Rodríguez Zapatero”, indicaron en los escritos.
Precisaron que la conversación “duró aproximadamente diez minutos y, en la misma, Martínez Sola hizo una breve exposición a Zapatero sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO”.
Defensa de la actividad de Plus Ultra
Ante esa petición, el expresidente socialista “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas” y que, desde ese momento, el interlocutor de la aerolínea sería “con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez”, según el relato ofrecido al juez.
En cualquier caso, subrayaron que “en dicha conversación con Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.
Las defensas insistieron en que “Plus Ultra ha cometido errores, no se discute”, pero remarcaron que ello “no significa” que la aerolínea sea “una sociedad pantalla o no dedicada a actividad empresarial plenamente lícita”.
“Su evolución económica, el volumen de empleo sostenido, pagos recurrentes de nóminas y aportaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública evidencian una organización empresarial activa, con capacidad de prestación continuada de servicios y con positivo impacto económico verificable en la sociedad española”, defendieron ante el juez.
En esa línea, atribuyeron a “una situación desesperada de obtención de liquidez fruto de una pésima coyuntura económica” el hecho de que Plus Ultra terminara “involucrada en una presunta red de blanqueo de capitales y en una operativa de tráfico de influencias”.