Tres familias han presentado una denuncia en los juzgados contra el colegio San Jaime de Majadahonda, su antiguo director y una profesora por supuestamente someter de manera continuada a varios estudiantes a humillaciones, vejaciones y castigos “desproporcionados”.
Uno de los alumnos implicados, de 14 años, se arrojó en febrero desde un puente de la M-50 y murió el 29 de marzo. Las familias piden que se esclarezca si existe vínculo entre el trato que, según mantienen, recibió en el centro y el posterior episodio de suicidio.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el letrado Ignacio Gordillo, en nombre de las familias, reclama la apertura de diligencias previas por un presunto delito contra la integridad moral contra el colegio San Jaime S.L., su exdirector y una docente.
La actual dirección del colegio San Jaime, que cuenta con un nuevo responsable al frente, ha rehusado ofrecer su versión a Europa Press sobre la denuncia, pese a los intentos de la agencia por recabar su postura.
Los denunciantes afirman que los hechos que afectaron a este menor “no fueron hechos aislados, sino que formarían parte de una dinámica prolongada de trato vejatorio hacia distintos estudiantes”.
Según el escrito, el alumno fallecido habría soportado durante el curso 2025/2026 “llamadas de atención, recriminaciones y humillaciones delante de sus compañeros”, expulsiones reiteradas del aula, sanciones consideradas “desproporcionados” e imputaciones de acoso a otros alumnos que, a juicio de las familias, no tenían base.
Acusaciones de acoso y malestar del menor
El documento detalla que el menor era señalado con frecuencia como responsable de los incidentes ocurridos en clase y se le atribuían episodios de 'bullying' a estudiantes de cursos inferiores. Los padres sostienen que la propia tutora les reconoció después que no veía al adolescente como un acosador de otros compañeros.
“Esta realidad no descansa únicamente en la percepción de los progenitores. Existen testigos directos -compañeros de clase y miembros del propio centro- y, sobre todo, consta que el propio menor había trasladado en vida a una profesional independiente, su psicóloga, el profundo malestar que le generaba el trato recibido en el colegio”, señala la denuncia.
El texto se detiene especialmente en lo ocurrido el 12 de febrero, víspera de que el joven se precipitara desde el puente de la M-50. De acuerdo con el relato de los progenitores, ese día varios compañeros le lanzaron un balón y, tras el incidente, el adolescente fue reprendido y obligado a redactar un escrito explicando lo sucedido.
La denuncia expone que el alumno se lanzó desde el puente en la madrugada del 13 de febrero. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció ingresado 44 días, hasta su fallecimiento el 29 de marzo.
Los padres adjuntan también un informe de su psicóloga, fechado el 10 de julio y elaborado a partir de las sesiones previas a los hechos de febrero, en el que se recogía un malestar vinculado al ámbito escolar y un “efecto muy limitante en su desarrollo psicoemocional”.
“Desde el primer momento, los compañeros de clase del alumno manifestaron abiertamente su malestar con el colegio, al que consideraban responsable de lo sucedido. Los alumnos reprocharon a la profesora denunciada su responsabilidad; esta les contestó que escribieran todo lo que pensaban de ella para trasladarlo al director, y los alumnos redactaron cuatro folios de quejas, cuyo destino se desconoce”, añade el escrito.
Las familias piden que la investigación judicial aclare si hay relación entre el trato denunciado y la muerte del menor, sin que el propio texto de la denuncia establezca por sí solo una causalidad directa.
Otros dos antiguos alumnos y patrón de conducta
El documento incorpora además los casos de otros dos exalumnos del centro, cuyas familias aseguran que padecieron un trato semejante. En uno de ellos, se describen numerosos partes disciplinarios, expulsiones y un expediente sancionador que fue anulado por la Administración educativa el 1 de abril de 2025 al detectar irregularidades, entre ellas la vulneración de garantías del procedimiento.
En el segundo caso, la familia denuncia comentarios despectivos y medidas disciplinarias que considera injustificadas. La Dirección de Área Territorial Madrid-Oeste dejó sin efecto el 1 de junio de 2026 un expediente abierto por la dirección del colegio al apreciar defectos formales que habrían provocado indefensión al estudiante.
En relación con este alumno, la denuncia indica que la familia ya había trasladado sus quejas tanto a la dirección del centro como a la Inspección Educativa. Asimismo, se acompaña un informe de atención psiquiátrica que, según el escrito, refleja un malestar persistente del menor asociado a su permanencia en el colegio y una mejoría durante los fines de semana y los periodos vacacionales.
Las tres familias interpretan que estos episodios muestran una pauta de actuación hacia determinados alumnos y sostienen que la dirección conocía las quejas sin adoptar medidas suficientes para impedir que se repitieran.
Diligencias solicitadas y documentación requerida
En su escrito, los denunciantes reclaman que se cite como investigados al representante legal de la sociedad titular del colegio, al anterior director y a la profesora señalada, y que se tome declaración a los padres, docentes, coordinadores y otros posibles testigos.
También piden que el centro entregue los expedientes académicos y disciplinarios de los alumnos, los partes de incidencias, las comunicaciones internas, las actas del Consejo Escolar y toda la documentación relativa a los episodios de enero y febrero de 2026.
Entre las diligencias solicitadas se incluye igualmente la declaración de los profesionales que atendieron a los menores y la incorporación de los informes psicológicos y médicos elaborados.
Los progenitores solicitan, además, que se recaben las actuaciones judiciales abiertas tras la muerte del adolescente, actualmente en archivo provisional, para que puedan ser analizadas a la luz de los hechos que ahora se denuncian.