La expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Isabel Pardo de Vera, ha asegurado que no tuvo conocimiento del supuesto pago de “comisiones o contraprestaciones” por parte de empresas a cambio de amañar contratos de obra pública, y sostiene que resulta “inverosímil” que dispusiera de capacidad real para favorecer a determinadas compañías.
Así lo expone en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ofrece una versión alternativa a las conclusiones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sirvieron de base para su imputación en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntos amaños de contratos de obra pública a cambio de comisiones ilegales, una de las piezas del ‘caso Koldo’.
En el documento remitido al magistrado instructor Ismael Moreno, Pardo de Vera niega que dispusiera de “capacidad autónoma, directa y eficaz para favorecer a determinadas empresas en contratos de obra ferroviaria, al margen o encima de la cadena ordinaria de informes, controles” o “autorizaciones” que “integran tales expedientes”.
“La condición de presidenta de Adif permite intervenir institucionalmente en determinados actos de aprobación, elevación, firma orgánica o autorización procedimental. Pero esa intervención institucional no equivale a capacidad material para predeterminar adjudicatario o puntuar oferta”, sostiene en su argumentación.
Defensa de su papel y petición de nuevas diligencias
Además, razona que “el cargo no puede sustituir al acto, la conversación no puede sustituir al documento, la manifestación de Koldo no puede sustituir al expediente, y la proximidad temporal no puede sustituir al nexo entre una actuación personal y un resultado administrativo”.
En el mismo escrito, la exresponsable de Adif solicita al juez que curse un oficio al gestor ferroviario para que remita al juzgado el informe de certificación final de los trabajos ejecutados por Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), una de las mercantiles investigadas, firmado por el subdirector de Análisis de Actuaciones y Control Interno.
La defensa subraya que, partiendo de un presupuesto inicial de 489.300 euros, Adif acabó reconociendo a la empresa 373.405,45 euros por los “trabajos efectivamente ejecutados”.
En una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia, el juez Moreno acusa recibo del escrito presentado por la representación de Pardo de Vera y solicita a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la conveniencia de practicar la diligencia interesada.
Referencias a Koldo García y ausencia de indicios patrimoniales
La expresidenta de Adif sostiene que las menciones a su figura realizadas por el exasesor ministerial Koldo García, condenado por el ‘caso mascarillas’ e igualmente imputado en este procedimiento, “no alteran esa conclusión”.
“Más allá de preguntas, insinuaciones o expresiones de Koldo García, las respuestas de Isabel Pardo de Vera son evasivas, no revelan compromiso de resultado, orden de adjudicación, ni aceptación de una finalidad ilícita. Al contrario, diversos pasajes tienen valor de descargo o son incompatibles con la tesis de una colaboración eficaz”, añade.
En esa línea, concluye que su imputación “no puede descansar en inferencias construidas a partir de conversaciones de Koldo García no contrastadas, sino únicamente en indicios racionalmente fundados en datos objetivados y contrastados en la causa”.
Precisamente en este punto, remarca que la UCO sustenta buena parte de su relato en supuestas contraprestaciones económicas asociadas a determinadas adjudicaciones de obra pública. Sin embargo, defiende que los agentes sitúan esas presuntas contraprestaciones “en terceros o entornos empresariales ajenos” a ella.
“No se identifica flujo patrimonial hacia ella, sociedad interpuesta, cuenta, bien, pago, promesa o ventaja económica asociada a su persona. Ni siquiera se refleja el menor indicio de que conociera la existencia de esas pretendidas contraprestaciones”, manifiesta en su escrito.
Conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán
Asimismo, razona que “para sostener una imputación por prevaricación, tráfico de influencias, fraude en contratación o pertenencia a organización criminal sería imprescindible identificar el acto concreto de influencia, la instrucción impartida, el órgano destinatario, el documento alterado, el dato técnico falso, el conocimiento de su injusticia y el nexo causal con el resultado”, algo que, a su juicio, en este caso “no se hace”.
Por otra parte, la exdirigente de Adif se refiere a una conversación entre Koldo y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado, recogida por la UCO en un atestado. En ese intercambio, el exasesor escribió: “A Jose le dijo, ¿a qué quieres que ayudemos? (...) hizo todo lo contrario, bloqueó. O sea, no les dio nada”.
Pardo de Vera destaca que la Guardia Civil apuntó que “el motivo de este desencuentro habría radicado en que ésta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado, sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas”.
“Koldo no describe a Pardo de Vera como colaboradora eficaz ni como alguien que accediera a sus pretensiones, sino como una persona frente a la que expresa frustración precisamente porque no habría facilitado aquello que se le pretendía atribuir”, concluye la defensa.